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Alemania vuelve a enfrentarse a sus neonazis
Después de que se revelaran sus vínculos con la Inteligencia alemana, el partido neonazi ocupa el centro de un debate que se agudiza en un año electoral: ¿puede proscribirse a la extrema derecha?
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Diez años exactos después de que fracasara el intento de prohibir el partido neonazi Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), un nuevo proceso judicial en Alemania busca demostrar frente a la Corte Constitucional que esa formación política representa una amenaza contra la Ley Fundamental. Los gobernadores de los 16 estados federados que ocupan los escaños del Bundesrat, el Senado, se pusieron de acuerdo más allá de sus colores políticos y recopilaron documentos explosivos. En diciembre pasado presentaron su iniciativa al Supremo alemán, y se dijeron convencidos de su éxito.
Pero nada es tan sencillo. La población está dividida, el gobierno de Angela Merkel titubea y los expertos parecen escépticos. En el año electoral el asunto polariza las opiniones. La prohibición de un partido es un asunto delicado en una democracia occidental desarrollada, a pesar de que el país sea Alemania y el partido en cuestión manifieste nostalgia por los años oscuros de Adolf Hitler.
Fue un hecho policial el que relanzó el debate. En noviembre de 2011, la policía alemana perseguía a dos criminales tras un robo en un banco. Cuando llegó a su escondite, una casa rodante cerca de la localidad de Eisenach, ambos estaban muertos. Uwe Mundlos le había disparado a su socio, Uwe Böhnhardt, en la cabeza, antes de suicidarse. A unos 200 kilómetros de distancia, en la localidad de Zwickau, la casa de ambos explotó de la mano de una tercera cómplice, Beate Zschäpe, quien no tuvo valor para suicidarse y más tarde se entregó a la policía.
Los tres eran integrantes de una célula terrorista de extrema derecha, Nationalistischer Untergrund , Resistencia Nacionalista (NSU, por sus siglas en alemán). La pistola Ceska 83 que pertenecía al grupo ofreció la clave para la solución de una serie de homicidios irresueltos y nunca conectados a lo largo de toda la República Federal: ocho ciudadanos de origen turco, un griego y una agente de policía, asesinados entre 2000 y 2006, sin que las autoridades pudiesen dar con los responsables.
Desde entonces, cuatro distintas comisiones investigadoras escandalizaron al país al dar a conocer detalles cada vez más incómodos y escalofriantes. La célula había podido actuar durante diez años gracias a la corrupción y complicidad de varios miembros del Servicio de Protección de la Constitución, el Verfassungschutz (BfV), la inteligencia interna. El mismo servicio destruyó documentos acerca de los terroristas el día después de su arresto. Cuatro altos funcionarios del BfV fueron obligados a dimitir, incluido el jefe, general Heinz Fromm. La canciller Angela Merkel se disculpó frente a los familiares de las víctimas y en el Bundestag.
De ahí salieron las conexiones al partido neonazi NPD. Los servicios de seguridad en Alemania se sirven de agentes infiltrados en las filas del partido para mantener bajo observación constante a la extrema derecha. A estas figuras bivalentes se le conoce como "V-Leute" y están encargadas de penetrar tanto las manifestaciones legales del extremismo como su bajo fondo ilegal y violento. Se trata pues de dos mundos en comunicación continua.
Pero no siempre los informantes son agentes de confianza. La investigación contra la célula NSU sacó a la luz, por ejemplo, que un "V-Leute" había colaborado activamente con el trío de Zwickau procurándoles armas. También se supo que la misma Beate Zäschpe había sido contactada por parte de los servicios de seguridad para trabajar como informante. Otros agentes infiltrados ocultaron información decisiva.
Paralelamente, se dio a conocer que los tres integrantes de la célula terrorista frecuentaban las manifestaciones del NPD, conocían tanto a los líderes del partido a nivel federal como a los que fueron democráticamente elegidos en los parlamentos locales de estados como Mecklemburgo-Antepomerania y Sajonia Anhalt. Hubo también donaciones de dinero, cantidades ingentes, que pasaron directamente del brazo derecho armado a la formación política legal.
Políticos y militantes
Bernd Wagner, un ex policía que investigó el extremismo de derecha y publicó varios libros sobre el tema, se dice en diálogo con Enfoques partidario de la prohibición del NPD. En particular porque, según este experto, no existe una separación entre las actividades legales de la formación política y las ilegales y violentas de los militantes clandestinos.
"El NPD mismo intenta presentarse hacia el exterior como algo separado de las fuerzas militantes y ajeno a la violencia. Pero no es la realidad. Hay contactos muy estrechos con estos grupos. Hay una lista de líderes de movimientos violentos que hacen también política dentro de las filas del NPD, que hasta se sientan en la dirección del partido a nivel federal y que de hecho mantienen una duplicidad: política y militante", denuncia Wagner, quien es cofundador de la iniciativa Exit Deutschland , una ONG que ayuda a los neonazis que quieren salir de su afiliación al extremismo.
