Educación de calidad y sin exclusión social
Mientras el nivel de conocimientos de los chicos dependa del dinero que tengan sus padres, nos alejaremos cada vez más de ser un país justo y desarrollado
Este es el siglo del conocimiento y de la racionalidad científica y tecnológica: el mundo está cambiando al acelerado ritmo de los nuevos conocimientos. Ya quedó atrás una época en la que la producción de bienes y la acumulación de capital estaban basadas en los recursos naturales, y hemos ingresado en otra era, en la que el conocimiento es el pilar del nuevo capital de las naciones. El valor económico del denominado capital "humano" es hoy cuatro veces superior al del capital físico, según las evidencias presentadas por el Banco Mundial.
Es preocupante constatar que estamos perdiendo el tren educativo del siglo XXI no solo cuando vemos lo que está ocurriendo en las naciones desarrolladas, sino también en el resto de América Latina. Esto exige prestar atención a nuestro sistema escolar, que hoy enfrenta dos problemas: bajo nivel de conocimientos de los alumnos y grandes diferencias entre escuelas privadas y escuelas estatales, vinculadas a las diferencias en los niveles socioeconómicos de las familias. Los recientes operativos Aprender pusieron en evidencia grandes diferencias educativas, que dependen de tres factores: el municipio en el que reside el alumno, el nivel socioeconómico de las familias y el tipo de escuela.
Mientras el nivel de conocimientos de niños y adolescentes dependa del dinero que tengan sus padres, nos alejaremos cada vez más de un país no solo con justicia social, sino también con un crecimiento económico sostenido. Un buen sistema escolar asegura altos niveles de conocimientos a sus alumnos, pero además apunta a eliminar las desigualdades en los niveles de conocimientos de los alumnos que dependen del nivel socioeconómico de sus familias. La pobreza y la indigencia se concentran en quienes tienen una escasa escolarización; según el Barómetro Social de la UCA, la pobreza afectaba a alrededor de la mitad de quienes no habían concluido la secundaria, pero esta proporción descendía a menos del 15 por ciento entre quienes la habían completado.
Las evidencias nos indican que nuestra escuela no está quebrando el círculo negativo de la reproducción intergeneracional de la pobreza, ya que el nivel de conocimientos de los alumnos depende esencialmente del nivel socioeconómico de sus padres. Abatir la pobreza y la exclusión social requiere una educación que haga equitativa la distribución del capital humano, ya que hoy la mayoría de nuestros pobres son "excluidos": han sido expulsados de la fuerza laboral, no tienen un empleo productivo y difícilmente lo tengan aunque la demanda laboral crezca.
Cuando la pobreza es coyuntural, se pueden encontrar soluciones de corto plazo con planes sociales, pero cuando la pobreza es estructural, como la que padecemos, son además necesarias otras líneas de acción que apunten directamente a la raíz del flagelo de la pobreza con exclusión social. La escuela debe ser no solo inclusiva, sino también de una calidad que no dependa del nivel socioeconómico de las familias. Es un llamado de atención observar que existe una gran desigualdad en la graduación secundaria entre las escuelas estatales y las privadas. De cada 100 niños que ingresaron a primer grado en una escuela privada en 2006 se registraron casi 70 graduados secundarios en 2017, pero esta proporción colapsa a apenas 33 por ciento en las escuelas estatales.
En 2005 se sancionó la ley que expresaba que el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología establecido hasta el año 2010 sería destinado a "lograr que, como mínimo, el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas". Al año siguiente fue sancionada la ley de educación, la cual ratificó esa meta en su artículo 26, que dispone: "Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa (JEE/JC) con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley". Pero la realidad es otra, ya que el Ministerio de Educación informa que en 2018 en las escuelas primarias apenas el 13,9 por ciento de los niños gozaban de los beneficios de la JEE/JC. En la CABA, el 48,3 por ciento de los alumnos de escuelas estatales tiene JEE/JC, pero si se cruza la General Paz, encontramos en el conurbano una situación crítica, ya que apenas el 6,3 por ciento de los niños tienen este beneficio, es decir, casi la octava parte que en la CABA. Estamos en presencia de una situación preocupante en el conurbano, donde reside el mayor núcleo concentrado de la pobreza y la exclusión social.
Sin una buena escuela para todos la justicia social no existe, pero habrá que comenzar por lo más simple y elemental: cumplir íntegramente el calendario escolar y no dejar la escuela sin docentes en las aulas. Existen buenas intenciones, por eso sancionamos leyes y comprometemos el cumplimiento de metas con la esperanza de que nuestros niños reciban más y mejor educación. Pero lo cierto es que ni siquiera podemos cumplir el calendario escolar legal, con los mínimos 180 días de clases que establece la ley.
Hace ya muchos años que en la Argentina no se cumple el calendario escolar obligatorio, que se acorta con decisiones que van desde los cierres de escuelas por conflictos sindicales y nuevos feriados "puente" beneficiosos desde ya para el turismo, pero nada positivos para el futuro de los niños. Como nadie piensa en recuperar efectivamente los días de clases perdidos, así se consolida no solo el atraso, sino también la exclusión social, ya que quienes siempre tienen menos horas de clases son los alumnos más pobres.
En los últimos años avanzó la costumbre de cerrar miles de institutos educativos y escuelas mediante los feriados "puente", por ejemplo, el lunes 23 de marzo de 2015 el gobierno decidió cerrar todos los institutos educativos porque el martes 24 era feriado. Esa práctica de cerrar escuelas continúa con el actual gobierno, ya que el lunes 8 de julio nuestro país volvió a cerrar los institutos de enseñanza (y lo hizo también el lunes 19 de agosto). No se celebró esos días ningún hecho relevante de nuestra historia: se trató simplemente de feriados denominados "puente", con el propósito de promover el turismo. Pero atención: esa medida disminuye las escasas horas efectivas de clase de casi nueve millones de alumnos que asisten a escuelas primarias o secundarias.
La mayoría de las naciones dedican a sus escuelas más horas de clases que la Argentina. En América Latina encontramos a Brasil, México, Cuba, Costa Rica, Chile y Colombia con muchos más días y horas efectivos de clases. Desde ya que más horas de clases no mejoran automáticamente la enseñanza, pero no tengamos dudas de que menos horas de clases consolidan el atraso educativo y comprometen el futuro laboral de los niños de hoy. El globalizado siglo XXI ofrece empleo preferentemente a los bien preparados por el sistema educativo, por eso hay que abrir las escuelas.
Miembro de la Academia Nacional de Educación. Director del CEA (Universidad de Belgrano)