Ante el peligro de caer en una deriva autoritaria

El célebre penalista Guillermo Ouviña siempre recordaba en sus clases una anécdota ocurrida en diciembre de 1899: el ministro Joaquín V. González ordenó a un fiscal que allanara la sede del Club del Progreso y detuviera a algunos contertulios que estaban jugando al bacará. Épocas en que se perseguía el juego clandestino. El fiscal sospechó de inmediato que esa maniobra escondía la persecución a opositores e incumplió la orden impartida por el ministro, que como represalia le aplicó tres meses de suspensión en el cargo. La curiosa arbitrariedad de un gran constitucionalista como Joaquín V. González era doblemente peligrosa, porque llegaba avalada por el prestigio jurídico de su emisor. Pero este fiscal desafió también la sanción del ministro, recurriendo a sus superiores jerárquicos. El 30 de diciembre de 1899, en medio de los alardes festivos de un fin de año especial, salió una acordada que desairaba al ministro por segunda vez, resolviendo que el Poder Ejecutivo no podía dar órdenes a un fiscal, por la sencilla razón de que son poderes independientes. El destino tenía reservada aún una tercera humillación para González: los miembros del tribunal se reunieron ese mismo día con el presidente de la Nación, Julio A. Roca, que lejos de defender el desacierto de su ministro anuló la sanción. Otro país.

No es extraño que Guillermo Ouviña recordara esa anécdota; él mismo siendo fiscal se vio envuelto en un episodio similar. El 29 de marzo de 1962 a las cuatro de la mañana los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocaron a Arturo Frondizi y lo trasladaron a la Isla Martín García. Un tiempo después el detenido hizo declaraciones a la prensa y aludió a Perón, violando el famoso decreto 4161 de “desperonización”. El ministro de Justicia hizo la denuncia y le ordenó al fiscal Ouviña que acusara a Frondizi. El episodio venía precedido por otro encontronazo entre el mismo funcionario con el mismo fiscal, a raíz de un motín de presos y la posterior represión, una masacre cometida por el personal penitenciario: el ministro había tratado de frenar la investigación del fiscal ofreciéndole un cargo de juez, ante lo cual Ouviña, elegantemente, lo echó de su despacho. En el caso de la denuncia contra Frondizi el gobierno de Guido tropezó por segunda vez con la negativa del fiscal. Resultado: lo cesantearon sin sumario. Presentó un amparo para que lo repusieran en el cargo, pero antes de que esa causa se resolviera, en 1963, el presidente Illia desistió de la querella contra Frondizi y le devolvió a Ouviña su cargo de fiscal.

Eran tiempos en los que aún se debatía si los fiscales eran independientes o subordinados del Poder Ejecutivo. Después de la reforma constitucional de 1994 esa duda quedó disipada a favor de la independencia. El kirchnerismo, sin embargo, simula desconocer esa reforma y recae en el vicio de politizar el Ministerio Público Fiscal, con el cual está completamente obsesionado. En 2004, cuando aún guardaba cierto recato republicano, nombró a Esteban Righi con el masivo consentimiento del Senado. Righi, que en 1973, siendo ministro del Interior de Héctor J. Cámpora, había producido la liberación masiva de los presos de Devoto, en la audiencia pública por su designación como procurador dijo: “El valor moral de la democracia y la sustantividad del Estado de Derecho residen justamente en que sus principios deben ser aplicados hasta sus últimas consecuencias”. Un avance respecto del Righi disolvente de 1973. Lástima que ocho años después, en épocas de Cristina Kirchner, el vicepresidente Amado Boudou, acorralado en la causa judicial por la apropiación de Ciccone y en busca de fiscales más dóciles, menos puntillosos, por cadena nacional acusó a Righi de tráfico de influencias con jueces federales. Righi a los pocos días y en silencio renunció. Tiendo a creer que en este episodio no hay buenos y malos, sino malos y peores, y que Cristina –a años luz de distancia del presidente Roca– optó por los peores.

El hecho trazó una frontera, fue la inauguración de una serie interminable de disparates. Da cuenta de ello la postulación de Daniel Reposo, quien falseó su currículum incorporando galardones inexistentes. Lo prueba el nombramiento de Alejandra Gils Carbó, una fanática encarnizada contra la prensa libre que terminó procesada por la compra de un edificio en condiciones más que opacas. Lo confirma el sainete en torno a Daniel Rafecas, que al kirchnerismo no le resulta suficientemente confiable –a pesar de haber desestimado a velocidad récord la denuncia de Nisman por el pacto con Irán–, como lo prueba el paradójico enroque en el cual terminó siendo apoyado por la oposición, que al principio lo objetaba y rechazado por el oficialismo que originalmente lo había propuesto. Lo demuestra también la persecución contra el actual procurador adjunto, Eduardo Casal –un hombre intachable y de carrera, que no por casualidad fue profesor en la cátedra de Ouviña–, a quien le iniciaron un juicio político infame con el fin de amedrentarlo y forzar su renuncia. Para desembocar, por fin, en la prueba definitiva: el proyecto de ley para cambiar la forma de designar al procurador, de modo tal que una mayoría simple permita bajar el umbral de exigencias y, de ese modo, poder designar a delegados incondicionales sin necesidad de ningún consenso democrático.

¿Qué más se necesita para ver que se busca asegurar la impunidad por los delitos de corrupción y perseguir opositores? El kirchnerismo insinúa ahora para el cargo a quien fue abogado nada menos que de Diego Lagomarsino. En una broma macabra podría llegar a ser jefe de todos los fiscales quien apadrinó al implicado en el asesinato de un fiscal que al día siguiente iba a presentar una denuncia contra la presidenta. Sobre la mancha más ominosa de la historia institucional argentina, cuyo nombre propio es Nisman, pretenden sin ruborizarse apuntalar la identidad ética del nuevo procurador.

Si semejante escándalo aún no sucedió es porque al Gobierno no le alcanzaron los votos en el Congreso. El peligro de que el kirchnerismo aumente bancas en la próxima elección, variando el ecosistema de poder, es concreto. Del mismo modo que el estafador gana la confianza de quien será timado para recién dar el golpe cuando la víctima está maniatada e indefensa, los autoritarismos populistas parasitan las democracias primero y las pulverizan después. Lo dijimos en la carta que un grupo de intelectuales presentó a la sociedad hace unas semanas. No sostuvimos que la Argentina sea hoy una dictadura –como trató de tergiversarnos el inefable Raúl Zaffaroni– sino que va en esa dirección. Las tiranías populistas no se construyen súbitamente, sino por etapas, progresivamente. Estamos en la primera etapa y los síntomas son similares a los vividos en las primeras fases en Venezuela o Nicaragua, desde la articulación de un capitalismo de amigos hasta una trama de presiones discursivas sobre la prensa, los jueces y los organismos de control. El ya desembozado intento de nombrar un procurador militante, ¿no resulta un indicio potente y verosímil de esa escalada? Si se rompe ese dique la Argentina caerá de lleno en la segunda etapa: la deriva autoritaria.

Escritor, periodista y jurista

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