Cómo detener el poder narco
Mucho se habla del problema de la comercialización y consumo de droga en todos los niveles sociales. De hecho, existe consenso en los tres poderes del Estado respecto de los peligros que su avance constante y desmedido encierra para con la salud pública y la estabilidad democrática del país. Sin embargo, en proporción, poco se escucha sobre cómo enfrentar este mayúsculo problema. ¿Por qué hablar más de la enfermedad que de los remedios? Los científicos dicen que "se necesitan cinco cumplidos para borrar las huellas de una acusación". Aplicada al mundo mediático, esta premisa podría traducirse así: "La morbosidad popular en materia de drogas y trata impactan cinco veces más en la audiencia que los discursos positivos". Pues bien, trataré de desafiar la regla. Trazaré cinco ideas fuerza tendientes a ahuyentar el poder narco.
En primer término, habría que transparentar y despolitizar la selección de funcionarios a cargo de puestos clave. ¿Cómo? Los nombramientos deberían estar sentados en principios meritocráticos, técnicos y plurales, con miras a "descolonizar" al poder narco de las fuerzas de seguridad y prevención. Las mafias nunca hubieran podido avanzar tanto entre nosotros sin la evidente interconexión entre narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
Lo anterior exige que la justicia penal tome el "toro por las astas" y se dedique a lograr mayores y mejores condenas contra la criminalidad organizada. Más condenas hace a la cantidad: en los últimos 20 años se dictaron sólo cuatro sentencias por narcolavado, y en casos menores de menudeo. Y mejores sentencias hace a la calidad de los procedimientos: las investigaciones "caen" de un día para el otro por nulidades insalvables. Esto ocurrió, por ejemplo, en los asuntos contra el cartel de Juarez y el de Medellín, que llevan más de 22 años de burocrático trámite judicial.
Lo expuesto nos lleva a un tercer problema: los organismos de contralor, encargados de arrimar a los jueces las pruebas necesarias para poner tras las rejas a los narcos, no hacen foco en la importancia del problema. Miran para otro lado, o peor aún, ponen la lupa en temas menos urgentes. Un ejemplo ilustrativo es la actuación de la unidad anti-lavado, que, según sus informes de gestión, ha realizado más denuncias de lavado por evasión tributaria (44%) que por narcolavado (6%), corrupción (5%) o trata de personas (5%). Tema aparte resulta la calidad de las denuncias que formalizan estos mismos organismos de contralor. Según evaluaciones de la Auditoría General de la Nación, la AFIP tiene un deficiente rendimiento en materia de prevención y denuncia antilavado. Realiza un escaso o nulo control, por ejemplo, de las declaraciones juradas de funcionarios públicos o simples contribuyentes que declaran sus riquezas, de la noche a la mañana, en forma injustificada.
En cuarto lugar, hay que modificar el Código Procesal Penal (no sólo el penal, del que se suele discutir mucho más). Según estudios de la Procuración General, sólo un minúsculo porcentaje de denuncias (el 3,5%) arriba a condena firme . Esto significa, entonces, que la mayoría de las causas penales concluyen en archivo, prescripción o absolución. El meollo del problema es la identificación de los jefes máximos, que se escudan en el mundo financiero, político o virtual de las redes sociales, el homebanking e Internet. Por eso, para embargar sus riquezas "mal habidas" y detenerlos deben crearse gabinetes de especialistas en prueba digital y contable, con capacidad para intervenir mensajes de texto, mails y teléfonos, y revisar pruebas fiscales y bancarias. Inconsistencias tributarias, ganancias injustificadas y utilización irregular de sociedades off-shore, paraísos fiscales, testaferros y demás yerbas son moneda corriente en los delitos de guante blanco.
Y, finalmente, hay que establecer un renovado y despolitizado plan de protección de testigos y arrepentidos, incorporando, a su vez, un sistema federal sincronizado de denuncias anónimas. El crimen organizado suele amenazar a sus víctimas para asegurar impunidad.
Hay tanto por hacer y rehacer con urgencia, que las propuestas extremas y antagónicas de "derribamiento de aeronaves" o "legalización de la droga" deberían quedar a un lado de la agenda pública. Por lo menos por un tiempo; hasta que las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo en lo básico y primario: cómo hacer para darles vida, transparencia y eficacia a los organismos fiscales, judiciales, de seguridad y de contralor que ya existen.
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