La Argentina requiere de un presidente fuerte, pero no despótico

La Argentina ha ingresado en una terra incognita política. La vicepresidenta no solo ungió como candidato al Presidente –episodio único en la historia nacional y probablemente en la mundial–, sino que maniobró para instalar una suerte de réplica del equipo de su gobierno del período 2011-2015 en la administración de la provincia que habita casi el 40% de la población del país. La contracara, positiva, de este fenómeno, nadie la podía imaginar a fines de agosto, coyuntura en la que el triunfo del Frente de Todos por más de 15 puntos contribuyó a provocar el descenso de la economía un par de peldaños más, en lo que parecía un irrefrenable despeñarse hacia el precipicio.

A pesar de que el peso en caída libre forzó una nueva versión del cepo, nadie le presta un dólar a la Argentina y los niveles de pobreza siguieron trepando hasta cifras terribles, el país transitó los interminables cuatro meses que mediaron entre las PASO y la transferencia de poder sin violencia política y materializando otro fenómeno inédito: un presidente no peronista elegido democráticamente llegando hasta el final de su mandato y cediendo el bastón y la banda a un peronista, protagonizando un proceso de alternancia digno de Suiza o Uruguay. Gracias a la manera como funcionó su política, la Argentina atravesó serenamente una coyuntura de extrema gravedad social y económica, mientras que numerosos países de América Latina, incluso un par que parecían ejemplos de dinamismo y paz social como Bolivia y Chile, fueron sacudidos por estallidos en los cuales el caos y la guerra civil emergieron como amenazas verosímiles. En esos países ello sucedió, en gran parte, porque la política fracasó como mecanismo de negociación y, peor, porque le echó más combustible al fuego a través de acciones y declaraciones de funcionarios y políticos.

El desafío argentino es que la política siga operando a favor una vez que se disipe el encanto generado en torno a Fernández y el Gobierno comience a develar la hoja de ruta que seguirá en los próximos meses. Los dos días iniciales del nuevo gobierno mostraron diáfanamente algunos de los factores claves. Por un lado, el Presidente invocando en su discurso a Raúl Alfonsín y citando a Sarmiento como uno de los hitos centrales en la construcción de la educación pública en la Argentina y, por el otro, una vicepresidenta escudriñando sin pudor alguno el texto que estaba leyendo su compañero de fórmula, por encima de su hombro.

Uno de los anuncios más importante del discurso inaugural fue la creación, a través del Parlamento, del Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que ojalá no sea solo el ámbito de discusión de las políticas de largo plazo, sino que contribuya a reforzar la arquitectura política que permita superar la complicada situación de esta coyuntura. El objetivo es disponer de un efectivo ámbito para la discusión de acuerdos entre actores públicos y privados; componente imprescindible para reconstruir el poder de un gobierno que enfrenta desafíos monumentales después de los desatinos y las oportunidades perdidas de los últimos 12 años. En primer lugar, porque promueve la involucración de actores, en particular de empresarios, sindicalistas y líderes sociales, que se han destacado por su eficacia para defender intereses y prerrogativas, sin haber puesto parecido empeño en sugerir cuáles podrían y deberían ser sus contribuciones y sacrificios para salir del laberinto en que está la Argentina. En segundo lugar, porque puede confirmar el reposicionamiento en el centro del escenario político de la figura presidencial, que, desde las PASO, había enfrentado un serio riesgo de licuación de poder aún antes de asumir.

La Argentina requiere de un presidente fuerte, lo cual no significa un presidente despótico y pleno de opacidades, sino un primer mandatario que, articulando su poder en el marco de las normas democráticas y republicanas, sea capaz de diseñar y ejecutar un plan viable que estabilice la economía y retome un sendero de crecimiento. La fortaleza presidencial no dependerá solo de las herramientas de que disponen ministerios, agencias y el Banco Central en política económica, sino también de su capacidad para inducir a los actores a acordar sobre variables fundamentales como precios, salarios y tarifas, y generarles confianza en el curso que el Gobierno pretende imprimir a la economía.

Una condición imprescindible para que funcione el acuerdo es fijar reglas que tengan un árbitro con poder para asignar premios a quienes las cumplan y castigos a los que las transgredan. Este árbitro no puede ser sino el Presidente, secundado por su equipo económico. Cuando haya empresarios que remarquen precios o retaceen las inversiones, sindicalistas que dejen a los chicos sin clases o dispongan paros sorpresivos y dirigentes sociales que manipulen clientelas cautivas, el árbitro deberá contar con los recursos políticos que le permitan ponerlos en su lugar, adjudicando premios a los que cumplen y castigos a los díscolos.

Un requisito ineludible para que el acuerdo económico y social no se reduzca a una sumatoria de enunciados retóricos sin efectos prácticos es contar de partida con una hoja de ruta que contemple la posibilidad de desvíos y tome en cuenta que habrá que implementar ajustes gradualmente. Referirse a gradualismo no significa recomendar la postergación de decisiones imprescindibles, sino el reconocimiento de que cualquier esquema inicial de medidas económicas requerirá correcciones y ajustes, no porque el plan sea necesariamente inadecuado, sino por dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera es que se debe prever la posibilidad de que las medidas sean resistidas, o saboteadas, por los actores relevantes en tanto se consideren perjudicados. En función de ello, un ejecutor eficaz debe contar en su dotación no solo con recursos materiales para los premios, sino también con una sólida discursividad intelectual y simbólica, ya que es probable que algunos de los actores disfracen la defensa de sus intereses y prerrogativas con el ropaje de principios supuestamente traicionados, en nombre de posturas nacionalistas, estatistas y populistas, o acusando al Gobierno de la vulneración de los derechos de propiedad y de la libertad de mercado.

La segunda cuestión tiene que ver con una circunstancia sugerida por Guillermo Rozenwurcel en una reciente nota en este medio; el Gobierno perseguirá, al menos, cuatro objetivos que no son plenamente compatibles, sobre todo en el corto plazo: evitar un nuevo atraso en los precios relativos claves, impedir que se ingrese a un régimen de alta inflación, revertir el sobreajuste negativo de los niveles de actividad y empleo y esquivar una resolución caótica del endeudamiento público. Un avance en uno de los frentes puede afectar negativamente a otro; por ende, este fenómeno puede también requerir de ajustes y contramarchas que tendrán que ser implementados procurando no perder legitimidad, ni el apoyo, real o simulado, de los diferentes actores.

Otra manera de referirse a la complejidad del panorama actual era aludida hace poco tiempo por Raúl Baglini cuando señalaba que el Gobierno, y principalmente el Presidente, deberá jugar varias simultáneas de ajedrez. Se podría agregar que en cada uno de los tableros, algunos de los jugadores pueden llegar a apelar a reglas peculiares en una suerte de ambiguo borderline democrático: chantajes, movilizaciones disruptivas, exits (por ejemplo, desinvertir), amenazas con escaso costo para quien las profiere (sobre todo en el caso de actores externos no preocupados con la gobernabilidad de la Argentina). Todo ello sin dejar de lado por un minuto que una de las piezas del tablero de ajedrez es la reina.

Profesor de Ciencia Política (Unsam); investigador principal del Conicet

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