AMIA: la causa por el ataque terrorista busca su futuro en medio de una paradoja
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LA NACION
El 6 de diciembre del año pasado sonó un teléfono en una oficina de la AMIA. Era miércoles, era temprano. La voz dijo: “Hay una bomba”. Un rato después las brigadas de explosivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal rastrillaron el edificio de Pasteur 633 y aseguraron que no había nada. Pero esta broma de Halloween macabra y atrasada (la fiesta de las calabazas se celebra en octubre) abrió una herida vieja que la sociedad argentina jamás pudo superar. De esa herida se cumplen ahora 30 años. Los 85 muertos claman por justicia. No es Halloween, es aterrador y real: en un mundo en guerra como el actual, el atentado terrorista de 1994 se vuelve contemporáneo.
Cuando terminé de escribir Después de las 09:53—AMIA: Cartografía de un atentado (que la revista Seúl —dirigida por Hernán Iglesias Illa— describió como “el libro más ambicioso y detallado para entender qué pasó”) me quedé pensando que hoy el caso ha caído en una paradoja: no puede resolverse mientras los acusados extranjeros no sean sometidos a un juicio, cosa que parece difícil que ocurra en el futuro cercano, pero a la vez no puede cerrarse porque la sociedad no lo toleraría y sería un fracaso moral del Estado argentino. Esa es la contradicción. Y la pregunta que se hacen por lo bajo algunos tomadores de decisiones es: ¿entonces qué hacemos con la causa AMIA?
Las diferentes partes encuentran diferentes respuestas. Uno de los titulares de la UFI AMIA, el fiscal Sebastián Basso, pidió la captura internacional de cuatro libaneses que en 1994 vivían en Ciudad del Este, y que ayudaron a Salman El Reda (probablemente, el coordinador del ataque) firmando documentos para demostrar que El Reda trabajaba con ellos en negocios lícitos; o sea, que no era un terrorista.
Lo más probable es que desde Ciudad del Este hayan entrado al país algunas de las personas que destruyeron la AMIA, y que El Reda no haya estado trabajando con los cuatro libaneses.
“La función de la fiscalía es agotar lo más rápido posible todo lo que quede por hacer”, me dijo el fiscal Basso en una entrevista. “La causa AMIA no llegó a ese punto: todavía hay posibilidades de investigar”. Su estrategia es un poco tangencial, pero va a ofrecer un resultado: uno de esos cuatro libaneses, que también tiene ciudadanía brasileña, va a ser juzgado en Brasil. Se llama Farouk Abdul Omairi y de acuerdo al fiscal Nisman, fue “el mayor representante de la agrupación terrorista Hezbollah en la ‘triple frontera’”. Ahora será el primer libanés que irá a juicio por el caso AMIA.
Por otro lado, Memoria Activa, la organización de familiares de las víctimas, acorraló al Estado con una denuncia internacional que había sido presentada en 1999, y por la que el 14 de junio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina.
El Estado fue hallado responsable de no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque, de no haber cumplido con su deber de investigar y de haber encubierto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, además, abrir los archivos y la información de inteligencia relacionada con el atentado y regular el acceso al material producido por los espías en las causas judiciales.
El juez Ariel Lijo desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación. Lijo, que es uno de los candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema, investigó hace una década el encubrimiento en la causa principal, luego fue apartado y hoy, subrogando el Juzgado Federal Número 6, está a cargo de esa causa principal, la del atentado.
Después de tres juicios, de unas 470 pistas investigadas desde el primer día (las más conocidas son la pista iraní y la pista siria, pero hubo muchas y según el abogado de la AMIA Miguel Bronfman, “no se dejó nada por investigar”), después de teorías conspirativas, de pruebas endebles, de encubrimientos, de internas entre agentes de inteligencia, de corrupción policial, después de la muerte del fiscal Nisman y de tanto más, hay que seguir.
Porque la causa AMIA no prescribirá jamás: en abril de este año, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó que la justicia puede tardar una eternidad en llegar, pero que debe llegar. Este es un crimen de lesa humanidad y las dos tragedias del atentado contra la AMIA —la humana y la judicial— hacen que para el Estado restaurar el orden perdido sea una obligación sin tiempo. Además, estas sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal abren el juego y marcan que ahora es posible aplicar el principio de justicia universal, o sea que cualquier país podría juzgar a los acusados. El atentado a la AMIA también es una oportunidad, según la Sala II, para reformar la ley y promover en Buenos Aires un juicio en ausencia, y de hecho el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dijo que iba a enviar un proyecto de ley al Congreso para sentar en un banquillo imaginario a esos acusados iraníes y libaneses. Ellos no acudirán a la cita.
Así, en un contexto global que hace que lo que pasó el 18 de julio de 1994 no parezca lejano, la causa AMIA busca su próxima forma, su próximo ciclo, entre tangentes y paradojas.
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