Argentina, una república bananera
La Argentina se encamina cada vez más hacia una república bananera*, donde la división de poderes es una mera ficción que alguien alguna vez incluyó en nuestra Constitución, pero que dista mucho de ser respetada.
Es que en cualquier república más o menos seria jamás la convocatoria a una marcha para echar a los miembros de Corte Suprema de Justicia, en este caso, efectuada por el piquetero Luis D´Elía -condenado por la Justicia Federal por la toma de una comisaría en La Boca en 2004- puede ser apoyada por un viceministro de Justicia. Pero, menos que menos aún, por el primer mandatario.
La sola insinuación del tema por un funcionario del Poder Ejecutivo debería conllevar el repudio absoluto de todo el arco político y el pedido de renuncia del Presidente a quien insinuare, en lo más mínimo, querer ejercer, desde un cargo público, algún tipo de acción destituyente hacia otro poder del estado. Máxime si es una garantía del sistema republicano que la Justicia deba funcionar -justamente- de manera independiente.
Cualquier acción en contrario, resultaría un atropello contra la división de poderes y una afrenta de gravedad institucional contra la defensa de la democracia y el estado de derecho.
Nada de esto ocurre en nuestro país y nos acostumbramos a estas embestidas del actual gobierno contra el Poder Judicial, que dejan en descubierto lo que todos sabemos: “el único plan que tiene esta administración es obtener la impunidad de quienes se encuentran procesados por delitos de corrupción contra la administración pública”.
![](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/delia-durante-la-toma-de-la-comisaria-24-de-la-HPTIXDLUUBFXLDHUMO3RW6MT5A.jpg?auth=faf436f8ab9b509aad537e923667beea57f60c506423a624495d74fce07b77a0&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
No hay dudas, señor Martín Mena, que las expresiones populares son una garantía de la democracia, pero aquéllas no pueden ser apoyadas por miembros de un poder del estado en contra de otro. Y, aún en el caso de que efectivamente tuvieran un problema en su funcionamiento, según lo expresara públicamente el presidente Alberto Fernández, ello nunca podría acarrear que su solución sea promocionar su escarnio público a través de una movilización desestabilizadora.
Señor Presidente, el desempeño de su cargo conlleva el juramento de ejercerlo con apego a la Constitución Nacional y a su sistema republicano de gobierno. Usted no puede, no debe y no tiene que atacar públicamente a la Justicia buscando influir en sus decisiones.
Imaginemos por un momento si cada poder del estado, ante su opinión sobre el mal funcionamiento del otro promoviera entonces manifestaciones populares para echarlos. No alcanzarían los días para marchar en reclamo por la renuncia del actual gobierno, el que, desde sus inicios hasta aquí, solo ha acumulado desaciertos.
Ante manifiesta inestabilidad institucional, fuera de dictaduras anárquicas como las de Nicaragua, Venezuela, Irán y Cuba, es entendible que la Argentina no pueda conseguir los apoyos que necesita de la comunidad internacional para renegociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los desaguisados de su política exterior ya no conocen parangón.
Luego de largos años de dictadura militar, la vuelta a la democracia sigue siendo un valor que todos los ciudadanos debemos defender. En ello, no existen banderías políticas, sino los principios constitucionales de división de poderes e instituciones republicanas robustas que los argentinos necesitamos para poder soñar con algún día volver a ser un país en serio.
* Según Wikipedia, la expresión peyorativa “república bananera” se utiliza para describir un país que es considerado políticamente inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de unos pocos productos de escaso valor agregado (simbolizados por las bananas), gobernado por un dictador legitimado de manera fraudulenta o una junta militar, sometido a la hegemonía de una empresa extranjera, bien sea mediante sobornos a los gobernantes o mediante el ejercicio del poder financiero. (Nota del autor)
Exsecretario de Vivienda de la Nación