Buenos Aires, la provincia. ¿Un laberinto sin salida?

La rebelión policial que sacudió la semana pasada a la provincia de Buenos Aires fue impactante por la magnitud y la forma de la protesta, aunque estuvo lejos de ser novedosa. Los magros salarios del personal policial –al igual que los sueldos de los maestros o los médicos bonaerenses– son motivo de un reclamo largamente instalado.

Esta protesta, que llegó hasta las puertas de la residencia presidencial de Olivos, y la multiplicación de las tomas de tierra, que reflejan un déficit habitacional también de larga data, reavivaron el debate sobre la supuesta inviabilidad de una provincia que, además de las carencias estructurales y de recursos que nunca alcanzan, acarrea también un problema de identidad. "La provincia de Buenos Aires no funciona porque está sobredimensionada y mal diseñada", resumió el politólogo Andrés Malamud hace unos días en una entrevista con este diario.

La mayoría de los analistas consultados para analizar estos problemas coincide en que el tamaño de su superficie y el número de habitantes, en relación con los recursos de que dispone, vuelven inmanejable la provincia. Buenos Aires tiene una extensión de unos 300.000 kilómetros cuadrados y viven en ella unas 17 millones de personas, casi el 40% de la población total del país. Si bien aporta un 35% del PBI nacional, el dinero que recibe por la ley de coparticipación de 1988 (que en ese entonces le quitó siete puntos) la ubica muy abajo en el escalafón. De acuerdo a un informe que elevó en enero de este año el Ministerio de Economía al Senado, Buenos Aires recibió ese mes $2361 por habitante. En cambio, Santiago del Estero accedió a $7333 y Tierra del Fuego multiplicó por seis la cifra percibida por Buenos Aires, con $14.333 por habitante.

"En general, el gobierno bonaerense está fiscalmente ahorcado y gasta en cosas imprescindibles, como los salarios de la policía, maestros, médicos y enfermeros, y le queda muy poca plata para hacer obras o inversiones", dice Carlos Gervasoni, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. "En el gobierno nacional a veces tratan de ayudar al gobernador cuando existe sintonía política. Pasó con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y está pasando ahora con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Le giran dinero excepcional por fuera de la coparticipación, pero eso representa un salvavidas que no cambia la situación de forma permanente".

Según Gervasoni, si se transfiere un punto de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires a la provincia, como lo decidió de forma unilateral y sorpresiva el Presidente la semana pasada, y se utiliza esa suma para la seguridad, apenas alcanzará para cubrir el aumento de los 90.000 policías bonaerenses, que representan un quinto de los empleados públicos que tiene Buenos Aires.

¿Hay solución para la falta de recursos? Gervasoni ve como "razonable", aunque "bastante impracticable" en el corto plazo, la idea de dividir la provincia en distritos más chicos. En relación con el tema fiscal, considera que Buenos Aires tiene poco peso político real para imponer cambios de envergadura.

"La provincia tiene setenta diputados, muchos menos de los que debería tener por su población. Tiene un solo gobernador y no tiene identidad propia. Es muy difícil movilizar a la provincia para que logre algo que le conviene o que sería justo", señala Gervasoni.

"En 2018, María Eugenia Vidal fue al Congreso a solicitar más recursos para los bonaerenses. Miren qué paradoja: estamos muy de acuerdo con Vidal", dijo hace unos días Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof. Su maliciosa ironía refleja que por mucho que distinga la orientación política a los gobernadores bonaerenses (el peronismo gobernó a la provincia durante veintiocho años desde la vuelta de la democracia, vale aclarar) todos están de acuerdo en que la plata no alcanza para salir de la dinámica de la manta corta.

Identidad difusa

Otro punto clave que contribuye a las dificultades administrativas de Buenos Aires es su falta de identidad común o, visto de otra manera, sus múltiples identidades sociodemográficas y políticas. Cuesta encontrar realidades y necesidades comunes entre un chacarero de Pergamino y una trabajadora social de Lanús o el dueño de un teatro en Mar del Plata. "La identidad bonaerense no existe. Es una ficción. Hay una dialéctica esquizofrénica por parte de los gobernadores en insistir con eso. Siempre dicen ‘los bonaerenses son esto, quieren lo otro’ y no es así. Porque por un lado tenés grandes ciudades, como Bahía Blanca o Mar del Plata, y por el otro está el conurbano, que es una expansión del manchón urbano de la ciudad de Buenos Aires, y que mira hacia la ciudad. Esto no es una provincia sino un conglomerado de provincias", dice Jorge Ossona, historiador y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Esta contigüidad con la ciudad de Buenos Aires desdibuja la identidad del conurbano bonaerense en función de una más metropolitana. Cuando no regía la cuarentena, más de tres millones de personas se desplazaban diariamente del conurbano hacia la ciudad. Así, están expuestos a la dinámica cotidiana porteña, están al tanto de su política, consumen medios de comunicación nacionales, y asisten a universidades y hospitales porteños. Por caso, los últimos gobernadores fueron todos porteños, una condición que parece inimaginable en cualquier otra provincia del país y que los distancia de la realidad rural de los pueblos y ciudades del interior bonaerense.

