Aquí todo el mundo delibera

Por una de esas casualidades, ¿alguien leyó el artículo 22 de la Constitución nacional? Digo yo, ¿lo tendrán en cuenta (a dicho artículo, también llamado "el loco") las autoridades nacionales, los gremialistas y el séquito de entidades y grupúsculos que prestan adhesión al Gobierno o que sazonan el estofado opositor? El artículo 22, para nada toqueteado por quienes practicaron la enmienda de 1994, establece lo siguiente: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición".

"¿Está claro? ¿Queda alguna duda?", indaga el constitucionalista empírico Escipión Peribáñez, y su insistencia al respecto obedece a motivos por demás estridentes: "Hoy por hoy -dice-, el pueblo delibera a destajo. A diario, densas muchedumbres usurpan espacios públicos y prestan coro y bombos a inocuas asambleas, que se celebran con el único propósito de trastornar a las auténticas mayorías. Como se sabe, las auténticas mayorías son silenciosas, estoicas y prudentes, y se las arreglan bastante bien para afrontar la cruda realidad".

El prestigioso jurisconsulto está casi convencido de que el 99 por ciento de los líderes y seudolíderes políticos y sociales no tiene la más remota idea de que la Constitución incluye un artículo 22 que manda lo que manda.

A su entender, si aquí y ahora todo el mundo delibera es porque pululan las corporaciones dudosamente populares, tan conflictivas como conflictuadas, que extralimitan sus prerrogativas. "A menudo, en nombre de interpósitos derechos humanos -intuye Peribáñez-, no pocos capitostes sectoriales de recia estampa propician el caos urbano y procuran imponer su prepotencia para desfogar denuestos y para fingir que la democracia les acuerda tan feo papel? Hay asambleístas que se suponen autorizados a ocupar y bloquear, con antojadiza alternancia, rutas, calles, fábricas, escuelas, ministerios y, ya que estamos, un puente internacional. Un disparate de lesa constitucionalidad."

El doctor Peribáñez se reconoce contrariado y algún motivo lo asiste: su cátedra de Derechos del Prójimo está por ser eliminada, por candorosa y quizá por inservible, de los currículos académicos. Aun así, nada lo sulfura más que la estéril inmadurez y la incoherencia que exhibe el paisaje institucional: "Los desbarajustes que acabo de mencionar se cometen con la parsimoniosa complacencia del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales. "¡Qué espanto! -farfulla-. Nadie le lleva el apunte al artículo 22."

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