En su programa, el NPD incluye ideales racistas, antisemitas, xenófobos y subversivos. Bajo el lema "Trabajo. Familia. Patria", la agenda aprobada en 2010 cuenta con una serie de propuestas para excluir a los extranjeros del sistema de seguridad social alemán, como también la separación entre alemanes e inmigrantes en las escuelas. El partido es claramente antieuropeísta, defiende la autonomía económica y la vuelta a una moneda nacional, tal y como toda una serie de otras propuestas ultranacionalistas.
Aún así, pareciera, nada de esto justifica de por sí que sea declarado anticonstitucional. Los límites de la Constitución para llegar a prohibir una formación política son muy exigentes en Alemania, explica a Enfoques el politólogo Oskar Niedermeyer: "No es suficiente que el partido en cuestión tenga un programa antidemocrático, porque esto está garantizado en base al principio de la libertad de opinión. Tampoco es suficiente que los miembros de ese partido se expresen en manera antidemocrática, eso también está permitido. Lo único que cuenta para el Tribunal Constitucional es que el partido trabaje de manera activa en la subversión del sistema democrático y eso es algo extremamente difícil de probar".
De momento, los documentos recopilados por el Senado alemán permanecen secretos, ya que se quiere evitar que los extremistas puedan ocultar pruebas en el curso del procedimiento. Aún así, hay gran escepticismo. "Es muy difícil probar que los diez atentados de la célula terrorista fueron encargados por el NPD. Eso no se va a poder demostrar. Asímismo, no se va a poder argumentar que miembros activos del NPD fueron corresponsables de los asesinatos", señala el experto en partidos políticos de la Universidad Libre de Berlín Gero Neugebauer, quien añade que el procedimiento contra el NPD fue perjudicado por la falta de una posición común entre Senado, Parlamento y gobierno.
De hecho, el gobierno de Angela Merkel pareció poco convencido de la iniciativa y tomó distancia. El ministro del Interior, Hans Peter-Friedrich, dijo en declaraciones recientes que "el NPD es un partido que está muriendo. Esto es una prueba de que no necesitamos un procedimiento para prohibirlo".
¿Sociedad cómplice?
Es cierto. En las últimas elecciones regionales, celebradas el 20 de enero pasado en el land norteño de Baja Sajonia, el NPD logró sólo el 0,8% de las preferencias. A nivel federal las encuestas le atribuyen una intención de voto del 1,5%. Es decir, quedan lejos los resultados de 1996 con 4,8% en las elecciones federales, apenas debajo del límite para sentar diputados en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento federal. Pero en los estados federados orientales de Meckleburgo-Antepomerania y Sajonia-Anhalt, el NPD mantiene escaños en los Parlamentos, tal como en varios ayuntamientos. Por esta razón, se beneficia de la financiación del Estado, como los otros partidos.
Es precisamente este último detalle el que causa indignación en un país donde el drama de la dictadura nazi y el Holocausto sigue siendo una herida abierta. "Es insoportable que el NPD pueda difundir su veneno fascista con la ayuda del dinero de los contribuyentes", comenta en un correo electrónico Dieter Graumann, presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania. "La libertad de opinión no puede servir como cubierta para el racismo, el antisemitismo y el odio contra los extranjeros", agrega.
Otro enorme obstáculo para la prohibición del partido sigue siendo el papel de los informantes infiltrados y pagados por el Estado. En 2003, la Corte Constitucional puso particular acento en este tema al rechazar la petición de prohibición del partido neonazi. El tribunal dijo entonces que no se podía descartar que los "V-Leute" hubiesen contribuido activamente a formular los programas electorales del NPD, o incluso a radicalizar la formación política.
Muchos consideran entonces que el problema del extremismo, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo es mucho más amplio que la simple cuestión del NPD. El Estado alemán no puede decirse ajeno: la complicidad de los servicios secretos con los terroristas lo ha demostrado. La población tampoco, ya que un estudio reciente encargado por el gobierno reveló, por ejemplo, que uno de cada cinco alemanes es "antisemita latente".
"Ahora parece que todo el mundo se está concentrando en la prohibición. Sin embargo, no hay que suavizar ni ignorar las condiciones que provocan en la sociedad tendencias misántropas", asegura Bekir Alboga, representante de la Unidad de los Musulmanes Turcos en Alemania (Ditib), una comunidad que resultó ser objetivo explícito de la célula NSU, "ya que el extremismo no se encuentra en habitaciones sin aire, sino que está en la sociedad. Todos los miembros de la sociedad se tienen que preguntar cómo fue posible llegar a una radicalización tal del extremismo de derecha para que se produjeran ataque terroristas". Precisamente esto, otra vez, tendrá que hacer Alemania en este año electoral frente a dos citas clave: el fallo de la Corte Constitucional y el proceso contra Beate Zschäpe, como corresponsable de todos los crímenes de la NSU.
