Cárceles en la Argentina: peor el remedio que la enfermedad
La realidad carcelaria de nuestro país viene atravesando un proceso de hacinamiento que derivó en la reciente declaración de la emergencia penitenciaria por el término de tres años. La grave situación que la justifica queda demostrada con los datos estadísticos publicados por la Procuración Penitenciaria y el sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena.
En todo el país hay 301 unidades penitenciarias y alrededor de 103.000 personas privadas de su libertad, de las cuales el 39% tiene entre 25 y 34 años y solo el 5% son extranjeros. En 2017 Argentina se encontraba en el puesto 16 a nivel mundial en población encarcelada, con 194 detenidos cada 100.000 habitantes. Estados Unidos lidera el ranking con 655, representando ello más de 2 millones de personas detenidas.
El servicio penitenciario federal dispone de 32 unidades distribuidas en 13 provincias y cuenta con una capacidad para alojar a 12.235 personas. Sin embargo, en mayo de este año se alcanzó el récord histórico de 14.291 personas alojadas en los centros de detención. Este número es alarmante si tenemos en cuenta que hace diez años la cifra era de 9247 personas y que solo en los últimos 3 años aumentó más de 3200 detenidos. Según indicó el ministro de Justicia Germán Garavano, esto se debe "a la exitosa política de seguridad pública que está llevando a cabo el Gobierno".
La situación procesal de los detenidos es llamativa. A nivel federal, 6 de cada 10 no tienen condena firme. Debido a que el 58% de las condenas impuestas establecen penas de 3 a 9 años, muchos plantean que para delitos no graves se flexibilice la posibilidad de adoptar medidas como el arresto domiciliario, con pulsera monitoreada electrónicamente. Hoy esta modalidad es utilizada por menos del 4% de los detenidos en todo el país.
Por otro lado, la situación en las cárceles no es nada fácil para los presos. La Procuración Penitenciaria constató en sus visitas a las cárceles federales que hubo más de 500 casos de torturas durante el 2018, de los cuales el 59% no fueron denunciados por miedo. En los últimos 10 años se registraron 189 casos de muertes violentas, 6 de cada 10 detenidos alguna vez fue robado y la mitad de los presos refirió haber padecido hambre durante su detención.
La situación en la provincia de Buenos Aires no es muy distinta. Actualmente su servicio penitenciario tiene más de 45.000 detenidos, habiendo aumentado su población carcelaria en un 33% en los últimos años. La sobreocupación sobre la capacidad instalada es del 62%, sumado a que el 60% de los detenidos en comisarías no tienen camas. Esta situación llevó a las autoridades a firmar un convenio con el gobierno nacional para transferir alrededor de 3000 detenidos a las cárceles federales.
Durante su administración, el presidente Macri inauguró un complejo en Mendoza. Se encuentran en construcción otros dos: uno en Coronda, provincia de Santa Fe, y otro en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Pero la solución no radica solo en más cárceles: el 70% de los detenidos son primarios, el 83% estaba desocupado antes de ingresar o contaba con trabajos inestables y el 69% solo tiene estudios primarios.
La sociedad no quiere libres a los que cometieron un delito, pero no hay que agotar ahí el análisis. Debemos hacer el esfuerzo de pensar qué hacemos con estas personas. El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, ha dicho que "si las cárceles se convierten en depósitos humanos crece el número de personas que son devueltas a la sociedad peor de lo que entraron". En este sentido termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
El autor es director de El Monitor de la Justicia
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