La burguesía que Cristina y Moyano imaginan para huir de la crisis

La venta de Oca y de Garbarino a firmas sospechadas de vínculos societarios con Hugo Moyano trae reminiscencias de la fantasía de la izquierda peronista en los 70. Una alianza de empresarios y trabajadores para crear una nueva burguesía desde el Estado, con un rol idéntico al original en esta imaginería reciente: que el acrecentamiento de su déficit sea parte del capital inicial de esos negocios. Pero esa coalición idílica de los Montoneros será sustituida por otra más terrenal entre un sector del sindicalismo y el mercado asegurador. El intercambio se confirmará en los próximos días, si se concretan esas operaciones. Aseguradoras y sindicatos tendrían un atractivo excepcional en esta crisis. La liquidez de sus cajas por descuentos de cuotas sindicales y pagos de pólizas que se interconectan por el negocio de las ART.

Un flujo de capital tentador para captar empresas en quiebra. Una especulación que lleva a otra. Suprimir la consigna de combatir las desigualdades del capitalismo y aplicar otra más simpática a intereses políticos. Particularmente uno: las elecciones de 2023 y la candidatura a presidente que ya se disputan Máximo y Kicillof. La experiencia con la fórmula de rentabilidad compuesta por evasión tributaria y previsional que escaparía a los organismos de control les facilitaría el acceso a esas compañías. No sería extraño. La Oficina Anticorrupción desistió de querellar contra Cristina y su hijo en las causas Los Sauces y Hotesur.

Su titular, Félix Crous, lo hizo para concentrar esfuerzos en "casos más complejos". Podría estar ocurriéndole a Marcó del Pont en la AFIP. Se desconoce cómo intervendrá en la transferencia de la mayor empresa privada de correos, de la que es principal acreedor. Alberto Fernández se habría enterado por los medios de la decisión de Crous. Hay quienes opinan que lo sabía desde la reunión con la vicepresidenta en Olivos. Resolver a quién creerle es difícil. Ser responsable exclusivo de los errores de gestión es la desventaja de gobernar en soledad. El extraordinario atributo derivado de la pandemia.

Resulta sugestivo que Pablo Tejada invoque "la situación socioeconómica y sanitaria" para que el comité de acreedores que administra Oca resuelva en cinco días hábiles la propuesta del grupo Campici para adquirirla. Más curioso es que el juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora no aduzca causas para el carácter "confidencial" dispuesto sobre la oferta. Hoy vence el plazo fijado el 12 por Tejada. La AFIP y el sindicato de camioneros deberían aprobar esa oferta para que el juez pueda refrendarla. De los 8200 millones de su pasivo, Oca le debe el 80% a la AFIP. Y a Camioneros el resto, en concepto de aportes previsionales.

En febrero, Tejada apartó de la dirección de Oca a Patricio Farcuh y lo reemplazó por un comité de acreedores. El abogado Rodrigo Condori representa allí a Camioneros. Farcuh fue sindicado como el testaferro de Moyano en ella. Es probable que el sindicato no objete el traspaso. Moyano y los Campici ya se conocen. Negociaron el auspicio de Escudo Seguros en la camiseta de Independiente por seis meses a cambio de 40 millones de pesos. El contrato se cayó antes. Escudo le pagó al club conducido por el camionero con cheques sin fondos. Hasta el día 16, el informe diario del Banco Central contabilizó 773 rechazados a los Campici por más de 50 millones de pesos.

En 2015, Gonzalo y Mauricio Campici crearon la financiera Sefinar con Jorge Pereyra y su hijo Sebastián. Sefinar adquirió Escudo en 2016. Los Pereyra integran el grupo Midas, propietario de bingos en Ciudadela, Merlo, Hurlingham y Caseros. En 2018 fueron desplazados de Escudo y Sefinar por Ficsa SA con una aparente maniobra fraudulenta que denunciaron a la Justicia. Pasaron del 50 al 1% de Sefinar sin que Ficsa pudiese justificar el capital para esa operación. Ficsa es propiedad exclusiva de los Campici. Antes del conflicto, Sefinar aportó 172 millones de pesos para salvar de la quiebra a Escudo, que mantiene una deuda de 90 millones por aportes patronales no realizados y otra de 200 millones con la AFIP. Estos datos son parte de la denuncia por dumping que Liderar presentó en 2019 contra Escudo en el Juzgado Federal N° 5. Igual que las 10 notas cursadas este año a la Superintendencia de Seguros. El organismo encargado de velar por la salud financiera de las aseguradoras. En ellas se alude a las sospechas de la falsificación de balances. El último con un saldo positivo de 195 millones de pesos.

