Cartas de Lectores: Nahuel Gallo, Falta de coherencia, Debido proceso

Por favor, no molesten a la ciudadanía

En estos últimos días, hemos escuchado atónitos por parte de los políticos una discusión sobre el desdoblamiento de las elecciones y la eliminación de las PASO, todo dominado por un frenesí plagado de ambiciones personales, especulaciones sobre qué los beneficia o perjudica más para lograr ser elegidos. En el peor de los casos, los ciudadanos deberían votar hasta 3 o 4 veces en un corto lapso y el desembolso por las PASO se calcula en US$150.000.000. Obviamente, a los políticos no les importa pensar que el costo de sus ambiciones lo pagamos todos los ciudadanos. En los países con políticos con un nivel moral mucho más elevado eligen a sus candidatos en internas partidarias que organizan y financian con fondos propios. En lo personal, les pido a los políticos que en estos momentos están viendo cómo seguir medrando que por favor no molesten a la ciudadanía con elecciones innecesarias. Si tienen tiempo, traten de mejorar el sistema haciéndolo un poco más representativo, eliminen las listas sábana, las reelecciones sin límite, promuevan la ficha limpia, la ley de extinción de dominio y propongan candidatos por circunscripciones. Una utopía basada en la elemental ética ciudadana, es cierto, y como tal será irrealizable.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Nahuel Gallo

Es inaudito el caso del gendarme argentino apresado injustamente en Venezuela. Públicamente, se ha sabido hoy que 20 días antes del viaje a ese país desde Colombia Nahuel Gallo tuvo que hacer una gestión, con una abogada en Venezuela, de invitación para ingresar, cuya autenticidad fue refrendada por la notaria de ese país. Ingresó con todos los papeles en regla, lo cual el exembajador Oscar Laborde niega mentirosamente y le valió una seria denuncia de nuestro gobierno. No se sabe dónde está detenido, y el fiscal lo acusa de ir a Venezuela no a visitar a su hijo, sino por una tarea de terrorismo. Maduro y su gente ya no saben qué inventar para proteger su tiranía. Pregunto: ¿cuándo los organismos internacionales pondrán coto a estos abusos? Y los militares venezolanos: ¿qué esperan para rebelarse, dejando de pensar solo en sus bolsillos y ser patriotas?

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Falta de coherencia

Ante la difusión del reciente hecho de control de alcoholemia a diplomáticos rusos y su negación a realizar el test de alcoholemia le sugiero a la diputada Marcela Pagano que se dedique a legislar, que es para lo cual fue votada y cobra su sueldo con nuestros impuestos. Sin el más mínimo sentido común realiza una denuncia penal a las autoridades responsables de velar por nuestra seguridad vial. Desconoce que existen un canciller y su cuerpo diplomático para resolver estos temas. Y lo peor de todo es que con su postura les da la brillante idea a los narcotraficantes para falsificar patentes diplomáticas y respetando las normas de tránsito distribuirlas, ya que nadie los puede detener. Le pido un poco de coherencia, diputada.

Esteban Daniel Lezama

dr.elezama@gmail.com

Debido proceso

El doctor Juan Carlos Maqueda finalizará su desempeño como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29/12/2024, cargo que ejerció con idoneidad e independencia durante veintidós años. En la cena de fin de año que organizó la Asociación de Magistrados el jueves 12 de diciembre pasado, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda enfatizaron las virtudes morales y cívicas que deberían engalanar la conducta de los magistrados, el rol de contrapeso de los otros poderes que cumple la Justicia como garante del goce efectivo de los derechos individuales, sociales y colectivos de los ciudadanos, y la total independencia con que los jueces deberían cumplir su trascendental cometido constitucional. Frente a este marco axiológico ejemplar, quizás el broche de oro de la proficua labor del juez Maqueda debería ser la admisión del recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal, interpuesto por la diputada Graciela Ocaña en febrero de 2022, en la amañada causa previsional iniciada por la expresidenta Cristina Fernández en 2017 contra el Estado nacional, en la cual se debate la legalidad del cobro sincrónico de su asignación presidencial y la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, prohibido expresamente por el artículo 5 de la ley 24.018. Las violaciones a la garantía del debido proceso en perjuicio del Estado (Anses) en esta causa son tan grotescas y palmarias que el Alto Tribunal debería priorizar –como tribunal de garantías y último intérprete de la Constitución nacional– el dogma supremo del debido proceso por sobre la cuestionada legitimación procesal de la legisladora. El ilustre constitucionalista Germán J. Bidart Campos señalaba, al respecto, lo siguiente: “Hay situaciones en que, sin ley o con ley, la legitimación tiene que ser reconocida, porque se juega en su reconocimiento una cuestión constitucional. Hay casos en que, aunque la ley niegue legitimación a alguien, el juez también tendrá que reconocérsela ‘contra ley’, porque si se la niega en mérito a que esa es la solución que arbitra la ley, cumplirá le ley, pero violará la Constitución”.

