Caso Insaurralde: centésimo “hecho aislado” de corrupción kirchnerista
“Una actitud como la que vimos salpica y lastima a un montón de gente correcta que no piensa en yates en el Mediterráneo, que viven una vida austera”, dijo, convencido, el presidente Alberto Fernández, opinando así sobre el caso Insaurralde que puso contra las cuerdas al PJ bonaerense a semanas de las elecciones. Es llamativamente irritante como el Presidente elige reaparecer públicamente para cercar un caso de corrupción a cielo abierto como el que afecta al aun intendente de Lomas de Zamora. Cada vez que un hecho de corrupción ligado al kirchnerismo tomó estado público la primera explicación, de cualquiera de sus encumbrados dirigentes, fue intentar aislar al personaje involucrado, fingiendo desconocimiento de los antecedentes que estaban a la vista de todos.
Fue así siempre, en la explicación para los casos que tuvieron como protagonistas a Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Felisa Miceli, Sergio Urribarri, Ricardo Echegaray, Ricardo Jaime, Romina Picolotti, Juan Pablo Schiavi, Milagro Sala, Lázaro Báez, Nelsón Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, algunos de los condenados por corrupción, pero también en cada uno de las decenas de procesos abiertos con exfuncionarios y empresarios involucrados en causas encaminadas a juicio oral como Cuadernos de la Corrupción, Hotesur-Los Sauces; Ruta del Dinero, Transporte, entre otras. Sin olvidar a los secretarios de Cristina Kirchner enriquecidos a la sombra del poder como el fallecido Daniel Muñoz, que ostentaba una fortuna ilegal cercana a los 70 millones de dólares, Daniel Álvarez y también Roberto Sosa, que fue víctima de un secuestro extorsivo en 2016, o el mismo Fabián Gutiérrez, que decidió acogerse a la ley del arrepentido y luego fue secuestrado y asesinado en El Calafate. Todos ellos víctimas de la llamada “fiebre del oro kirchnerista”. Se suponía que eran testaferros y guardaban información del dinero proveniente de la corrupción. Fabián Gutiérrez de pronto tenía 32 propiedades, dos concesionarias en Río Gallegos y en San Isidro, y hasta compró el Hotel Comercio y propiedades en Tres Lagos y El Chaltén. Sus propios compañeros lo tenían observado para saber dónde escondía el dinero. Este es un breve racconto de los hechos de corrupción más destacados de la era kirchnerista, que por haberlos repetido tantas veces ya parecen inocuos y nos hacen perder el valor corrosivo sobre la política y el poder legítimo que debe imperar en un gobierno democrático.
Por supuesto que hay que agregar el nombre de la expresidenta Cristina Kirchner, también condenada en la Causa Vialidad por fraude a la administración pública, pero con procesos abiertos que la desvelan, al punto que, como actual vicepresidenta, en un país con 130% de inflación anual, con casi la mitad de los argentinos sumidos en la pobreza, lleva meses abocada exclusivamente a pergeñar estrategias insólitas para sostener a la jueza Ana María Figueroa en su lugar. Aunque para ella en la tropa militante, incluso el actual presidente, siempre sostuvieron el discurso de la persecución política y judicial, y no se despegaron, como hicieron con el resto. Claro, son los beneficios que otorga sostener un liderazgo característico en los populismos.
Párrafo aparte, ninguno de estos hechos de corrupción fue denunciado en algún momento por Javier Milei o integrantes de su fuerza. Para el libertario la corrupción es el estado en sí, como ente administrativo, pero no le pone nombre y apellido a los responsables. El estado no es corrupto, puede ser gigante e ineficiente y eso es algo que se debe corregir, pero la corrupción pública la cometen los funcionarios que lo administran. Preocupa escuchar a un eventual ministro del Interior de un gobierno de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, decir que “Carrió hizo denuncias falsas”, cuando muchas de estas causas mencionadas nacieron por denuncias e investigaciones de la dirigente de la Coalición Cívica. No fue la única, pero sí la mencionada por alguien que era hasta hace horas funcionario kirchnerista de Alberto Fernández en el BID y hombre cercano de Daniel Scioli. Parece que el hombre para el diálogo político elegido por Milei tiene una mirada muy benévola con la corrupción, un mal al que hay que ponerle el cuerpo o, al menos, valorar a quien lo hizo cuando muchos callaban y canjeaban silencio por cargos. En ese sentido, sería recomendable aclarar si hubo o no acuerdo con Insaurralde en la lista de concejales en Lomas de Zamora como denunció un hombre de ese espacio, Víctor Guzmán, quien encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza hasta antes de ese supuesto acuerdo donde, según su relato, se vendieron esas candidaturas por 30 mil dólares.
De todos modos, no llama la atención que el presidente Fernández vea el caso Insaurralde como un hecho aislado o que el ministro candidato; Sergio Massa, haga gala de un machismo repudiable para poner sospechas sobre Sofía Clerici, “Esta chica ya tuvo un antecedente”, dijo, sobre la modelo involucrada y compañera de Martín Insaurralde en el viaje fantástico en las costas de Marbella a bordo del yate homónimo “Bandido”. Aislar los hechos o generar fantasmas para distraer es una forma de complicidad tan antigua como la corrupción misma.
Pero esta vez la deshonestidad, como en los 90, viene de la mano de la trivialidad, y eso expone aún más a los protagonistas porque indigna ver a un funcionario que gobierna un territorio castigado por lo más duro de la pobreza rifarse en un día sumas que superarían las 150 jubilaciones mínimas. Pero quizás esta crisis nos deja abierta una oportunidad para ir a fondo e investigar la relación de la política bonaerense con los empresarios de juego, de servicios, de aquellos empresarios que ganan las licitaciones y sostienen en el conurbano un poder paralelo a los intendentes. La justicia debe escudriñar sobre el modo de vida de cada uno de ellos, Insaurralde ya daba señales de vivir muy por encima de las posibilidades que otorgaba su salario como funcionario público. En ese sentido, la diputada Graciela Ocaña realizó en estas horas una denuncia en Uruguay, sospechando que Insaurralde movía ese dinero desde allí.
Es un deber, no una opción, para la política auditar la legislatura bonaerense, bajar el gasto político y administrativo y terminar con los “presta-mombres” que le permiten a un puntero como “Chocolate” Rigau manejar los salarios de decenas de empleados inexistentes.
Todo está podrido en la provincia de Buenos Aires, es hora de que los candidatos que aspiran a administrarla se comprometan a sanear un foco de corrupción tan grande como su territorio, que levanten el velo de toda actividad sospechosa, que transparenten la función pública. No es como intentan hacer Fernández, Massa y los suyos. Lo de Insaurralde no forma parte de una serie de hechos aislados, porque el error no fue que se haga público, o si le hicieron una “cama” para hacerlo caer en una trampa, eso lo sabrá él y quienes estén afectados. El drama es que su viaje a Marbella es apenas el lado frívolo de un mecanismo de corrupción que es un signo de época de la era de poder kirchnerista y que lleva años siendo la forma de subsistencia de gran parte de dirigentes y de la misma política bonaerense.
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