Bajan los subsidios pero el gasto del Estado sigue subiendo
Poco después de anunciarse el último aumento de tarifas en trenes y colectivos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , admitió que, a pesar de esos incrementos, no habría una reducción significativa de los subsidios que paga el Estado y que constituyen una de las principales razones del déficit fiscal.
Según el presupuesto nacional aprobado para 2018, el monto de subsidios al transporte este año rondaría los 94 mil millones de pesos, una cifra muy similar a la de 2017. Esta previsión supondría una baja de los subsidios en términos reales, frente a una inflación anual que el gobierno de Mauricio Macri proyecta en el 15% y que, según distintos economistas, podría ser unos puntos mayor. Pero el ahorro para el Estado tiene sabor a poco, especialmente si se compara con el costo político y social que representa cualquier aumento en el transporte de pasajeros.
A diferencia del transporte, los ahorros obtenidos en materia de subsidios a la energía fueron mucho más importantes. De acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en datos del Ministerio de Hacienda hasta noviembre de 2017, los subsidios energéticos se redujeron el año último en 66 mil millones de pesos respecto de 2016. Pero el problema radicó en que el resto de los subsidios económicos subieron en 30 mil millones de pesos, mientras que los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias aumentaron en otros 33 mil millones de pesos en igual período.
La conclusión es que lo que el Estado nacional se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía y el consiguiente aumento de tarifas de luz y gas fue empleado para aumentar el gasto público en otros rubros.
“El grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte y tienen como principal finalidad subsidiar a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. El mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios”, señala el trabajo de Idesa, según el cual se podrían ahorrar recursos si la Nación abandonara la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales. El vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) también contribuye a que los ahorros en los subsidios energéticos no se noten en las cuentas fiscales finales.
Apunta el estudio de Idesa que mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec arrojó que la inflación de 2017 ascendió al 24,8%, la llamada “inflación núcleo”, que excluye a los productos estacionales y a los precios regulados, fue del 21,1%. Se deriva de estos datos que “lo relevante no es tanto el desvío que el ajuste de tarifas ocasiona en el índice de inflación, sino el hecho de que la inflación sigue siendo elevada, aun sin considerar el ajuste de tarifas”.
La explicación que a este fenómeno le asignan distintos economistas guarda relación con el elevado nivel de gasto público y de necesidades de financiamiento del Estado, que impactan en el alto déficit fiscal.
Economistas de la Fundación Libertad y Progreso, como Aldo Abram y Agustín Etchebarne, han insistido en la necesidad de que, en lugar de endeudarse para financiar el pago de salarios en el sector público, el Estado tome deuda para financiar la reducción del empleo público, que entre los años 2001 y 2016 pasó de 2,3 millones a 3,6 millones de agentes. Un dato impresionante si se tiene en cuenta que ese crecimiento representa un 56%, cuando en igual período la población total se incrementó en poco menos del 20%.
Si se toma exclusivamente a las provincias, el crecimiento del empleo público cobra mayores dimensiones, por cuanto el número de agentes públicos provinciales cada mil habitantes era de 36 en el año 2001 y de 52 en 2016, lo que implica un aumento del 44%.
El reciente compromiso de responsabilidad fiscal que firmaron los gobernadores provinciales con el gobierno nacional apenas obliga a aquéllos a garantizar que el empleo público en sus provincias no crezca más que el aumento de la tasa poblacional y que el gasto público no aumente en proporción mayor a la inflación.
La alternativa que estudia el gobierno nacional, anunciada ayer por LA NACION, de ofrecer a los gobernadores provinciales planes de financiamiento para jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios de los empleados públicos es una primera medida hacia una reducción del personal en la administración estatal. Una innovación para la que aún resta conocer si tal programa se financiará con préstamos o con otro festival de subsidios.
Por Fernando Laborda
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