Los datos técnicos nunca modifican las decisiones políticas cargadas de fanatismo ideológico. Priorizar en salud pública implica un proceso de análisis de información que incluye: magnitud del problema, vulnerabilidad, trascendencia social, costo/beneficio de las acciones y aceptación social, entre otros. En este sentido quisiera señalar aquellos problemas que considero que debieron haberse abordado e informado a la población el primer día de gestión ministerial.
Durante los últimos 20 años la tasa de mortalidad infantil (TMI) de la Argentina fue significativamente mayor que la de Chile y Uruguay; en 2017 la TMI de la Argentina fue un 30% mayor que la de nuestros vecinos. Si tuviéramos un sistema de salud con igual desempeño que el de estos dos países, el número de muertes infantiles que se evitarían sería de 2000 por año. ¿Alguien habla de este tema? ¿Cuál es el plan? El propio ministerio registra que el 55% de las muertes infantiles son reducibles (¿evitables?).
Con relación a la mortalidad materna, más del 80% de las defunciones no están relacionadas con aborto criminal, el 60% de las mujeres que se asisten en los hospitales públicos no realizaron ningún control obstétrico cumplido el cuarto mes de embarazo. Son 174 mujeres embarazadas que mueren por año por hipertensión, hemorragias, enfermedades respiratorias, infecciones, etc. ¿Quién se ocupa de estas muertes evitables? Un 30% de las maternidades no cumplen las condiciones obstétricas y neonatales mínimas con inadecuada atención del parto, falta de anestesistas o sangre segura. Los sanitaristas lo saben y callan, y las feministas no disponen de esta información. El nuevo protocolo no resuelve estos temas, más bien los oculta.
Respecto de las enfermedades transmisibles, el Ministerio de Salud registró 10.000 casos nuevos de tuberculosis durante el último año, se triplicaron los casos de sífilis y de sífilis congénita, que es otro fracaso de la salud pública.
En lo estructural, son necesarias reformas profundas. El sistema de salud continúa fragmentado y segmentado. Podemos clasificar a la población en quintiles según su nivel de ingreso, agruparlas según el nivel educativo alcanzado, y también según la cobertura médica que tengan: pública, de la seguridad social con obras sociales "ricas" y otras de modestos recursos, e incluso dentro del sector privado los planes también segmentan. Nuestro sistema de salud tiene un fin perverso: garantizar inequidades... Los sanitaristas lo saben, pero, salvo algunas excepciones, nadie modificó la esencia del problema. Ningún país en el mundo tiene 300 obras sociales, con el PAMI siempre desfinanciado, que concentra a los que más enfermedades tienen y disponen de menos recursos, y un sistema público nacional, provincial y municipal que afecta la eficiencia. Los recursos que recibe el sistema de salud deberían producir mejores indicadores en esta área. Las leyes de emergencia sanitaria promulgadas en los últimos años solo contribuyeron a fertilizar esta fiesta, que sufren muchos y de la que se benefician pocos. Todos coinciden con este diagnóstico, pero ninguno emprende la verdadera reforma.
En este contexto es lógico esperar actores que se beneficien y vidas que se pierdan.
Rector de la Universidad Católica Argentina