América Latina debe dejar de ignorar el elefante en la sala
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Como cada año, los líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil se reúnen en Davos, Suiza, el centro de esquí de la elite, para discutir el estado del mundo. Suele suceder que las soluciones que se proponen no atienden las raíces estructurales de los problemas, por lo que las discusiones no varían mucho año tras año. Sin embargo, este año ha ocurrido un anuncio que podría significar el inicio de un proceso de cambio para los países latinoamericanos.
En el marco del foro, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, hizo un llamado histórico a los gobiernos de la región convocando a una cumbre latinoamericana para una tributación justa a realizarse en julio de 2023.
Con este llamado, Colombia llama atender un problema que no se puede seguir ignorando: si las grandes corporaciones y los súper ricos no pagan su justa parte de impuestos, los países no estarán en condiciones de realizar las inversiones públicas necesarias para enfrentar las grandes crisis actuales, tales como los niveles históricos de desigualdad, las crisis alimentaria y energética, y el alza en los costos de vida que están causando estragos devastadores en la población.
El objetivo de la cumbre fiscal latinoamericana, a la que convoca Ocampo, es enfrentar los paraísos fiscales y asegurar mayor coordinación entre los gobiernos de la región hacia una tributación global más justa, equitativa y transparente.
Este es un llamado oportuno para América Latina, que, de ser seguido por los países de la región, ayudaría a construir una hoja de ruta para enfrentar las crisis sistémicas de la región y construir un bloque regional hacia las negociaciones globales en materia fiscal. Los gobiernos de la región, en especial los de corte más progresista, como Chile, Argentina y Brasil, deberían reaccionar con celeridad para sumarse a la convocatoria de Colombia, por las tres razones siguientes.
Primero, América Latina está perdiendo una gran cantidad de recursos debido al abuso fiscal, los cuales podrían ser alternativamente utilizados para financiar servicios públicos y transitar hacia una economía baja en carbono. Las empresas multinacionales y los individuos más ricos utilizan a menudo sus recursos financieros y conexiones para explotar las lagunas de los sistemas fiscales de los distintos países, trasladando sus ganancias desde jurisdicciones de alta tributación a jurisdicciones de baja tributación para minimizar sus obligaciones fiscales, es decir, para pagar menos o nulos impuestos.
Los últimos cálculos estiman que la evasión, elusión y flujos financieros ilícitos alcanzan a un 6% del PBI de América Latina y que un 27% de la riqueza se encuentra en paraísos fiscales. Dentro de los países que más recursos pierden por concepto de paraísos fiscales se encuentran Brasil, México, Chile y Argentina. En un contexto de crisis mundial de precios de materias primas y alimentos donde los derechos de millones de personas están en riesgo, estas fugas de recursos públicos se hacen más inaceptables e insostenibles. Por tanto, coordinando sus esfuerzos a nivel regional, los Estados podrían recaudar los recursos suficientes para enfrentar las crisis e invertirlos en los derechos económicos y sociales, combatir el cambio climático, al tiempo que reducen las desigualdades obscenas que corroen las democracias y afectan los sistemas económicos.
Segundo, Latinoamérica necesita comenzar a actuar como bloque para enfrentar las negociaciones globales y asegurar que sus intereses sean debidamente representados en los foros globales donde se toman las decisiones. Desde Icrict (Comisión Independiente para la Reforma al Sistema Financiero y Tributario Internacional) se ha calificado el acuerdo de la OCDE/G20 sobre el impuesto mínimo global como una oportunidad perdida, debido a su poca ambición (la tasa es muy baja) y por ir en desmedro de los países del Sur global. Además, el acuerdo se encuentra estancado respecto a su implementación. En este escenario incierto, diversos expertos han llamado a los países a adoptar medidas unilaterales o en bloque para lograr mayor justicia fiscal. Por ejemplo, los países africanos han dado el primer paso y han propuesto una Convención Tributaria Internacional con el objeto de eliminar la erosión de la base imponible, la evasión y elusión fiscal, así como otros abusos fiscales transnacionales. Haciendo eco de estos esfuerzos, el mes pasado la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución llamando a los Estados a iniciar negociaciones sobre una Convención Tributaria bajo el auspicio de Naciones Unidas. Si América Latina actuara como bloque en estos procesos y negociaciones, los resultados podrían ser más beneficiosos que los que actualmente son debido a la falta de coordinación.
Tercero, estamos en un momento político oportuno para aumentar la cooperación regional y diferentes países de la región, como Chile y Argentina, ya han manifestado su intención de apoyar e impulsar una agenda de estas características. Hacerlo es dar un paso estratégico significativo que se traduciría en un aumento de los espacios fiscales para proteger a la población. Sin embargo, se requiere mayor voluntad política y coordinación intersectorial para que las intenciones se transformen en una hoja de ruta para los países hacia mayor equidad fiscal. El espacio que convoca el gobierno colombiano sin dudas servirá para avanzar en esa dirección, pero el éxito o fracaso de la cumbre dependerá del nivel de apoyos que la cumbre logre concitar y de la capacidad de los gobiernos de articularse bajo agendas concretas que enfrenten con decisión los paraísos fiscales.
Las desigualdades prexistentes en la región han sido agravadas por la destrucción de empleos y reducción de ingresos pospandemia. Desde el 2020, ha habido un aumento de los indicadores de pobreza y extrema pobreza en la región, y según la Cepal nos encontramos en la alarmante situación de que un tercio de la población de la región vive en pobreza. Esta situación no puede seguir ignorándose. Del llamado de Colombia se hace evidente que existen alternativas para que los países de la región aumenten sus arcas fiscales y tomen acción. Desde la sociedad civil y del movimiento por la justicia fiscal, nos sumamos a este llamado de Colombia para buscar ampliar las alternativas disponibles y empujar por políticas fiscales basadas en derechos que estén al servicio de las personas y del planeta.
Sepúlveda Carmona, directora de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y miembro de la Comisión Independiente para la Fiscalidad Internacional (Icrict).
Silva, Oficial de Justicia Económica en la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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