Cambios posibles, necesarios y consensuables ante el Pacto de Mayo

¿Puede Milei implementar la agenda de transformaciones que está proponiendo? ¿Dispone el Gobierno de capacidad de gestión para avanzar con ella? ¿Tendrá paciencia la sociedad argentina para aguantar las durísimas condiciones materiales que implican las correcciones macroeconómicas imprescindibles para poner el país en orden? ¿Conseguirá el apoyo parlamentario y político sin el cual, como quedó demostrado hasta ahora, se vuelve imposible imponer unilateralmente un cambio de paradigma? ¿Existe la chance de que la Argentina se deslice hacia una crisis de gobernabilidad como consecuencia de la actitud confrontativa de sectores políticos y sociales o de un intento de imponer la voluntad presidencial por encima de las reglas del juego constitucionales?

Estos son los principales interrogantes que se hacen quienes observan la situación política argentina. Existen en paralelo muchas dudas respecto de la estrategia económica. ¿Sigue siendo la dolarización un objetivo o el Presidente estaría satisfecho con un sistema “a la peruana”, donde es legal realizar todo tipo de contratos y transacciones en moneda extranjera? ¿Abandonó esta administración su supuestamente inquebrantable fe en los mecanismos de mercado, como sugiere el hecho de que nada menos que el ministro Luis “Toto” Caputo se reuniera con los principales protagonistas del consumo masivo para influir en sus decisiones de precios? ¿Irá a fondo con la desregulación y con la apertura comercial, a pesar de que eso implique cambios que abarcarían el régimen de promoción que impera en Tierra del Fuego? Y, fundamentalmente, ¿podrá hacer sustentable el ordenamiento de las cuentas públicas, más allá del esfuerzo por mostrar un superávit financiero los dos primeros meses del año? Esta última cuestión desvela a los numerosos bancos y fondos de inversión internacionales que visitan con inusitada frecuencia el país.

Es cierto que los mercados dan señales de optimismo respecto de las perspectivas de corto y mediano plazo. Los bonos soberanos siguen recuperándose y, por consiguiente, el riesgo país cayó por debajo del umbral de los 1500 puntos básicos. Continúa la tendencia alcista en las acciones de las empresas argentinas, en la plaza local y entre las que cotizan en la bolsa de Nueva York. La mayoría de los sondeos de opinión pública sugieren que el Gobierno retiene en la sociedad una cuota no menor de esperanza, aunque empieza a evidenciarse un inevitable desgaste, dadas las duras circunstancias imperantes. Ningún dirigente opositor logra capitalizar esto último. Por el contrario, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y Diana Mondino son las dirigentes con mayor imagen positiva, según la última edición del Monitor de Humor Social de D’Alessio-IROL/Berensztein.

Sería ingenuo suponer que este relativo “estado de gracia” de que disfruta el Gobierno pasados los primeros 100 días en el poder vaya a permanecer inerte mucho tiempo más. El propio oficialismo exhibe una clara preocupación en ese sentido. ¿Cuál es la premura por mostrar que la desinflación avanza sin pausas, aunque implique postergar la corrección en las tarifas de gas y transporte en el AMBA? ¿Avala Javier Milei una política de shock o se convirtió súbitamente al credo del gradualismo? No sería la primera vez que un funcionario hace lo contrario de lo que predicó cuando estaba en el llano. Pero estas reacciones, a veces espasmódicas, tienden a agrietar la supuesta coherencia y solvencia intelectual del líder libertario y a generar confusión en la opinión pública.

Incluso, el Gobierno se sume en una rara tendencia autodestructiva: se encierra a menudo en callejones sin salida o en situaciones con costos reputacionales significativos. ¿Qué sentido tiene agredir a periodistas y a empresas de medios? ¿Acaso el fervoroso dogma a favor de la libertad se esfuma cuando se trata de la libertad de prensa y expresión? Restan cargos muy importantes sin cubrir y, para peor, el Presidente se da el lujo de desvincular a funcionarios prestigiosos y experimentados, como Osvaldo Giordano. La candidatura de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia generó sorpresa y reacciones negativas. Se trata de una figura controversial y que no genera suficiente consenso como para lograr en el Senado el apoyo de la mayoría calificada que exige la Constitución, en especial porque llenaría la vacante dejada por Helena Highton y no se respetaría la diversidad de género. Más aún, el procedimiento que define el decreto 222/03, tal vez el único legado positivo de la administración Kirchner, que fomenta la opinión de la sociedad civil y un proceso deliberativo que ojalá prevaleciera en otras nominaciones de funcionarios, presupone una serie de polémicas que podrían abonar las dudas respecto de los criterios que imperan en la selección de personal que hace el Poder Ejecutivo. Pero el caso más notable es la incitación a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires que lanzó José Luis Espert y avaló el propio Milei. En primer lugar, porque el gobierno nacional aumentó la presión impositiva y, en el mejor de los casos, tardará mucho tiempo en bajarla si es que pretende cumplir con la premisa de la solvencia fiscal. ¿Podría limitarse la ira de los contribuyentes a un solo distrito? Pero mucho más difícil de explicar es el potencial disruptivo que tendría semejante evento. Una crisis severa fiscal y política en esa provincia impactaría en el frágil equilibrio que predomina en el nivel nacional y podría extenderse a otros distritos. Es cierto que el default de La Rioja pasó inadvertido en los mercados. ¿Sería igual si ocurriera en la principal provincia del país, no como resultado de un capricho del gobernador sino del colapso de la recaudación por decisión de los contribuyentes?

En las últimas semanas, no obstante, predominó una actitud más flexible y negociadora por parte del Gobierno, que trata de avanzar en la definición de los puntos fundamentales de la nueva “Ley de bases”, donde puede conformar una mayoría parlamentaria y evitar el papelón de febrero pasado. Esto se afianzó ante la constatación del consenso en Diputados para postergar el tratamiento del DNU 70, rechazado por una amplia mayoría en el Senado. Si bien circularon distintas versiones de ese proyecto, queda claro que al menos hay tres temas centrales que, si bien se necesita debatir y hay que definir detalles, constituyen cuestiones esenciales que permitirían alcanzar un común denominador. El primero, una nueva fórmula que evite una licuación aún mayor del ingreso de los jubilados. El segundo, una modificación del impuesto a los ingresos que revierta la irresponsable reforma del año pasado y brinde mayor previsibilidad de ingresos a los gobernadores, ya que se trata de un tributo coparticipable. Y, por último, una reforma laboral que flexibilice el régimen imperante y genere incentivos a la creación de empleo formal. Distintas fuentes consultadas, en el oficialismo y en la oposición, reconocen que este “núcleo de coincidencias básicas” permitiría avanzar con otras cuestiones que lucen más controversiales, como la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que serían menos prolongadas y más acotadas de lo contemplado por el proyecto original.

La polémica inclusión de Carlos Menem en el nuevo Salón de los Próceres de la Casa Rosada puede estar sugiriendo que, en esta nueva fase, con Milei y su entorno abandonando las encendidas narrativas de campaña y aprendiendo de sus errores, la política vuelva a ser “el arte de lo posible” y no un espacio para ideales utópicos y experimentos estrafalarios.

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