Cambiemos: ¿mejoró o empeoró la lucha contra la corrupción?
El Día Internacional Contra la Corrupción se celebra, como cada año, el 9 de diciembre. Será también ese día el último de la gestión de Mauricio Macri en el poder. En medio de esa danza cautivante del traspaso del mando presidencial, cabe preguntarse: ¿cuánto avanzó la Argentina en esa lucha bajo su gestión? ¿Hay riesgos ciertos de atascamiento en ese combate, ahora que los antiguos habitantes del poder vuelven a nuevos y primeros planos?
Mauricio Macri prometió, como parte del credo de su desembarco en 2015, una mejora profunda en la calidad institucional, fomentar la transparencia y liderar la ofensiva contra la corrupción. Bajo el calor de otra promesa, la Argentina comenzó a mirarse en el espejo de un selecto club de naciones que, con sus manuales de buenas prácticas, podrían ayudar al país a avanzar por esos senderos.
Con la posibilidad de ser una invitada a la OCDE, la Argentina cumplió con buena parte del repertorio normativo que señalaban sus orientadores. La tan esperada ley de acceso a la información pública, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la ley del arrepentido, entre otras, fueron parte de ese muestrario. Una consagración normativa que dista un abismo de su aplicación práctica. El decreto 746 del 2017 le quitó a la Agencia de Acceso a la Información Publica buena parte de la escasa autonomía y autarquía que declamaba la ley, los fallidos Programas de Participación Publico Privada (PPP) para la obra pública consintieron que en las licitaciones permanecieran empresas confesas de conductas impropias, y la reciente creación de una Agencia Nacional de Protección de Testigos decidió poner bajo confidencialidad lo actuado por el Poder Ejecutivo en la ejecución de ese programa en el que se habrían repartido llamativos beneficios para los arrepentidos. Es, también éste, otro repertorio del notable contraste entre el decir y el hacer.
En materia de rankings internacionales, la Argentina pasó en las mediciones de percepción de la corrupción que realiza Transparency International, del puesto 107 (2015) al 85 (2018) entre 180 países, aunque en la práctica -a lo largo de esos cuatro años de gestión- la mejora fue de solo 8 puntos (pasó de 32 a 40 sobre 100 posibles), zafando apenas de quedarse en un permanente aplazo.
El Banco Mundial, por su parte, mostró una mirada más benigna sobre algunos logros de la era macrista, especialmente acerca del estado de derecho y del control de la corrupción, dos de las seis dimensiones con que la entidad internacional mide la gobernabilidad en el concierto de las naciones. En materia de calidad del estado de derecho, nuestro país pasó de obtener 24 puntos en 2015 a 46 en 2017, aunque ese crecimiento mostró un estancamiento durante el 2018 al repetir idéntico marcador. En la práctica, se acercó al promedio que muestra América Latina y el Caribe (49), pero permanece por debajo del mejor indicador de la serie para el país, que fue de 54 puntos en 1996, justamente cuando comenzaron las mediciones. En materia de control de la corrupción, la Argentina avanzó de una marca de 34 en 2015 a obtener 54 en 2018, superando por primera vez al promedio de América Latina y el Caribe (53) e igualando el mejor valor de la serie del país que data, también, de 1996.
Si bien merece celebrarse ese gran avance, una mirada despojada indica que el país -en ambas variables- apenas se acercaría a igualar su mejor performance, tras 22 años de ejercicio democrático, y que lo mejor que hemos mostrado al mundo -hasta ahora- son el estado de derecho y el control de la corrupción de la era menemista (1996).
Pero en materia de lucha contra la corrupción mandan las percepciones y en muchos casos resulta decisivo el sentir de la ciudadanía. Las cifras que muestra el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de Transparency International para América Latina y el Caribe, con respuestas directas de los ciudadanos, son lapidarias. El 67 % de los argentinos cree que el gobierno ha hecho mal las cosas en materia de lucha contra la corrupción (en 2017 la desaprobación era del 42%). El 49 % cree que la corrupción se incrementó en los últimos doce meses (un porcentaje similar, paradójicamente, al que obtuvo la formula opositora más votada). Al mismo tiempo, la sospechas de corrupción sobre la institución presidencial se incrementaron del 40% en 2017 al escalofriante 63 % del 2019.
Para un gran número de ciudadanos, Mauricio Macri no estuvo a la altura de las promesas asumidas, ni las mejoras introducidas por su gobierno se plasmaron en percepciones de cambios sustanciales. Pero el fracaso de esta batalla es de la clase política argentina toda. Hay que sumar también a los empresarios argentinos, cuyo comportamiento ético de sus empresas ocupaba en 2017 el puesto 130 entre 137 países, según el indicador de competitividad global del World Economic Forum (WEF), sin olvidar a la justicia, cuya independencia como Poder se ranqueaba en el puesto 112 entre 141 países (WEF 2019). Y por supuesto como componente central de esta amalgama complaciente con la corrupción, a la sociedad argentina, que sin tapujos señalaba en las encuestas del Latinobarómetro 2018, con un 40 % de respuestas favorables, que "pagarían el precio de cierto grado de corrupción" en la medida que se solucionen los problemas del país (un sutil reperfilamiento del más popular "roban pero hacen").
Ejemplaridad, educación, justicia independiente, sanciones reales y efectivas, apego a la ley, políticas de estado, son algunos mojones del camino por recorrer.
La imagen de Laura Alonso concurriendo a declaración indagatoria por la supuesta protección al exministro Aranguren no es el mejor cierre para una política fallida, miope y dependiente de la Oficina Anticorrupción a su cargo. La transmutación que intentan los nuevos habitantes del poder de las investigaciones y juicios por corrupción -en progreso- a la categoría de "lawfare" (guerra judicial), las menciones a que los perseguidores podrían terminar perseguidos y la huella fría de malos indicadores de la lucha anticorrupción en su anterior gestión, presuponen que habrá un largo y arduo camino para mantener vigorosa la batalla contra el mayor flagelo que azota a la sociedad argentina. Un flagelo que la condena al atraso, la decadencia y el subdesarrollo.
Abogado. Profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
Por Marcelo Bermolén
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