Carlos Gonella, el "fiscal militante" que asume su rol político y quiere perseguir "la corrupción privada"

Carlos Gonella es un arquetipo de la Justicia de la era kirchnerista. Varios de sus pares lo definen como un "fiscal militante". Él, lejos de molestarse por el mote, asume que su rol es político y no oculta su admiración por la Presidenta, a quien respalda en su cuenta de Twitter.

Este abogado cordobés de 39 años, que está a cargo de combatir la criminalidad económica y el lavado de dinero en la Argentina desde 2012, aún antes de ser designado fiscal, se especializó en la materia tras su nombramiento y tuvo una carrera veloz y ascendente. Es ahora fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, un puesto que nunca ocupó y quizá nunca ocupe.

"No es un negado. Estudia lo que hace falta y va para adelante. Ésa es su receta", dice un magistrado que lo conoce desde hace más de una década y pide el anonimato.

Gonella está a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y será indagado la semana próxima por la Justicia. Está imputado por el delito de prevaricato, acusado de haber excluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus dos hijos del dictamen que impulsó la investigación por lavado de dinero que se inició en 2013, luego de las revelaciones del programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata.

El fiscal federal Guillermo Marijuan, que estaba de licencia cuando ese expediente llegó a su fiscalía, denunció a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por haber designado al titular de Procelac sin concurso ni acuerdo del Senado y apuntó a Gonella en duros términos.

"No logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tienen a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etcétera, e igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad", señaló entonces Marijuan.

El colectivo Justicia Legítima, que nació para impulsar reformas desde el seno del Poder Judicial y que Gils Carbó y Gonella integran, emitió un comunicado de respaldo a los acusados tras la denuncia de Marijuan.

Símbolo de época

Gonella tiene un discurso acorde con la época. Repite, en charlas, artículos, dictámenes y ponencias, que "la corrupción es un fenómeno que nace con el capitalismo", que la "corrupción privada" es mucho peor y superior a la "corrupción pública" y que "son los staffs jurídicos y contables de empresas y bancos los que permiten la gran corrupción".

Admira al juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, califica como "nepótico, endogámico y reaccionario" al Poder Judicial y al Ministerio Público, que integra desde el año 2000; piensa que el sistema penal, hasta ahora, ha generado más exclusión que igualdad, y protesta porque las cárceles están llenas de excluidos económicos y culturales.

"No lo conozco tanto, pero sé que es una persona honesta y preparada, que tiene puesta la camiseta del interés público, de defensa de los intereses del Estado, y que está tratando de realizar en la práctica lo que todo el mundo predica pero pocos hacen: ir contra los peces gordos (históricos cueveros clandestinos, evasores fiscales, lavadores de dinero y prebendarios de la hacienda pública) y no quedarse en los «arbolitos» de la calle Florida", dice el fiscal de la Casación y miembro de Justicia Legítima Javier De Luca.

"Gonella es a la Justicia K lo que el juez Oyarbide fue a la Justicia menemista. Es funcional y está absolutamente alineado. Es todo un símbolo de época", dice un magistrado con más de 20 años de experiencia.

Nacido en Oliva, provincia de Córdoba, el 6 de noviembre de 1975, Gonella creció en una familia peronista, comprometida con la militancia social. "Dicen que está donde está porque es ahijado de Carlos Zannini, y sus padres son muy cercanos al funcionario, pero no es así, sólo que son de ciudades cordobesas vecinas", precisa alguien que lo conoce de su época del colegio Rivadavia.

Cuando el ahora fiscal tenía dos años, se mudaron a Villa María, donde aún vive su hermano, que tiene un quiosco. Su padre, Héctor Daniel, y su madre, Olga, fueron estudiantes de psicología hasta cuarto año, cuando abandonaron. El padre era albañil y jugador de fútbol y ahora es artesano de madera. Ambos fueron educadores de adultos en los 90 y ella ahora es profesora de yoga y reiki para la tercera edad. Viven en las sierras de Córdoba, igual que su hermana, que estudió cine y bellas artes.

Hincha de Belgrano, Gonella está casado con María Elena Trocoso, una abogada y actriz que trabaja como directora en la Secretaría de Cultura de la Nación, y es padre de dos hijos, de 8 y 11 años.

Hijo de la escuela pública, Gonella se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en 2000 y meses después ingresó por concurso como escribiente en un juzgado laboral. Hizo la carrera en tiempo y se recibió con buen promedio. Sus padres pagaron sus estudios porque no querían que trabajara mientras estudiaba. Luego, trabajó en un juzgado correccional y más tarde fue designado relator en un tribunal oral de la justicia federal de Córdoba, donde luego de un tiempo ascendió a prosecretario. En 2007, fue designado por la Corte Suprema prosecretario del Juzgado Federal 3, afectado al trámite de los casos de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura.

Sin vasta experiencia académica, a la Procuración General de la Nación llegó en 2008 gracias al secretario Fernando Córdoba, cercano al entonces procurador general, Esteban Righi. Se habían conocido en la carrera de especialización de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba, que Gonella coordinaba y tenía a Córdoba como profesor invitado. Entonces, empezó a concursar por cargos en el Consejo, donde no le fue muy bien, y en el Ministerio Público, donde siempre quedó ternado.

Primero fue nombrado secretario y estuvo afectado exclusivamente a casos complejos: principalmente a violaciones de los derechos humanos y a la causa de la voladura en 1995 de la Fábrica Militar de Río Tercero. En 2009, Righi lo nombró fiscal general subrogante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. En esa provincia y en La Rioja tuvo a su cargo acusaciones contra los ex jefes militares Luciano Benjamín Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla, entre otros.

Cuando Gils Carbó lo eligió para comandar la Procelac, sobre criminalidad económica no tenía nada escrito ni experiencia docente, aunque quienes lo aprecian destacan que había sido el fiscal del primer caso que llegó a una condena de prisión efectiva por lavado de dinero en el país, diez años después de la sanción de la ley. Ellos mismos dicen que, gracias a su trabajo, la Argentina saldrá este año de la lista gris del GAFI, el organismo intergubernamental que intenta combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Pero su frente más importante, ahora, es interno: pelear por la causa K desde dentro de la Justicia.

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