Por la democracia y la convivencia
LA NACION
Hace ahora algo más de cuarenta años, en España salíamos de una larga dictadura arcaizante y oscurantista y tuvimos la oportunidad de construir un marco de convivencia que fuese aceptable para todos, cosa que, por cierto, casi nunca habíamos tenido. Esa vez no dejamos pasar la oportunidad. Los españoles de mediados y finales de los años 70 hicimos lo que no teníamos costumbre de hacer y que muchos creían, o creíamos, que no estaba a nuestro alcance. Decidimos, concretamente, dar importancia a las afinidades que nos unían, que no eran pocas, y restársela a las diferencias, que a fin de cuentas no eran tantas, para diseñar un marco de convivencia que fuese habitable para todos.
El resultado de esa insólita decisión fue una Constitución, la de 1978, que es la clave de bóveda de un Estado social y democrático de derecho con uno de los niveles de descentralización política y administrativa más altos del mundo. Un Estado al que debemos cuarenta años de progreso que han sido sin ninguna duda nuestros mejores años, los más libres, los más prósperos y los más felices desde hace mucho tiempo. Pero hace ya unos años que en una parte de España una minoría viene trabajando en sentido contrario, para acentuar las diferencias y borrar las afinidades, para separar y no para acercar, y para crear en definitiva un reducto que excluya a quienes no son de la misma estirpe, tienen diferentes creencias o ideas y hablan una lengua distinta.
Sin duda esto es un error, porque la Historia va precisamente en dirección contraria. Pero todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. A lo que no hay derecho es a engañar a nadie con un relato que poco o nada tiene que ver con la realidad y que es más bien un amasijo de fantasías, embustes y apelaciones a un pasado mágico que en realidad nunca existió. Y, por supuesto, nadie tiene derecho a violentar la Constitución, las leyes ni las instituciones. Menos aún quienes ostentan una autoridad que deriva precisamente (y exclusivamente) de aquellas.
Por suerte no han podido alcanzar sus objetivos. No han conseguido separar a quienes mayoritariamente quieren seguir unidos ni han logrado tampoco destruir las leyes e instituciones que se oponen a sus propósitos. En cambio, han tropezado con la fortaleza de un Estado de Derecho que no está dispuesto a dejarse destruir y que ha reaccionado con la fuerza legítima de sus leyes y de sus instituciones.
No conviene engañarse. Lo que está hoy en juego en España no es solo su unidad territorial, que también, sino la pervivencia de un sistema institucional y jurídico, la democracia representativa, que garantice la libertad de todos y que impida a una minoría, a cualquier minoría, imponer sus aspiraciones a la mayoría. No importa que se trate de aspiraciones más o menos legítimas. En el marco de la ley se puede defender, por ejemplo, la independencia de cualquier parte del territorio nacional. Lo que no se puede es intentar materializarla violando la Constitución y las leyes, en cuyo caso los poderes del Estado tienen la obligación de impedirlo con los instrumentos que la ley establece.
Este es el marco que explica la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de hacerse pública y que se refiere a los sucesos que ocurrieron en Cataluña hace ahora dos años. Entonces, el gobierno y el Parlamento de Cataluña derogaron ilegal y unilateralmente la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña (que son, como se ha dicho, la única fuente de su autoridad y representatividad). A continuación, adoptaron una declaración unilateral, anticonstitucional e ilegal, de independencia. Y finalmente instigaron un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las decisiones judiciales, allanando así el camino a la secesión.
Como es obvio, el Tribunal no ha juzgado ideas ni creencias. En Cataluña hay miles y miles de independentistas que son enteramente libres de expresar y defender sus ideas. Los ahora sentenciados no lo han sido por sus ideas u opiniones, sino por haber incurrido en tipos penales (la sedición, la malversación de caudales públicos y la desobediencia) recogidos en el Código Penal vigente. No son presos políticos, sino políticos presos que han cometido delitos y que han sido juzgados por ello. Han sido condenados tras un juicio público, y por jueces profesionales e independientes amparados por el principio de la separación de poderes. Y pueden aún recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional español, e incluso ante una instancia internacional ajena a la soberanía española, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nadie puede decir honradamente que no han sido juzgados con todas las garantías.
Es tiempo, pues, de dejar que la Justicia acabe de hacer su trabajo. Pero es tiempo también de ayudar a restablecer la convivencia en el seno de la sociedad catalana, que ha sido gravemente fracturada por el independentismo. Y es tiempo, por cierto, de recordar que las instituciones españolas están y siempre han estado abiertas al diálogo; eso sí, al diálogo en el marco de la Constitución y las leyes, con el debido respeto a la diversidad territorial, pero también a la igualdad de todos los ciudadanos. Es verdad que, fuera de la Constitución y al margen de la ley, no hay democracia ni hay libertad; tampoco hay nada de qué hablar, entre otras cosas porque quienes se sitúan ahí buscan imponer y no acordar. Pero no es menos cierto que, dentro de la Constitución y de las leyes, todo es posible, como todos, los catalanes y el resto de los españoles, llevamos cuarenta años demostrando.
Embajador de España en la Argentina
Javier Sandomingo
LA NACION
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