Un acuerdo de estabilización, prioridad del nuevo gobierno

Diseñar un marco consistente para encontrar la salida del laberinto en que nos encontramos debe ser la tarea prioritaria del primer año del nuevo gobierno. ¿Qué elementos debe contener ese marco? Primero, la definición de un sendero creíble para los precios relativos, en particular el tipo de cambio y las tarifas.

Segundo, la desactivación paulatina de los mecanismos de indexación, de precios y salarios y del gasto público, sobre la base de reglas de ajuste basadas en la inflación futura esperada. No se trata de provocar un shock antiinflacionario ni de establecer un congelamiento de precios sine die, sino de proponer un sendero de desaceleración gradual, basado en un esquema de política fiscal, monetaria y de ingresos consistente y creíble, que combine reglas con flexibilidad para acomodar precios relativos, y evitar el atraso cambiario, renovando el acuerdo hasta que los objetivos planteados hayan sido alcanzados. Adicionalmente, el acuerdo deberá contemplar un piso mínimo de ingresos para quienes no están incluidos en las negociaciones paritarias.

Tercero, deberán encontrarse mecanismos para distribuir de modo realmente más equitativo los costos de la estabilización, protegiendo más y mejor a los sectores de la población que hasta ahora resultaron los más castigados por la crisis. Nada de esto será posible sin un mínimo espacio fiscal que implica enfrentar correctamente el problema de la deuda pública. El problema no es de solvencia, sino de liquidez, especialmente a muy corto plazo -primer semestre de 2020 en particular- dado que el país no tiene acceso al crédito voluntario en los mercados financieros. Si es así, en principio sería posible evitar el default unilateral y llevar adelante una renegociación consensuada que contemple alguna combinación de extensión de plazos y reducción razonable de los intereses y el principal.

Para que no se produzca un default disruptivo y sea posible un acuerdo voluntario, será necesario presentar un plan consistente y, sobre esa base, el apoyo del Fondo y/o la disposición a negociar de los acreedores privados. Ese plan debe presentar un sendero de ajuste creíble, el compromiso del gobierno de llevarlo adelante y el de la oposición de no sabotearlo.

Que el ajuste sea creíble no debe confundirse con que deba hacerse por la vía del shock. Por el contrario, fijar metas exageradas pero incumplibles es mucho peor que comprometerse a alcanzar gradualmente objetivos más moderadas pero cumplibles. Si un sobreajuste fiscal profundiza la recesión y posterga sine die la retomada gradual del crecimiento, las metas de superávit primario no se alcanzarán. Si las metas antiinflacionarias son exageradas, no resultarán creíbles, agudizarán la conflictividad social, tenderán a distorsionar los precios relativos y agudizarán las tendencias recesivas.

Un plan de esta naturaleza requiere acuerdos e implica distribuir equitativamente los sacrificios. Es preciso lograr un acuerdo de estabilización con la oposición política y los actores económicos y sociales relevantes que permita implementar esas políticas. La aprobación del presupuesto y sus premisas macroeconómicas con el apoyo mayoritario de los partidos de oposición en el Congreso así como una política monetaria consistente con el objetivo de desinflación deben ser una pata crucial del acuerdo. Pero en segundo lugar debe acordarse una política de ingresos entre quienes deciden precios (empresarios, pero también el Estado, que decide nada menos que tarifas y tipo de cambio) y negocian salarios (empresarios, sector público y sindicatos) para facilitar la coordinación de esas decisiones y hacer factible la desaceleración inflacionaria. La desactivación paulatina de los mecanismos de indexación a la inflación pasada debe dar lugar a reglas de ajuste basadas en la inflación esperada. Para viabilizar el acuerdo el gobierno debe ofrecer proyecciones creíbles y comprometerse a revisarlas en caso de desvíos.

Aunque complejo, dada nuestra historia reciente, un acuerdo de estabilización es viable si los actores relevantes perciben que una estrategia cooperativa involucra menores costos que una confrontativa y si se genera suficiente confianza en que el gobierno puede proveer los instrumentos necesarios para el acuerdo y garantizar su cumplimiento. Esto es así por varias razones. El resultado electoral ha creado una situación política favorable: el Frente de Todos en el poder puede "disciplinar la calle" y el equilibrio de fuerzas en el Congreso sugiere que para el oficialismo y la oposición el acuerdo es la mejor alternativa,

La interna en el peronismo no debería desbordarse, al menos no en el período inicial del nuevo gobierno. En particular, dada la gravedad de la crisis, al "cristinismo" no le conviene confrontar abiertamente con el presidente: si al gobierno le va bien, podrá atribuirse buena parte del éxito, y si le va mal, podrá achacar la responsabilidad al "albertismo" y ofrecerse como alternativa. Los principales jugadores externos (gobiernos y acreedores privados) temen que, si el gobierno de Alberto Fernández no logra superar el embrollo económico, la Argentina se sume a la crisis que abarca a buena parte de América Latina. Los partidos políticos, buena parte de los empresarios con intereses en el país y otros actores domésticos de peso comparten ese temor.

Las probabilidades de que sin acuerdo nos encaminemos a un régimen de alta inflación son altas y sus costos esperados, superiores a los del acuerdo. Dado que el tipo de cambio y las tarifas no evidencian desajustes mayúsculos, alcanzar un acuerdo de precios y salarios es relativamente menos complejo. Una política cambiaria de ajustes graduales que se enfoque en evitar el atraso cambiario y una política tarifaria que gradúe los aumentos pendientes es todo lo que hace falta para que el acuerdo no sea torpedeado por la aceleración de la inflación.

Los márgenes de rentabilidad incorporados a los precios, que se ajustaron preventivamente por la incertidumbre, hoy son muy elevados. Si el acuerdo impulsado por el gobierno tiene suficiente credibilidad, esos márgenes pueden bajar, especialmente en los sectores más concentrados, absorbiendo un aumento inicial de salarios que compense en alguna medida su reciente descenso (la implementación puede ser diferencial privilegiando los tramos salariales más bajos); en contrapartida, los empresarios pueden beneficiarse de la continuidad del acuerdo con la moderación salarial subsiguiente, el mantenimiento del tipo de cambio real y el gradualismo tarifario.

Naturalmente, está claro que, además de la política de ingresos, el acuerdo debe contemplar la actualización de las transferencias para los diferentes grupos sociales destinatarios de transferencias (AUH, jubilaciones, etc.) y de beneficios para desocupados y trabajadores informales (seguro de desempleo, planes de empleo, capacitación, etc.).

Finalmente, si el acuerdo de estabilización funciona, el dispositivo puede extenderse a la búsqueda de consensos sobre una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenible que contemple las reformas en la estructura productiva, la inserción internacional y las instituciones económicas (mercados laborales y financieros, régimen previsional, estructura tributaria, gasto social y organización del Estado, entre otras) que condicionan el desarrollo a largo plazo.

UBA, Unsam y Conicet

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