Aprender de Europa
Europa parece estar de capa caída. El Brexit ganó el plebiscito en el Reino Unido, y en varios países hay sectores de extrema derecha o de extrema izquierda que encuentran en la Unión Europea al culpable de la inmigración, del debilitamiento del estado de bienestar y del impacto del cambio tecnológico en el empleo y en las remuneraciones.
Sin embargo, la Unión Europea es la más importante construcción colectiva de paz, democracia y cooperación de la historia de Occidente. Hay mucho que aprender de esa construcción. Una de las experiencias más interesantes es la política y los instrumentos europeos para equilibrar el desarrollo relativo de los distintos países y regiones.
Nuestra Constitución también expresa la preocupación por el equilibrio territorial cuando establece que corresponde al Congreso "proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".
La diferencia entre el enfoque europeo y el nuestro es que, hasta ahora, hemos pretendido equilibrar la desigualdad realizando transferencias supuestamente igualadoras (y a menudo discrecionales) a los "gobiernos" de las provincias más pobres.
Los europeos transfieren recursos a las sociedades y no a los gobiernos. Financian programas nacionales o subnacionales que responden al objetivo del desarrollo económico y social sustentable. Dada una estrategia de desarrollo nacional y local, financian aquellos proyectos coherentes con esa estrategia. En general, la gestión de esos proyectos se organiza con la participación del sector empresario, las universidades, la sociedad civil y los Estados nacionales o locales.
Hay tres categorías de regiones según el diferencial de PBI per cápita respecto del promedio europeo. Las inversiones en las regiones más atrasadas se destinan principalmente al objetivo de "crecimiento económico y empleo privado".
Para los europeos, "competitividad" y "empleo sustentable" tienen ingredientes más complejos que la inversión en obra pública: dan importancia a la inversión en recursos humanos e institucionales. En 1993 consagraron el principio de subsidiariedad, según el cual la toma de decisiones debe llevarse a cabo de la forma menos centralizada y más local posible. Asumen que el desarrollo económico y social emana de procesos endógenos. Por eso muchos de los programas financiados con fondos estructurales europeos son nacionales, pero muchos otros son subnacionales. La necesaria asociación de universidades, empresas, agencias especializadas, sociedad civil y Estado se coordina en forma más eficiente en el nivel local. La densidad del entramado institucional local para el desarrollo es condición (y resultado) de las inversiones que lleva adelante la Unión Europea para el equilibrio territorial.
En nuestro país, más del 80% de la masa salarial formal privada se concentra en las regiones metropolitanas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Mientras que en el resto del territorio se dispersa menos del 20% de la citada masa salarial. Esa masa salarial formal y privada es reducida respecto de los ingresos informales y los empleos del sector público.
En los últimos años, los mejores precios de la producción pampeana se canalizaron, a través de la coparticipación y de otros fondos especiales, en aumentar el empleo público: todo el incremento de los puestos de trabajo fue generado por el sector público provincial y municipal.
Ese modelo se agotó. Ni las finanzas nacionales ni las provinciales y municipales pueden seguir ofreciendo empleos a las nuevas cohortes que se incorporan al mercado de trabajo.
No tenemos instrumentos como los "fondos estructurales". Mucho menos entramados institucionales suficientes para la gestión local del desarrollo económico y social.
La diferencia entre el enfoque argentino y el europeo no es menor: una cosa es aumentar el gasto y el financiamiento de los "Estados" y otra es el desarrollo y el empleo privado competitivo.
En un caso estamos inflando el empleo público y en el otro estamos permitiendo que la sociedad se desarrolle creando bienes y servicios que puedan competir y sostener sueldos altos. Ese desarrollo privado es el que mantiene -a través de sus impuestos- más y mejores servicios públicos.
No se trata sólo de reorientar el sentido del gasto: el corpus europeo para la gestión de los fondos estructurales incluye conceptos, instituciones, reglamentos, organización, información, control de impacto de las políticas y su retroalimentación. Es un desafío formidable para un país como el nuestro, que carece de información pública suficiente y de recursos humanos e institucionales para la gestión del desarrollo. Pero es un camino que merece ser recorrido porque la riqueza de un país no reside en el azar de buenos precios para sus commodities. Reside en las capacidades de sus trabajadores, empresarios, sistema educativo, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de todos los niveles de gobierno. Reside en su organización a través de instituciones eficientes y debidamente financiadas.
La democracia en la Argentina se enfrenta al desafío de transformar sus instituciones y su cultura para facilitar el desarrollo empresario.
Nuevos marcos culturales e institucionales deben ayudar a desarrollar un sector privado legítimo, dinámico y competitivo, que sea independiente tanto del Gobierno como de corporaciones extranjeras, tienda a cooperar en la consolidación de la sociedad civil, se beneficie de la vigencia de los derechos civiles y políticos y cree puestos de trabajo sustentables y bien remunerados.
Instituciones y cultura que no sólo permitan mejorar la calidad de vida de la población, sino que también muestren una vía ética para el enriquecimiento y la autorrealización de las personas.
Para ese desafío, tenemos mucho que aprender de Europa.
Economista, director nacional de Políticas Regionales
Por Luis Rappoport
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