Coronavirus en la Argentina. Alberto Fernández lleva al kirchnerismo a su lado más oscuro
El coronavirus amenaza con corroer la matriz de la mitología kirchnerista sostenida en la aparente capacidad de enfrentar con éxito situaciones de emergencia inesperadas. La impericia del Gobierno para combinar una respuesta articulada a la pandemia desde las áreas sociales del Estado pone en conflicto la interpretación que esa creencia hace de la realidad, una falla magnificada por el Ministerio de Desarrollo Social con la escandalosa compra de alimentos, pero que el oficialismo arrastra desde antes de la cuarentena: una llamativa fragilidad organizativa en la gestión. A diferencia de los anteriores, este episodio habilitó el debate sobre un tabú ligado a los orígenes de la coalición.
Hasta dónde es sustentable la unidad fundada en un reparto equitativo del poder que evite fugas y ratifique el compromiso colectivo de no dispersarse en períodos electorales. Las tensiones contenidas por esa voluntad colocan en una situación difícil a Daniel Arroyo, quizás el eslabón más débil para garantizar el equilibrio del sistema de loteo de cargos extendido a toda la administración. Alberto Fernández no parece dispuesto a modificarlo. Es razonable: ocupa el vértice de una pirámide que se sostiene en esa supuesta cadena de solidaridades. Aplica con Arroyo la regla que ya utilizó con Santiago Cafiero y Ginés González García: mantenerlos en sus puestos a pesar del rendimiento deficitario en ese aspecto.
El jefe de Gabinete y el ministro de Salud lo acompañaron al anunciar la extensión hasta el 26 de abril del aislamiento social. El círculo del Presidente trabaja en reforzar los cimientos de ese statu quo. Preparan la reaparición de Fernando "Chino" Navarro como dirigente emblemático de la inserción en el Gobierno de los movimientos sociales. Esa puesta en escena podría tener lugar esta semana. Si se confirmara que recorrerá la tercera sección electoral, Martín Insaurralde y Mariano Cascallares podrían acompañar al secretario de Enlace Parlamentario. Sellaría una tregua contradictoria entre ellos.
Los intendentes de Lomas de Zamora y Almirante Brown no desmintieron haber avalado la designación de Gonzalo Calvo en el Ministerio de Desarrollo Social. El exfuncionario cree que debió renunciar a la Secretaría de Articulación de Ayuda Social por fiscalizar la entrega de alimentos a los piqueteros: la orden que recibió de Arroyo. Los jefes comunales habían efectuado ese pedido a Fernández en la reunión del 23 de marzo en Olivos. Otros señalan a Victoria Tolosa Paz. El 7 de abril, Víctor Fera reveló en Mirá lo que te digo un detalle que pasó inadvertido: el dueño de Maxiconsumo le dijo a Luis Majul que la titular del Consejo de Políticas Sociales y el jefe del Movimiento Evita le aseguraron que caería el responsable de la compra con sobreprecios.
Si fuese cierta, es una interlocución misteriosa. Fera tiene un obstáculo insalvable para ofertarle más barato al Estado nacional. No está inscripto como proveedor. Tal vez no tenga esa intención. Elude vender a los municipios porque pagan a los 30 días. El cobro efectivo se ha vuelto un requisito indispensable entre los mayoristas del mercado de alimentos. Cecilia Lavot es la encargada de esas compras en el Ministerio de Desarrollo Social. Tributa a Carlos Castagneto, segundo de Alicia Kirchner en el Movimiento Kolina. Arroyo inició su carrera política con ella como ministra de Desarrollo Social. Es decir, el cargo que él ocupa ahora. Castagneto es secretario de Seguridad Social de la AFIP, pero mantiene ascendiente sobre esa cartera. Más de trescientos barras de Gimnasia y Esgrima de La Plata trabajan en sus depósitos. Castagneto fue jugador del club. Mucho después, viceministro de Desarrollo Social con la actual gobernadora de Santa Cruz, período en el que se fundó la estrecha amistad de Calvo con Tolosa Paz y Navarro. La especulación es que ambos funcionarios perseguían el desplazamiento de Arroyo, pero no el de Calvo.
