La impotencia del empresariado argentino

La Argentina está en riesgo de embarcarse en dos decisiones que parecen de alcance limitado, pero que serán condicionantes de la vida futura del país: el default de la deuda externa y el impuesto a la riqueza. Se trata del tipo de opciones que marcan el destino de una nación por décadas, como señaló Harari. Y lo más sorprendente es la impotencia y la pasividad del empresariado no para alertar sobre las consecuencias negativas para su sector, sino sobre los efectos nefastos que tendrán esas medidas para toda la sociedad.

La Argentina debe comenzar a prepararse para el día después de la pandemia, hecho que aunque algunos preferirían demorar in aeternum, lo más probable es que deba acontecer en un par de meses. Para entonces, será fundamental tener a los sectores productivos focalizados en sacar al país adelante y mitigar el desesperante cuadro social que se presentará. Esos sectores tienen la carga impositiva más alta del mundo y están viendo cómo sufragar el aumento de la alícuota a los bienes personales; ante la falta de liquidez, muchos empresarios han debido caucionar acciones de sus compañías y endeudarse para poder abonarlo. La disquisición sobre si es a las empresas o a las personas es irrelevante ya que los fondos salen al final de la misma caja. La clase política se ha cebado cobrando impuestos sin medir las consecuencias, al punto de proponer un nuevo gravamen que provocará una estampida, una fuga estrepitosa de capitales –y de jóvenes emprendedores– como jamás hemos visto (provincias y municipios van por lo mismo, lo cual presagia que no habrá límite).

Si se hiciera una encuesta planteando en forma simple si se está de acuerdo con un impuesto "a los más ricos" para subsanar las necesidades de "los que menos tienen", seguramente más del 90% de los consultados se expresarían a favor. Lo mismo si se preguntara sobre la gratuidad del servicio de electricidad o sobre la duplicación de todos los salarios, sin tener en cuenta las consecuencias o la factibilidad de esas medidas. En estas instancias debe tallar la responsabilidad de los dirigentes. Con la intención de ayudar a los que menos tienen, se hace difícil argumentar la improcedencia de un tributo a la "riqueza", astutamente así llamado por el carácter peyorativo del término, cuando debería ser "a los bienes personales" o al patrimonio, a los cuales ya se está gravando este mismo año. Sería como llamar impuesto a la "usura" a un gravamen a los intereses financieros.

Paradójicamente, para mejorar la situación de los sectores carenciados, es necesario que los estratos de altos ingresos –y no solo los más ricos– gasten e inviertan. Si esos estratos se retraen y sacan sus capitales del país y se ahoga el espíritu emprendedor, eso tendrá un efecto contractivo en toda la economía, cuyo impacto será mayor que lo que se espera distribuir con la recaudación de ese impuesto. Se presume, erróneamente, que la riqueza que se acumula en un lado se quita de otro. La mayor acumulación reciente en nuestro ámbito, la de la compañía de comercio electrónico que vale más que todas las empresas del país que cotizan en bolsa juntas, si un argentino no la hubiera creado no existiría, y tampoco los miles de puestos de trabajo que en ella se desempeñan, ni el capital de todo el mundo que concurrió a su valorización. No se trata de un alegato a favor de ricos o de intereses de quienes quizás ni lo merezcan, sino de evitar más pobreza.

En simultáneo con estas posibilidades –el default y el impuesto al patrimonio– desde el centro de la política se están enviando señales de hacia dónde se pretende encaminar al país. Por un lado, que la sociedad note las ventajas de ser empleado del Estado. Mientras sindicatos de distintas actividades negocian y se resignan a tolerar reducciones salariales como consecuencia de las circunstanciales caídas de ingreso, quienes trabajan para el Estado, cuya recaudación se desplomó estrepitosamente por la crisis, van a recibir hasta el último centavo de su sueldo. El mensaje es contundente: si todos trabajáramos en el sector público estaríamos cobrando nuestra retribución a pleno. Y, si esas empresas que reducen sueldos fueran públicas, eso no sucedería, lo que sería una triquiñuela, ya que se pagaría con aportes del Tesoro y con emisión, no con productividad.

Si el default implica salirnos del mundo, aunque la medida haya quedado en suspenso por las reacciones que generó, dejar de participar en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales desde el Mercosur podría desembocar en una ruptura del bloque que tendrá consecuencias muy adversas. Y si por acaso, en un acto de desvarío la Argentina se ilusionara con la idea de salirse de su inserción histórica en Occidente usando como excusa los cuestionados liderazgos de Trump o Bolsonaro para apuntar a otras latitudes que prometan financiación, cometería un error garrafal.

Nadie cuestiona que China o Rusia puedan ser socios comerciales estratégicos y que son relaciones que amerita cultivar, pero eso no quiere decir que debamos salir de Occidente para ir a cobijarnos bajo la tutela de esas potencias. ¿O alguien piensa que tendremos con ellas una relación igualitaria? Se pretende justificar que estas políticas se deben a la precariedad y al endeudamiento que dejó el gobierno anterior, soslayando que esa gestión estuvo condicionada por la estafa intelectual de las administraciones que la precedieron, que habiendo dilapidado los 9 años de precios excepcionales de nuestras exportaciones, vendieron la idea de una falsa bonanza mientras fundían a la Argentina al llevarla demagógicamente a un nivel de gasto que era imposible sostener.

De la mano del temor y la confusión por la pandemia (y tal como sucedió en Venezuela y Nicaragua), aparece la cartografía del chavismo, que se presenta como una franquicia, y que contempla un combo de acciones: el Ejército en una primera etapa cumpliendo gestas humanitarias en barrios carenciados; la liberación de presos que luego se reclutan y agrupan como fuerza de choque para intimidar a enemigos del régimen o disuadir a la clase media de expresarse en manifestaciones masivas; la seducción de uno en uno a los opositores de la política con distritos a cargo; la asistencia sanitaria de "médicos" cubanos; aumentar el número de pobres que dependan de una dádiva pública y responsabilizar a los empresarios de la pobreza, para poder agobiarlos a impuestazos y hostigarlos desde todos los ángulos, para que claudiquen, emigren –como ya empezó a suceder– o "cedan" sus empresas al Estado en pago de préstamos, para que este pueda satisfacer las necesidades de consumidores y trabajadores sin el perverso estigma del lucro empresarial. El empresariado es el enemigo a eliminar ya que es el único que podría solventar electoralmente una opción distinta al populismo. El default será el test para ver qué rumbo se toma, y junto al nuevo impuesto, dos hitos importantes para doblegar a los empresarios. Es de esperar que no haya licenciatarios locales que pretendan implantar esa franquicia en el país, ya que hay un sector muy importante de la sociedad que tiene otra expectativa para la Argentina. Y en medio de estas urgencias, pareciera que el sector empresario caminara entre resignado e impotente como si fuera rumbo al matadero.

Empresario y licenciado en Ciencias Políticas

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