"Esto ocurre porque hay políticos que se hacen populares en la Capital Federal o a nivel nacional y que tienen credenciales para ser candidatos. Además de que las leyes en la justicia electoral son súper laxas. Pero resulta después muy difícil gobernar si la autoridad máxima de la provincia llegó por arriba, como un paracaidista", apunta Gervasoni.

Tierra de barones

Si bien el conurbano abarca aproximadamente entre 30 y 35 distritos de los 135 que cuenta en total la provincia, su densidad poblacional lo convierten en la proa de la provincia que marca el rumbo político.

"La reforma constitucional de 1994 suprimió los colegios electorales y así le dio un peso inmenso a la provincia de Buenos Aires y al conurbano en particular. Sin los colegios electorales, La Matanza tiene el poder de definir quién va a ser el presidente de la Nación. Y eso es un problema heredado de la crisis del 2001, de un Eduardo Duhalde que llega a la presidencia y logra construir poder a través de los barones del conurbano. Los intendentes peronistas se convierten en su principal bastión", marca Ossona. Los barones del conurbano, muchos perpetuados durante décadas en la intendencia de un partido, lograron construir un poder territorial muy férreo y atado a su figura, de características clientelistas. Si bien durante la gestión de María Eugenia Vidal se aprobó una ley que impide la reelección indefinida de los jefes comunales, hay ciertas estructuras basadas en el clientelismo y el manejo discrecional de los recursos que parecen destinadas a perdurar a pesar de que haya un recambio de figuras.

Conviven en el conurbano una diversidad de clases sociales marcadas por la falta de respuesta a sus reclamos, ya sean de seguridad, de trabajo o de vivienda.

Con el correr de las sucesivas crisis económicas y el fin del modelo de sustitución de importaciones del siglo XX, el tejido social del gran Buenos Aires, histórico receptor de trabajadores industriales migrantes, se fue degradando. "La economía doméstica y el mercado interno de pequeñas y medianas empresas y de cuentapropistas fue entrando en crisis. Sobrevino un deterioro de las fuentes de trabajo y ya no hubo industrias o servicios suficientes para una población que siguió creciendo. Como no hay demanda de trabajo, esas poblaciones fueron creando su propio empleo, cada vez más marginal. Empleos de pobres para pobres", explica Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

Hoy, el conurbano bonaerense es el principal foco de pobreza del país. Según datos del Indec, el 40,5% del Gran Buenos Aires es pobre y el 11,3% indigente. Si se toman los datos de la UCA, que además contempla las carencias estructurales y de infraestructura, el número de pobres alcanza al 47,6% en la provincia.

Salvia señala que lo que se construyó fue una "economía de subsistencia" poco vinculada a las clases medias formales o profesionales, que sí están integradas a un modelo de producción y de conexión con el mundo. Y que incluso pueden permitirse formas de vida más holgadas en countries o en zonas levemente más acomodadas del conurbano, como el área norte de la provincia o nichos en el sur o el oeste.

Los sectores más postergados se refugian en la economía informal. Viven de changas, de actividades eventuales y también de los beneficios que dan los planes sociales.

¿Qué hacer entonces? "La economía social tiene sus propias lógicas, es cooperativa, solidaria, es una economía que se basa en acuerdos informales. Se necesita mayor capacitación y más trabajo. Que se organicen las cooperativas, no que reciban una ayuda social. Necesitan una remuneración justa y derechos laborales", asegura Salvia.

Las tareas a las que se pueden aplicar estos trabajadores van desde el saneamiento y la recuperación ambiental hasta la construcción y refacción dentro de los barrios populares, o tareas de cuidado de quienes viven allí. "Las actividades que necesita la pobreza demandan mucho trabajo", enfatiza Salvia. Pero advierte: "El conurbano requiere invertir en los más pobres, y esto parece una fantasía cuando le estás sacando a las clases medias de CABA para ponerlo en el sistema de seguridad de Buenos Aires. Acá las cosas se mueven al ritmo de las urgencias y no por planes y estrategias coordinadas".

