Amplio rechazo a un indulto o una amnistía a dirigentes kirchneristas

Ocho de cada diez ciudadanos rechazan la posibilidad de un indulto presidencial o de una ley de amnistía que beneficie a exfuncionarios del gobierno kirchnerista acusados por hechos de corrupción, entre quienes se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Del mismo modo, solo dos de cada diez personas consideran que en la Argentina hay presos políticos, como se viene sugiriendo desde el kirchnerismo, al tiempo que una amplia mayoría de la población rechaza la teoría del “lawfare”, según la cual muchas de las causas judiciales abiertas contra dirigentes kirchneristas habrían sido armadas desde el gobierno de Mauricio Macri.

A tales conclusiones llega una encuesta acerca de percepciones sobre el indulto, la amnistía y el funcionamiento de la Justicia realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El estudio, llevado a cabo por el Observatorio de Psicología Social Aplicada, alcanzó a 828 personas consultadas en la Capital y el Gran Buenos Aires, de manera online geolocalizada, entre el 20 y el 22 de febrero.

Si bien el presidente Alberto Fernández, al inaugurar ayer las sesiones ordinarias del Congreso, no se refirió a eventuales medidas para perdonar o amnistiar a los exfuncionarios condenados o procesados, sí puso la reforma de la Justicia en la agenda política, algo que en distintos sectores de la oposición y de la sociedad es asociado con un intento de tender un manto de impunidad para quienes hoy son investigados por delitos contra la administración pública.

Entre los anuncios efectuados en materia judicial, el jefe del Estado le pidió al Congreso que asuma un rol de “control cruzado” sobre el Poder Judicial porque “alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia”. Desde la oposición, se interpretó ese pedido presidencial como una presión a los magistrados que deberán expedirse en las causas en las que se encuentra procesada Cristina Kirchner. En otros círculos, se puede ver esta solicitud de Alberto Fernández a los legisladores como un paso previo hacia una amnistía –facultad que tiene el Poder Legislativo– para aquellos exfuncionarios que, de acuerdo con el particular criterio del oficialismo, puedan ser víctimas de un “lawfare”.

Referentes del kirchnerismo en temas judiciales, como el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, se han pronunciado en favor de una ley de amnistía del Congreso para beneficiar a los dirigentes kirchneristas con causas abiertas o condenas, al igual que la creación de una “comisión parlamentaria de la verdad”. Esta última propuesta del actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede encontrar puntos en común con el pedido de Alberto Fernández formulado ayer a los legisladores nacionales.

Zaffaroni, que poco antes había sugerido la necesidad de un indulto presidencial, facultad del titular del Poder Ejecutivo que implica un perdón para condenados por la Justicia, sostuvo más tarde que con la amnistía se le podría “sacar de encima toda la responsabilidad al Presidente”. Alberto Fernández se opuso públicamente a dictar cualquier indulto, pero aclaró que el Congreso tenía la facultad de amnistiar a procesados.

En este contexto, desde la Facultad de Psicología de la UBA se consultó a la población si el Congreso debería dictar una ley de amnistía bajo el argumento de que estamos ante causas judiciales armadas desde la política. El 78% de las personas encuestadas dijo estar en desacuerdo y apenas el 16% se expresó de acuerdo, en tanto que el 6% dijo no tener opinión formada.

Sobre la posibilidad de que el Presidente haga uso de su facultad de indultar a personas que tienen condena firme de la Justicia pero se consideran a sí mismas “presos políticos”, como Milagro Sala o Amado Boudou, el 79% se manifestó en desacuerdo y el 16% declaró estar de acuerdo, en tanto el 5% señaló que no tenía una opinión al respecto.

Según el relevamiento, el 73% de los encuestados cree que los casos que hoy se discuten en la sociedad respecto de la posibilidad de que haya un indulto presidencial “son causas vinculadas con delitos de corrupción reales”. Tan solo el 23% considera que se trata de “presos políticos”, mientras el 4% dice no saber.

Casi siete de cada diez personas (68%) manifiesta su desacuerdo con la idea del “lawfare”, a la que se define como la utilización de la ley y los procedimientos jurídicos como un arma de guerra para perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos por los agentes públicos. El 28% de la población encuestada se muestra de acuerdo con esta teoría utilizada por el cristinismo para denunciar la utilización indebida de los procedimientos legales contra exfuncionarios de la gestión kirchnerista. El 4% no tiene opinión formada.

Las opiniones sobre una eventual amnistía quedan muy divididas si se segmentan en función del voto en las elecciones presidenciales de 2019. Entre los votantes del oficialista Frente de Todos, el 39% dice estar de acuerdo esa idea, mientras que el 49% se declara en desacuerdo. En cambio, entre quienes votaron a Juntos por el Cambio, el 93% se manifiesta en contra de la amnistía y el 6%, a favor. Quienes votaron a otras fuerzas políticas se pronuncian en un 82% en contra y en un 11% a favor.

Respecto de la posibilidad de un indulto presidencial, entre los votantes de Juntos por el Cambio hay prácticamente unanimidad: el 99% se declara en contra del uso de esa facultad presidencial. Por el contrario, entre quienes votaron a Alberto Fernández, el 47% estaría de acuerdo; el 37%, en desacuerdo, y el 16% no tiene opinión formada.

En cuanto a si estamos en presencia de presos políticos, el 96% de los votantes de Mauricio Macri disiente con esa afirmación, mientras que el 68% de los votantes del Frente de Todos adhiere a esa teoría.

Las percepciones sobre la existencia de la teoría del “lawfare” también exhiben diferencias notorias en virtud del comportamiento electoral pasado. Quienes votaron a Juntos por el Cambio rechazan ampliamente (96%) esa teoría y apenas el 2% de ellos la aceptan. Algo parecido se advierte entre los votantes de otras fuerzas políticas: el 72% la repudia y el 20% la considera admisible. En cambio, entre los votantes del Frente de Todos, el 77% adhiere a esa idea, mientras que el 19% disiente con ella y el 4% carece de opinión definida.

Donde la encuesta revela muchas más coincidencias es en la percepción general sobre el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Así, el 64% de los consultados cree que la Justicia ha empeorado mucho en los últimos cinco años y otro 15% considera que ha empeorado algo. El 56% opina que empeorará en los próximos cinco años contra el 15% que presagia una mejora y otro 29% para el cual se mantendrá igual en ese período.

Una abrumadora mayoría del 98% afirma que la administración de justicia no es eficiente, en tanto que el 91% sostiene que los jueces son influenciados por el Gobierno y por distintos poderes. Apenas el 4% cree que los magistrados son independientes.

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