Promover políticas de integración
En 1860, después de finalizar la primera presidencia constitucional de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza asumió la gobernación de Entre Ríos. Ese mismo año promulgó la ley de vagos. Su primer artículo definía a los vagos como "las personas de uno y otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio u otro medio lícito con que vivir". El objetivo de la ley era sumarlos, aunque fuera a la fuerza, al quehacer productivo de la provincia y a un trabajo digno. Urquiza tenía muy claro que los "vagos" tenían un costo social, que en primer lugar cargaba su propia familia y comunidad, pero que indefectiblemente también afectaba al Estado. En efecto, alguien terminaba costeando siempre su mantenimiento.
Urquiza entendía que los vagos eran un obstáculo para el progreso y el bienestar de la sociedad en su conjunto. En la mentalidad de los legisladores de Entre Ríos de mediados del siglo XIX era inconcebible aceptar a los holgazanes: todos debían trabajar y ganarse su propio sustento. En definitiva, desde una matriz de pensamiento judeocristiana, seguían la admonición de San Pablo a los tesalonicenses: "El que no quiera trabajar, que tampoco coma". Para los entrerrianos era inaceptable que algunos adultos tuvieran que mantener a otros adultos. Y si bien se trataba de una ley coactiva, en definitiva constituía una normativa que terminaba sumando a las personas al sistema productivo.
Este modo de pensar era habitual un siglo y medio atrás. Desde una mirada superficial, hoy pareciera ser totalmente anacrónico. Sin embargo puede darnos elementos de gran valor para poner en marcha nuevas estrategias de integración social. La posibilidad de integrar a "los vagos" a un sistema productivo preindustrial era significativamente más sencilla que lo que resulta hoy integrar al sistema productivo a gente que no tiene oficio, en el contexto actual, donde prima la economía del conocimiento como eje principal de generación de valor. Sin embargo aún perviven y se entretejen en el sistema productivo vigente modalidades artesanales, industriales y de servicios de baja complejidad que se articulan con las nuevas formas de producir riqueza, propias de la cuarta Revolución Industrial.
Sin duda, el sistema actual es mucho más complejo que el de la época de Urquiza, a quien debemos la Organización Nacional. Incluso algunos pensadores actuales hablan de la conformación de una masa de la población global a la que consideran "inempleable". Muy probablemente sea cierto si solo tenemos en cuenta las condiciones y competencias actuales de ese conjunto creciente de la población. Si no se toman medidas, la exclusión y los riesgos de violencia que esta conlleva se expandirán. Esa masa de la población queda a merced del clientelismo político. Son los populismos actuales, de derecha y de izquierda, los que juegan con este sector de la ciudadanía al que mantienen cautivo. Se les da el "pescado", pero nunca la "caña de pescar". Ese es el círculo que necesitamos fracturar, incorporando realmente al sistema productivo a quienes en el siglo XXI no tienen ocupación ni oficio. ¿De qué manera es posible esta transformación?
El primer paso es garantizar la integración social de estos segmentos crecientes de la población. Esa integración solo es posible mediante una alianza y trabajo conjunto del Estado con la sociedad civil. Es imprescindible crear instituciones intermedias sólidas y fuertes que provean en primer lugar contención y en segundo lugar desarrollo de capacidades en estos sectores de la población. Es necesario ayudarlos a descubrir sus talentos (que son muchos y muy valiosos), para que puedan desarrollarlos y así logren integrarse al ámbito productivo.
Como señala habitualmente el padre Pepe Di Paola, en los barrios hay que fortalecer las 3 C: el colegio, el club y la capilla. Se trata de espacios que aseguran contención y promueven el desarrollo de capacidades, aquellas que son necesarias para lograr una verdadera integración social, obtener un trabajo digno y eliminar la marginalidad. La responsabilidad de esta tarea no recae únicamente en el Estado, sino en toda la sociedad. Sin embargo, el Estado debe ser el motor de políticas públicas que faciliten y promuevan la acción de la sociedad civil, que suele dar respuestas más eficaces, eficientes, transparentes y participativas que aquellas que provienen exclusivamente del universo gubernamental.
Miembro de la Academia Nacional de Educación
Por Héctor Masoero
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