Una gran deuda vinculada a la falta de políticas y que, por su lógica anárquica, reproduce y cristaliza la pobreza, es la falta de vivienda y de desarrollo urbano. En las últimas semanas cobró relevancia la toma de tierras privadas en Guernica. De un día para otro, un millar de vecinos de Presidente Perón y aledaños se instalaron con carpas y casillas y dividieron el terreno para vivir allí.

Sin soluciones

Algunos llegaron impulsados por la necesidad de una vivienda que perdieron por la crisis del coronavirus y otros, nucleados en organizaciones territoriales, para aprovechar el negocio y vender ilegalmente esos lotes. La Justicia determinó que para la última semana de septiembre el predio sea desalojado. A raíz de esa resolución, los ocupantes y organizaciones sociales pidieron formar una mesa de diálogo con la intendenta Blanca Cantero. Cantero los rechazó y ahora la gobernación busca negociar con intendentes para instalar a esas familias en tierras fiscales hasta que puedan darles una solución más definitiva.

El problema es que los jefes comunales ya conocen el paño y saben que, si la gobernación no se ocupa, no tienen recursos para resolver la crisis habitacional ni la fuerza policial para desalojar estos movimientos ilegales. Hace dos semanas, un grupo de intendentes del PJ con terrenos tomados en sus municipios presionaron a Kicillof para que el gobernador apure los desalojos.

"Sistemáticamente, desde hace tres décadas los censos vienen mostrando que la problemática habitacional se agrava en todo el área metropolitana. A esta altura es una cuestión estructural", dice Mercedes Di Virgilio, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, especialista en estudios urbanos.

Mercado informal

"La Argentina no ha sido muy activa en la producción de viviendas sociales. Tiene un mercado inmobiliario muy mercantilizado. Aun en las áreas en donde existían tierras vacantes y se producían asentamientos o villas se fue instituyendo el mercado informal. Vivir en una villa no es gratis", agrega la experta, en referencia a los alquileres o ventas informales de estos terrenos.

Quien crea que una toma no tiene una lógica organizada está equivocado. Si bien se desprenden de una necesidad habitacional real, el proceso de asentarse en un terreno se hace de forma organizada y masiva, usualmente con guiños desde la política o fogueada por movimientos sociales o religiosos. Este tipo de asentamientos no solo son un foco de desigualdad y pobreza sino también de inseguridad e informalidad para los vecinos que, muchas veces, quedan a merced de punteros políticos. Y si el intendente o el gobernador lo avala como una forma de desagotar el reclamo, la formalidad y la urbanización de esos terrenos llegará mucho después y de forma desorganizada. Así se replica un esquema de pobreza estructural e inseguridad difícil de romper.

Para Di Virgilio, sin embargo, hay alternativas más constructivas. "Por un lado están las políticas de mejoramiento de barrios. Son siempre políticas ex post, que mejoran estas situaciones pero que se piensan como intervenciones aisladas. Eso es insuficiente. Lo que habría que hacer son políticas de mejoramiento de barrios sobre estas urbanizaciones, acompañadas de otras iniciativas de producción de vivienda social y políticas de alquiler social o acceso al crédito. En el mundo, el alquiler social es un mecanismo para regular el precio de los alquileres y de los inmuebles en general".

Un ejemplo de esta iniciativa, aunque muy distante de nuestra realidad, es la ciudad de Viena. Allí hay alrededor de 200.000 viviendas sociales o de "protección oficial" con alquileres más accesibles que en otras ciudades de Europa, que representan la mitad de las plazas totales de la ciudad. Si además se suman a ello los alquileres "de renta controlada" (con límites a los aumentos), ese número asciende al 60%.

Acceder a una vivienda propia construida con un criterio y una visión urbana no solo significa tener un techo y servicios sino también una conectividad con centros urbanos, transporte público, acceso a la salud y menos riesgo de sufrir hechos delictivos.

La provincia de Buenos Aires es una masa heterogénea y tan tentadora como desafiante. Extensa y con una identidad difusa, se la ha calificado de "ingobernable". Paradójicamente, ostenta la cualidad de ser un bastión de poder nacional para quien la conquista electoralmente, pero no una plataforma para que sus gobernadores puedan dar un salto hacia la presidencia, aun después de haber conducido el distrito más grande del país. Históricamente peronista, hoy es la base de poder del kirchnerismo.

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