En el Día Mundial del Agua, Naciones Unidas pide acceso a este recurso para todas las personas del planeta
PARA LA NACIONJorge Augusto Cuello
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1992 al 22 de marzo como el Día Mundial del Agua con el objetivo de llamar la atención y promover la toma de conciencia acerca de la importancia que tiene el agua dulce para la existencia de la vida en el planeta y la defensa de la gestión sostenible de los recursos hídricos en diferentes partes del mundo.
Las Naciones Unidas encomiendan año tras año a los Estados nacionales y a sus comunidades dar difusión sobre un aspecto particular relacionado con el agua a través de documentos, materiales audiovisuales, conferencias y seminarios e información publicada en los medios y las redes sociales.
Este año, este organismo internacional resolvió definir como lema: "No dejar a nadie atrás", en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que establece, entre sus metas, la de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el acceso a los servicios básicos de saneamiento para todas las personas en nuestro planeta.
Esta definición del eje temático de 2019, va en línea, además, con lo resuelto por la ONU en 2010, cuando declaró que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos". Eso, en virtud de la importancia que tiene el agua para garantizar otros derechos esenciales de la persona, como lo son el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación digna y al desarrollo sostenible.
Las metas de la Agenda 2030 resultan ambiciosas si consideramos las cifras proporcionadas por la ONU, que dan cuenta de la crisis hídrica global en la que estamos inmersos en pleno Siglo XXI, con más de 2 mil millones de personas viviendo sin agua potable en sus hogares, más de 700 niños menores de cinco años que mueren todos los días de diarrea a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente y la muerte diaria de más de 800 mujeres debido a complicaciones en el embarazo o en el parto producto de la ingesta de este líquido vital en mal estado.
A estas escalofriantes cifras, que en efecto representan personas de carne y hueso, debemos agregar que actualmente unas 68,5 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares por falta de acceso al abastecimiento de agua potable, estimándose que para el año 2030 unas 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de este recurso.
Sin dudas, esta crisis global y humanitaria debería poner en estado de alerta a los organismos internacionales, a los estados nacionales, a la sociedad civil, al sector privado y a la dirigencia política y social de todas partes del mundo para realizar los esfuerzos necesarios que permitan cumplir las metas fijadas y, de esta forma, no caer en el voluntarismo con declaraciones y compromisos que luego resultan imposibles de concretar.
En este sentido, deberían impulsarse desde los organismos internacionales programas de cooperación entre los estados para que los países más desarrollados destinen recursos técnicos y financieros para cubrir las necesidades de aquellos con menores ingresos. Resulta fundamental promover una cultura de la paz a nivel mundial para que las cuantiosas sumas de dinero que hoy se destinan a las inútiles guerras contribuyan a satisfacer este derecho humano primordial.
Al mismo tiempo, se debería poner a disposición de los países subdesarrollados las tecnologías actualmente existentes para garantizar acceso al agua potable, tales como las plantas desalinizadoras que convierten el agua de los mares y los océanos en agua dulce, o bien a través de los sistemas de extracción y depuración de aguas contaminadas que funcionan, en muchos casos, con energía solar y que facilitan el consumo de agua segura en aquellas zonas urbanas o rurales que carecen de servicios de abastecimiento.
Además, los estados nacionales junto a su dirigencia política y social deberían definir como prioritarias aquellas políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo acuerdos y consensos que involucren además al sector privado y que permitan lograr a través del financiamiento necesario en el mediano y largo plazo el cumplimiento de estos objetivos.
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