Las dos grandes deudas de la Argentina

La Argentina tiene dos grandes deudas que comprometen su funcionamiento como "un país normal". Aspirar a la normalidad nos suena a "gloria". Una deuda, la primogénita, que es estructural y se gestó entre bambalinas durante el kirchnerismo -fundamentalmente, en los dos mandatos de Cristina Kirchner, cuando cundió el descontrol administrativo- y se generó a partir de los casi cuatro millones de jubilados que se incluyeron en el sistema previsional sin los aportes pertinentes, los más de 1,5 millones de funcionarios incorporados al sector público en la Nación, las provincias y los municipios (¿para qué?) y los millones de planes asistenciales que se distribuyeron, con fuerte concentración en el conurbano bonaerense, para consolidar un sistema de sustento electoral a favor del cristinismo en ese distrito vital para el control político.

Probablemente esa estrategia se haya adoptado a partir de la experiencia santacruceña de afianzar localmente el poder con los recursos que proveía un agente ajeno al sistema: la caja fiscal central del país. Ese esquema se pudo replicar una vez en control del Estado nacional sobre la base de un ingreso excepcional de recursos como fueron aquellos precios extraordinarios para los productos argentinos de exportación. Cuando los precios volvieron a su cauce normal, al país le quedó la deuda de aquel despilfarro de empleos públicos y jubilaciones que hoy no tiene cómo solventar. Y todo ese derroche en las arcas públicas no hizo más que aumentar la pobreza y no cambió el drama que debe enfrentar diariamente la gente humilde para sobrevivir.

Esta deuda presupuestaria -que es origen y causa de la segunda, la financiera- se gestó sigilosamente, sin que la sociedad tomara conciencia de que estaba asumiendo una obligación que la superaba, ya que esa pléyade de nuevos incorporados al erario se diluyó en los compromisos presupuestarios del país. La "factura" de aquel derroche se financió primero con la soja y el petróleo a 600 y 120 dólares, respectivamente (cuando el país contaba con ingentes saldos exportables de ese hidrocarburo, del cual luego se volvió absurdamente deficitario) y luego con las reservas del Banco Central y otros activos que el país logró acumular durante ese ciclo de prosperidad exportadora, el más favorable de su historia moderna.

El final de esa primera etapa de financiamiento de la carga presupuestaria coincidió con el agotamiento de las reservas del Banco Central y los otros activos del país y, paradójicamente, con el fin de 12 años del kirchnerismo en el poder. La segunda etapa se inició y finalizó con los cuatro años del macrismo: nace a partir del acuerdo con los holdouts y el acceso al crédito externo para financiar la deuda original -lo que generaría la segunda gran deuda, la financiera- y culminaría con los últimos aportes del FMI y el cierre de la asistencia crediticia a la Argentina para sostener gastos corrientes del sector público (jubilaciones, salarios y subsidios).

Con la llegada de Fernández al gobierno, comienza la tercera etapa, pero ya no solo para enfrentar la deuda original, sino para dar la cara ante las dos grandes deudas acumuladas por el país: la original, presupuestaria, y la contraída con los tenedores de bonos y demás instrumentos de crédito, para financiar la primera. La aspiración del Gobierno es conseguir una impasse durante su gestión para el pago de la deuda externa con el argumento de que para pagarla el país precisa crecer, lo cual suena lógico. La deuda financiera fue otra aberración, pero ¿qué opción tenía un gobierno que llegó políticamente raquítico a la Casa Rosada? ¿No pagar? ¿Dejar a millones en la calle?

Si Fernández consigue la impasse -ojalá, es posible-, la otra deuda, la de los millones de argentinos que se incorporaron al erario sin la contrapartida de los recursos fiscales, ¿quién la va a financiar? Sin la soja a 600 dólares ni reservas del Banco Central ni institución financiera en el mundo dispuesta a prestarnos, solo queda que deberemos asumirla entre todos. ¿Quiénes somos "todos"? En primer lugar, la otra mitad que no es parte del Estado. Si bien los sectores productivos ya habían comenzado a incrementar su "aporte solidario" en el final del macrismo, el nuevo shock impositivo aplicado por Fernández al apenas asumir es la señal de largada para esta tercera etapa. Para ello, es clave que este grado de presión fiscal no haga decrecer el nivel de la producción nacional.

El balance de cómo reaccionarán los factores productivos es una incógnita, ya que no depende de voluntarismos, sino de realidades fácticas: ¿hay o no hay rentabilidad? Invocando la solidaridad se le puede pedir a un empresario que pague la tasa impositiva más alta del mundo, pero no se le puede exigir que un bien cuya producción le cuesta 10 lo venda a 9. Y menos usando el argumento de que en otros países lo producen a 8. ¡Qué gracia!: tributan la tercera o cuarta parte de las tasas argentinas.

Ante esas instancias, no cabe otra alternativa que defenderse con barreras arancelarias de aquellos países con sistemas tributarios "desleales" respecto del régimen fiscal argentino (suele llamarse dumping a esa competencia desleal, e históricamente refirió a países con salarios de miseria). Más allá de que lo políticamente correcto sea apuntar a los empresarios, lo que realmente se está protegiendo es algo vital para el país, como es el sistema recaudatorio del Estado. Es allí, en las empresas nacionales, donde el Estado puede hincar los dientes a sus anchas, ya que están expuestas en todos los frentes: Nación, provincias, municipios, aportes patronales, cheques, etc.

También Fernández precisa que el sector de los asalariados acepte aumentos marcados por la "moderación" y renuncie a la "cláusula gatillo" de ajustes automáticos por inflación. Los jubilados no tendrán otra opción que resignarse a los aumentos que les den, ya que son el sector con menor capacidad de presión de la sociedad. Para que "alcance" y no estalle una nueva explosión hiperinflacionaria que castigue aun con mayor dureza a todos -y comprometa el mandato de Fernández-, es menester que jubilados y asalariados sacrifiquen parte de sus expectativas de ingreso para sostener a esos millones de argentinos que entraron al ámbito público "por la ventana".

A pesar de que el Estado comenzó a hacer su ajuste durante el gobierno de Macri, daría la impresión de que es allí donde hay "más tela para cortar", pero a quien tiene la tijera lo que más le cuesta es podarse a sí mismo. Fernández está haciendo equilibrios en varios frentes. De los cuatro principales desafíos que planteó (postergar la deuda externa, que el aumento impositivo no afecte el volumen de la producción, que los asalariados toleren desindexar sus sueldos y que la clase pasiva acepte con resignación su recorte), los que atañen al sector empresarial y al previsional aparecen como los frentes donde habría menor conflictividad. Ante este panorama, ¿de dónde surgirá el crecimiento que hará que la deuda externa sea sostenible algún día?

Empresario y licenciado en Ciencia Política

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