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Baches de ética en el Congreso
La sonriente presencia del vicepresidente Boudou en el debate senatorial sobre la expropiación de una empresa a la que se hallaría vinculado y el modo en que tramitó en la Cámara de Diputados el proyecto de transferencia de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco de la Nación Argentina muestran las nocivas consecuencias de la falta de una regulación específica de ética pública en el Congreso de la Nación.
La necesidad de una normativa que permita garantizar la independencia y la transparencia de la función parlamentaria fue satisfecha en diversos países de la región, como es el caso de Chile, pero permanece como una cuenta pendiente de nuestro Congreso.
Esto no significa que los legisladores estemos exentos de cumplir con los deberes aplicables a quienes ejercen la función pública, de acuerdo con la ley vigente de ética en el ejercicio de la función pública. En razón de esta ley, todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo -sean o no elegidos por el voto popular-, Legislativo, Judicial y de otros organismos públicos centralizados o descentralizados debemos abstenernos de intervenir en todo asunto cuyo resultado pudiera beneficiarnos.
Sin embargo, Boudou , pese a la existencia de una causa judicial que investiga sus conexiones y las de sus amigos con la empresa cuyas deudas pagará a partir de ahora el Estado nacional, además de dirigir el debate en el Senado pudo haber intervenido y dirimido la cuestión con su voto en caso de un empate, tal como lo puso de relieve la senadora Laura Montero.
De manera similar, en la sesión de Diputados del 8 del actual, así como en los debates previos en las comisiones, el diputado Carlos Heller, quien preside un banco que compite directamente con el banco afectado por el proyecto que ahora se halla en estudio en el Senado, fue el miembro informante de la fuerza política que terminó aprobando esta iniciativa.
El diputado Heller, además de ocupar desde 2005 el cargo de presidente del banco, fue gerente general de la entidad desde 1979. Dada esa trayectoria, es razonable la existencia de múltiples lazos con la institución. La posibilidad de que su intervención protagónica pudiese provocar un beneficio para el banco con el que está vinculado debió haber motivado, al menos, una explicación de los posibles elementos peligrosos para su independencia e imparcialidad. Frente a ello, es absolutamente irrelevante que se trate de una cooperativa, como trataron de justificar en el bloque oficialista.
La falta de aplicación de la ley 25.188 de ética pública en el Congreso y la ausencia de, por lo menos, una agencia específica idónea en el Congreso para controlar el comportamiento ético del cuerpo parlamentario permiten que se pasen por alto conflictos de interés, dando lugar a bochornos como los que mencionamos.
La posibilidad de que un legislador sea a la vez lobbysta de intereses distintos de los públicos no está suficientemente neutralizada por los mecanismos existentes, y tal ausencia de control provoca que la forma en que se toman las decisiones quede bajo sospecha.
© La Nacion
Por Manuel Garrido
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