La garantía del debido proceso fue dañada en forma irreparable, porque la demanda –acogida in totum por el juez inferior– se focalizó en una ficticia violación del derecho de defensa en sede administrativa (que no existió, pues Cristina Fernández interpuso los recursos de reconsideración y jerárquico ante el presidente de la Nación contra la resolución del Ministerio de Desarrollo Social que la intimó a optar entre una u otra asignación honorífica) y soslayó la cuestión central de la “acumulación prohibida” por la ley aplicable; porque el juez y el fiscal de primera instancia no fueron independientes con respecto a la actora; porque el procurador del Tesoro Carlos Zannini y la jefa de la Anses Fernanda Raverta (representantes del Estado demandado en este juicio) decidieron, fuera del proceso, levantar la suspensión que pesaba sobre la segunda asignación vitalicia desde 2017, convalidar la acumulación ilegal antedicha y, por último, ordenaron restituir las sumas retenidas a la actora, más sus intereses, mientras la sentencia del juez Ezequiel Pérez Nami no se hallaba firme. Todas estas graves violaciones de la garantía constitucional del debido proceso fueron consentidas por el fiscal general de la Cámara, quien mancilló de tal suerte su rol de “defensor” de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y la garantía del debido proceso en las causas no penales en las que interviniere. Ergo, si el Alto Tribunal desestimara el recurso de queja interpuesto por la diputada Graciela Ocaña (fallos 347: 729), la sentencia del juez inferior pasaría en autoridad de cosa juzgada, las graves violaciones constitucionales antedichas quedarían convalidadas y Cristina Elizabet Fernández tendría derechos irrevocablemente adquiridos sobre los extremos reconocidos en la sentencia del juez de la anterior instancia, hasta la fecha en que ambas asignaciones vitalicias fueron revocadas por la actual administración de la Anses, con fundamento en lo decidido por la Cámara Nacional de Casación Penal en una sentencia que todavía no se encuentra firme.

Luis René Herrero

Exjuez de la Sala II de la CFSS

lherrero@fibertel.com.ar

Deporte caro

El valor establecido para estar afiliado como jugador de un club de golf en la Argentina ha sido estipulado por la Asociación Argentina de Golf y aprobado por unos treinta clubes presentes en la asamblea anual ordinaria llevada a cabo en CABA el 16 de diciembre pasado en doscientos treinta y cinco mil pesos por jugador. Si se deseara fomentar el deporte en el país, lejos estaría el monto aprobado de ser una realidad, a la que se le debe sumar la cuota de socio de cada club, el equipamiento, etcétera. Mucho tiempo y esfuerzo se ha invertido en tratar de cambiar el estereotipo de que “el golf es un deporte caro”. Pues con la medida adoptada por la Asociación Argentina de Golf se lo ha logrado reafirmar.

Ricardo Helman

DNI 12.427.024

Botines vs. cultura

A través de un boletín oficial, la AFA oficializó que las entradas generales en los partidos de primera división costarán $20.000 y los jubilados, pensionados y las damas pagarán $10.000, mientras que los menores abonarán $5500 para presenciarlos. Mientras tanto hay museos nacionales, provinciales y municipales que o no cobran entrada o lo que cobran es un valor que no tiene ninguna comparación con los mencionados más arriba. ¿Botines sí, cultura no?

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Comuna 6

El GCBA en sus campañas publicitarias sobre el cuidado del medio ambiente nos advierte sobre la necesidad e importancia de separar los residuos domiciliarios orgánicos de los reciclables. Sin embargo, cuesta creer que en la calle Valle al 1000 hace más de dos meses se quitaron los contenedores de reciclables, solo están los orgánicos. Si bien la responsabilidad de hacer cumplir disposiciones es del señor Jorge Macri, la comuna 6 brilla por su ausencia no solo por este problema, sino por temas edilicios en los que ha sido ciega o laxa en prohibidas modificaciones de su patrimonio arquitectónico que tenemos que mantener los propietarios a nuestro total costo pagando onerosos impuestos.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

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