Claudio Scapolan, nuevo factor de unidad en el Frente de Todos
Claudio Scapolan está provocando aglutinamientos y disidencias inesperadas en el Frente de Todos. Un proceso que tal vez se aprecie con mayor nitidez a partir del 28 de marzo, cuando comience el juicio político al fiscal de San Isidro que ocupó en Tigre la unidad a cargo de investigar delitos complejos y al crimen organizado. También es probable que desde entonces se puedan distinguir con claridad entre las fricciones derivadas de este reacomodamiento de intereses y las que está generando otro: la pelea por definir quién será candidato a senador nacional que libran Sergio Massa y Martín Insaurralde.
De circulación restringida a intendentes del conurbano y dirigentes de La Cámpora, esta versión supondría bastante más que el cambio vertiginoso en la expectativa electoral de estos dos funcionarios. El ministro de Economía desistiría de una candidatura presidencial y el jefe del Gabinete bonaerense de competir por la de gobernador con Axel Kicillof. Además confirmaría que ante su crisis, el oficialismo se constreñirá al intento de retener únicamente el gobierno en la provincia de Buenos Aires.
No está claro todavía si esa disputa se circunscribe a resolver cuál de los dos acompañará a Cristina Kirchner en un binomio o quién lo encabezará si ella finalmente no se presenta. Todos los intendentes del conurbano asistieron al acto del 11 de marzo en Avellaneda “animados por el temor a faltar”, como confió uno de ellos. Nadie quiere quedar expuesto al veto de Cristina, aún cuando su poder sea menguante. Aunque parezca contradictorio, ese fenómeno los inquieta. Temen que Kicillof se tiente con sustituir su liderazgo si es reelecto, envalentonado con la bandera de la honestidad, la virtud que le reconoce la sociedad en los estudios de opinión, algo que indispone con él a los intendentes y a Máximo. Y la razón por la cual el líder de La Cámpora lo reprendió en público, instándolo a “subir la militancia al gobierno”. La Cámpora y los intendentes pretenden cercar a Kicillof sin esperar a las elecciones.
La indefinición de Cristina pone a prueba la alianza que La Cámpora mantiene con Massa. Pero sobre todo la que mantiene con Insaurralde. El jefe del Gabinete esperaría de esa organización otro tipo de solidaridad. Si Massa es candidato a senador, se complica su plan. Ocupar un cargo electivo que le permita hacer campaña en Lomas de Zamora para retener el municipio pero sin ser reelegido como intendente. La visita que un estrecho colaborador le efectuó al de Tigre, Julio Zamora, expresaría ese malestar. Massa está obsesionado con recuperar ese municipio para su esposa, Malena Galmarini. Pero ese episodio le preocuparía menos preocupante que las vacilaciones de Juan De Jesús en la Comisión Bicameral de Juicio Político. Convocada anteayer a reunirse de urgencia por su presidente, Juan Ariel Archanco, dirigente de La Cámpora en La Plata. Archanco justificó la convocatoria en la necesidad de analizar los pedidos de juicio político en los que no intervino esa comisión mientras no estuvo constituida. Archanco omitió un detalle. El oficialismo se encargó durante dos años de evitar que se conformara. De los 18 casos que se propuso discutir, la Bicameral pidió que se le remita uno solo. El que involucra a Scapolan, a cuyo juicio político se opuso sistemáticamente Sofía Vannelli. La única de los 11 miembros de la comisión investigadora constituida a ese efecto. Vannelli es senadora provincial del Frente de Todos y representa en esa alianza al Frente Renovador.
De Jesús es diputado provincial y está tan vinculado a Insaurralde como antes lo estuvo con Massa, a quien acompañó en su gestión en la Anses, junto a Amado Boudou y al actual senador de Insaurralde, Adrián Santarelli. De Jesús casi vota con su compañero de bancada, Carlos “Cuto “Moreno, que rechazó el pedido propuesto por la mayoría del oficialismo: que la comisión de juicio político le gire sus actuaciones a la Bicameral. Lo que pondría en riesgo el inicio de la causa contra Scapolan el día 28.
Ligado a la historia del kirchnerismo más recalcitrante, Moreno utilizó un argumento peculiar para oponerse. “No me voy a quemar por un narcotraficante.” Sandra Arroyo Salgado procesó a Scapolan por ese cargo dos meses antes de ser apartada de la causa donde lo investigaba por liderar una asociación ilícita. La defensa de Scapolan pidió que la sala 1 de la Cámara Federal de San Martín sea citada a declarar en el juicio político. Es la que apartó a la jueza federal de San Isidro y le dictó al fiscal la falta de mérito en el cargo que ella le había imputado.
El pedido de la Bicameral tiene que ser resuelto por Ana María Bourimborde, que preside la comisión del juicio político a Scapolan. Titular de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, debió asumir esa responsabilidad después de uno de los episodios más bochornosos de la historia del Poder Judicial. La saga de excusaciones para no involucrarse en ese caso que alegaron todos los vocales de la Suprema Corte bonaerense y los de las cuatro salas que integran el Tribunal de Casación Penal. Apenas asumida, Bourimborde resolvió el apartamiento preventivo de Scapolan de su cargo.
De Jesús votó con la mayoría oficialista cuando Archanco lo instó a resolver entre esa propuesta y la de Juntos. Moreno lo hizo con la oposición. No es la única urgencia manifestada por el oficialismo en la Justicia. El 6 de marzo el TOC N° 2 de La Plata condenó al exjuez de Garantías César Melazo a 7 años y diez meses de prisión. En un fallo curioso votado en disidencia por la presidente, Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali, consideraron a Melazo parte pero no jefe de una asociación ilícita.
La famosa banda mixta de policías y funcionarios policiales dedicada al robo de viviendas. La fiscal Virginia Huergo había pedido la pena máxima para ese delito: 15 años. Detenido desde 2018, a Melazo se le daría por cumplido más de la mitad del castigo y podría acceder a una prisión domiciliaria. Pero obtendría otro rédito de su condena. El artículo 452 del Código Procesal bonaerense prevé que la pena no sea apelable cuando supera la mitad de la solicitada por la fiscalía.
Un alivio para Huergo, poco convencida de la causa que se le asignó después de los nueve fiscales que pidieron ser relevados de intervenir en ella. Igual que Liliana Torresi, Claudio Bernard, Emir Caputo Tártara, Ernesto Domenech y Carlos Bruni. Los jueces que se excusaron de integrar el TOC N°2, probablemente al tanto de las versiones sobre las supuestas y delicadas gestiones realizadas por todo el arco dirigencial bonaerense para favorecer a Melazo.
Hay otra que alude a ese supuesto poder de influencia que rodearía al ex juez, convocado a mediados de diciembre del 2015 a la reunión que la recién asumida gobernadora María Eugenia Vidal mantuvo con las máximas autoridades de fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial, los ministros del área, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, y los de Justicia, Gustavo Ferrari y Germán Garavano, para resolver la triple fuga del penal de General Alvear protagonizada por Martín y Cristian Lanatta junto a Victor Schillaci.
Uno de los funcionarios políticos más cercanos a Vidal aseguró tener el dato de la ubicación de los prófugos y al juez que firmaría la orden para detenerlos. Fue el momento en el que presentó a Melazo. El juez cumplió pero los fugitivos no fueron hallados. La presunción es que alguien tuvo tiempo de avisarles que se vayan porque iban tras ellos.
Por Daniel Bilotta
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