Los intendentes, razón de una nueva grieta entre Fernández y Cristina

La defectuosa ejecución de un acto administrativo puso en duda que el vínculo emocional de Alberto Fernández y buena parte de la opinión pública sea condición suficiente para construir un nuevo liderazgo. Ese es el resultado más inmediato del daño que se autoinfligió el Gobierno el viernes 3 con las largas colas en los bancos. La excesiva centralización de las decisiones sustentada en la alta aceptación del Presidente en la sociedad que reflejan los sondeos puso en riesgo el éxito de la medida más valorada de su gestión: la cuarentena. Es muy difícil que después de ese episodio pueda avanzar en extenderla con las restricciones actuales hasta fin de mes. Algo en lo que estaba interesado junto a los intendentes peronistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero que es rechazado con distintos grados de adhesión por empresarios y gobernadores.

Al menos los de Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca analizaban la reactivación parcial de sus aparatos productivos antes de que Fernández anunciara el compromiso de formalizar mesas de trabajo en el mismo sentido, luego de haberse reunido con la CGT y la UIA. Una distancia significativa con la promesa que efectuó en campaña a los gobernadores peronistas: la federalización de su administración. Un aparente cambio de orientación que perjudica a algunos de los más cercanos a él. Omar Perotti logró que la Legislatura votase la posibilidad de endeudar a Santa Fe por 39.000 millones de pesos. El problema es que el mercado le ofrecería financiarse en dólares y a una tasa anual del 40%.

Omar Gutiérrez vería disminuidos en forma dramática los ingresos por regalías que iban a superar los $50.000 millones este año. La pérdida podría equivaler a los que Neuquén obtuvo en 2019: unos 30.000 millones. Por el congelamiento de la actividad minera, un fenómeno similar afecta a Sergio Uñac en San Juan y a Raúl Jalil en Catamarca. Y también al radical Rodolfo Suárez en Mendoza. El gobernador se rectificó a las pocas horas de la liberación de algunas actividades que dispuso a fines de marzo para evitar roces con Fernández. Mendoza pasó de 150 a 35 millones de pesos diarios de recaudación antes de la cuarentena. El mes pasado recibió 44 millones por coparticipación.

Podría sumar 12 millones adicionales si el Gobierno cumpliera con girar a las provincias otros 3000 millones antes del 10 de abril. Los 11.000 millones distribuidos entre ellas no cubren los 70.000 millones que reclaman. Mendoza resume la paradoja de las que hasta hace poco no dependían de ese recurso. Sus ingresos le permitían cierta autonomía del poder central. Esa metamorfosis también afecta a Córdoba. Juan Schiaretti proyecta un déficit de casi $1000 millones para la caja de jubilaciones. Al menos el 60% debería ser cubierto por la Anses. La ciudad de Buenos Aires no escapa de esta tendencia. Rodríguez Larreta le adelantó al Presidente la delicada situación financiera de la ciudad de Buenos Aires en la reunión que tuvieron a solas el 31 de marzo.

El gobierno porteño tendría dificultades para pagar los salarios de mayo. El gasto presupuestario está destinado solo a cubrir el sistema de salud y los servicios esenciales. Desde el inicio de la emergencia, Rodríguez Larreta y Fernández no volvieron a hablar de la reducción de la coparticipación a la ciudad, un tema que no perdió vigencia en la agenda política de Cristina. Presiona para que el Presidente privilegie a Kicillof, aunque asesores del Presidente admiten que los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) serán girados desde ahora al gobierno bonaerense y no en forma directa a los intendentes, como ocurría hasta antes de la cuarentena. Fernández mantiene con ellos una empatía notable. Los jefes comunales fueron el primer auxilio para socorrer a Fernández de la crisis con los bancos.

Dispusieron un operativo de atención a los jubilados que incluyó sillas y bebidas calientes en la espera. En la videoconferencia del martes 31, el Presidente les garantizó que ninguno tendría dificultades para el pago de salarios en abril. Con la influencia del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ese vínculo marca una asimetría relevante con los gobernadores. Incluido el de Buenos Aires.

Kicillof sospecha que los municipios esconden más ahorros que los declarados en el denominado fondo anticíclico al que atribuyen el valor de dos meses de haberes. También, de la aparente fluida relación entre ellos y legisladores de Juntos por el Cambio. Tal vez por eso decidió confiarles a los jefes de esos bloques en la Legislatura el impacto negativo de la cuarentena en la provincia. Unos $90.000 millones. Y un detalle más: supondrá una pérdida de $15.000 millones en la coparticipación que perciben los jefes comunales. En la videoconferencia, algunos pidieron suspender por 180 días los pagos de préstamos por leasing contraídos con el Banco Provincia. Kicillof no dio respuesta. Lo preocupa un foco potencial de conflicto con los del oficialismo. Sobrevuela una amenaza latente de canjear los bonos por un monto global de 5000 millones que les hizo comprar en diciembre para aliviar el pago de la deuda.

Hay un dato objetivo que alienta la operación. El Bapro paga por ellos una tasa anual del 34%, 10 puntos menos que el Banco Nación. Fue uno de los temas que trató Cristina en la ronda telefónica del 27 de marzo que inició con los intendentes más allegados: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada) y Fernando Espinoza (La Matanza). Pero el poder de policía que Fernández delegará por decreto a los intendentes para controlar precios insinúa algo más que la crítica a Kicillof por su aparente inacción en ese asunto. Esboza una alianza para resistir lo que también temen empresarios y sindicalistas. Que un eventual debilitamiento de Fernández fortalezca a Cristina. Es lógico que ese movimiento intente gestarse desde el conurbano, donde la vicepresidenta ejerce un fuerte liderazgo electoral sin la intermediación de los jefes comunales.

"Alberto tiene una relación emotiva con la gente. Cristina tiene emoción, pero también votos", resumió uno de ellos. En una situación inversa, es posible que el Presidente no tuviese que resignarse a confirmar al gabinete después del peor fin de semana de su gobierno. Esos funcionarios forman parte de su limitado capital político.

La incorporación de Martín Granovsky al Ministerio de Relaciones Exteriores apuntaría a reforzarlo. Con rango de secretario de Estado, tendrá a su cargo el programa de "Evaluación de políticas públicas", creado recientemente por la resolución 2020/66 de Felipe Solá. La misión específica de la nueva área será "evaluar las políticas de la Cancillería, sus proyectos y programas". Es decir, a Solá. El canciller y el Presidente discrepan por la asistencia a los argentinos varados por el mundo con la cuarentena. El periodista fue presidente de Télam con Fernández como jefe de Gabinete. Mucho antes de que Fernández pasara a desempeñarse como jefe de campaña de otros candidatos. Solá fue el último de ellos. Antes de que Cristina eligiese a Fernández de compañero de fórmula, el canciller parecía el preferido de la vicepresidenta para postularse al cargo.

Como Kicillof, Cristina no era partidaria de parar la economía por la pandemia. Salir de ese ciclo sin repetir experiencias como las de este fin de semana es el desafío para el que Fernández se prepara con los intendentes.