Katopodis elegirá sustitutos de los funcionarios desplazados. El ministro de Obras Públicas pasará a tutelar a Arroyo en el gabinete. Casi una inversión de roles. Fue su viceministro cuando era titular del área asistencial en el gobierno de Scioli. A Arroyo se le reconoce haber reaccionado con la modalidad de subordinación y valor de este peculiar momento. Algunos gobernadores creyeron escucharlo pedir instrucciones al Presidente la tarde del 7 de abril, mientras mantenía con ellos una videoconferencia, aunque no están seguros. Podría ser el efecto de la fatiga después de cuatro horas de comunicación.
Sobre todo para los que se concentraron en especular sobre los supuestos beneficiarios de una ayuda extra a los 120.000 millones de pesos prometidos por Fernández. En la percepción de varios, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires estarían en esa nómina. Pero no figurarían Mendoza, Neuquén ni Tucumán, las provincias más enfáticas en solicitar una continuidad de la cuarentena distinta de la anunciada. La supuesta ausencia de Formosa entre las auxiliadas podría explicar la parquedad de Insfrán, en apariencias, tan disconforme como empresarios y sindicalistas con las nuevas medidas. Lo mismo que Cristina. En su visita a Olivos, la vicepresidenta reclamó a su superior un plan integral para salir de la cuarentena . Pero orientado particularmente a la provincia de Buenos Aires.
Kicillof aspira a que la directriz de ese programa sea focalizar y no flexibilizar el aislamiento. Lo dijo el domingo, en una visita al hospital modular de emergencia de Hurlingham, el municipio gobernado por Juan Zabaleta, el intendente más allegado a Fernández. Kicillof está preocupado por la recesión en el Gran Buenos Aires. Música en los oídos de la UIA. Pero el coronavirus acarrea otro problema al gobernador. Es inminente que César Melazo sea beneficiado con prisión domiciliaria. El exjuez de Garantías está con prisión preventiva. Se investiga su condición de líder de la megabanda de La Plata dedicada al robo de viviendas y sostenida por una trama de complicidades entre funcionarios políticos, policiales y judiciales.
La defensa intenta valerse del antecedente de Enrique "Quique" Petrullo, con funciones similares a un relacionista público en esa organización delictiva. El Tribunal de Casación Penal le permitió cumplir la condena en su domicilio por "razones humanitarias". Desoyó para eso a los médicos del Servicio Penitenciario, que no lo incluyeron en la población carcelaria bajo riesgo de contagio, definida por la resolución 158/20 de la Procuración General: además de madres y embarazadas, mayores de 60 años, con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos o con patologías cardíacas severas. A Melazo la Justicia le rechazó dos veces esa excepción. Fue antes de que la Corte se plegase a la emergencia por la resolución 386/20. Los más aviesos del Poder Judicial recomiendan enfocarse en su artículo segundo: "Establecer la atención mínima del servicio de justicia que se limitará a la atención de los asuntos de pronto despacho o que por su naturaleza no admitan postergación".
Por la misma disposición, Víctor Violini quedó al frente de Casación. Es curioso. Reúne los requisitos ideales de la población de riesgo según el Ministerio Público: casi 70 años, enfermo oncológico y con afecciones cardíacas. La fiscal Bettina Lacki pudo determinar que Martín Ordoqui era uno de los cómplices de Melazo en ese tribunal. Está convencida de que hay otro y que el apelativo "Gimnasia" podría aludir al fiscal general de ese cuerpo, Carlos Altube. Por ahora, son conjeturas.El ministro de Justicia, Julio Alak, no atina a dar una explicación que satisfaga a Kicillof. Tampoco las de Arroyo habrían conformado a Fernández. Sin oposición por la inactividad del Congreso, es la inercia de sus iniciativas la que impulsa al kirchnerismo hacia su lado más oscuro. Una llamativa falta de control sobre los acontecimientos que promueve.
Por Daniel Bilotta
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