Aceptar la venta podría convertirse en un verdadero acto de fe para Marcó del Pont. Debe convencerse de que quien le debe a la AFIP pagará una deuda veinte veces superior. Es lo que vuelve trascendente su decisión. Podría consultarla con Augusto Ricardo Nissen. El titular de la Inspección General de Justicia patrocina a los Pereyra en la causa contra los Campici, cuyo abogado es Sebastián Durañona.

Ana Durañona es la gerente de Coordinación de la Superintendencia de Seguros. Los dos son hermanos de Francisco Durañona, más conocido como Paco. El exintendente de San Antonio de Areco y senador provincial propuso integrar "con militantes" la Corte Suprema. Aunque se expresó en contra de ampliarla, Fernández no lo descartó por completo. Sebastián habría introducido en el negocio de las aseguradoras a los Campici, proveedores de servicios de remises en bingos. ¿También en el de las comunicaciones? Con sarcasmo, se le imputa esa responsabilidad a Marcos Galperín. El dueño de Mercado Libre habría desistido de hacerse cargo de Oca en la reunión que mantuvo con Fernández el día después de las PASO. Una decisión que precipitó otra. Radicarse fuera del país. Puras conjeturas. Lo mismo que la urgencia por vender Oca y Garbarino después de que Galperín ampliase la oferta de comercio electrónico a productos de góndola con Súper Mercado Libre. Quienes avalan esa hipótesis recomiendan prestar atención a Gonzalo Campici.

"Las oportunidades asociadas al exponencial crecimiento del comercio digital nos permiten proyectar claras oportunidades de recuperación, estabilización y posterior crecimiento de Oca", dijo el 12. El primer trimestre de 2020 Mercado Libre facturó más de 600 millones de dólares en América Latina. Un crecimiento del 70% con relación a 2019. El compromiso de mantener sus 7000 empleados es lo que volvería inviable a Oca para inversores privados. El 90% están afiliados a Camioneros. El mismo estigma de Garbarino. Con 200 sucursales en el Gran Buenos Aires, los 4500 que ocupa pertenecen al sindicato de comercio. Aunque mantuvo una preferencia hasta marzo, el grupo Inverlat desistió de ofertar por esa cadena.

Siguen en competencia Covelia y el grupo Prof. Sobre Ricardo Depresbiteris pesa el mismo prejuicio que persigue a Farcuh. Covelia presta servicios de recolección de residuos y logística. A Carlos "Charly" Rosales se lo vincula con Armando "el Gitano" Cavalieri. Rosales adquirió la aseguradora Prof hace una década por un concurso de quiebra.

Hasta enero de 2020, Prof estuvo inhibida por la Superintendencia de Seguros. Desde el cargo de protesorero, Rosales es el responsable de la economía en el club San Lorenzo de Almagro. La deuda de Garbarino con sus proveedores es de 100 millones de dólares. En el mercado no existen dudas. Ganará la oferta de Covelia. Permitiría que los presuntos herederos de sindicalistas y guerrilleros den por superadas viejas diferencias. Serviría también para relativizar la acusación con la que insistieron algunos organismos de derechos humanos: la supuesta participación de Moyano en la desaparición de militantes de la Juventud Universitaria Peronista en Mar del Plata antes del golpe de Estado. Esa reconciliación tendría otra singularidad notable. Los actores habrían caído en la cuenta de que tienen en común lo que pudo haberlos separado. Sobre todo la necesidad de promover el nacimiento de un Estado desde el interior de otro.

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