Alberto Fernández y la inflación: ¿enemigos o aliados?
Más que a la economía de guerra a la que convocó Alfonsín en 1985, el anuncio del actual Presidente recuerda la aplicación de la ley del agio por el general Perón en los años 50
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LA NACIONFernando Laborda
Cualquier representante de la coalición gobernante sabe que con niveles de inflación como los actuales, con proyecciones del 60% anual, será prácticamente imposible ganar las elecciones de 2023. El tardío anuncio de Alberto Fernández de lanzar una “guerra contra la inflación” apunta a mostrar a un presidente que recupera la iniciativa y que se ocupa de los problemas que preocupan a la ciudadanía. Claro que todo puede terminar en un nuevo fiasco si su gobierno insiste en profundizar las fallidas recetas que ha venido aplicando para enfrentar aquel flagelo en sus dos años y tres meses de gestión.
El mensaje del presidente Fernández del martes último, en el que además de anunciar una guerra –un término más que inapropiado en momentos en que el mundo asiste a la cruenta invasión rusa a Ucrania– mencionó la necesidad de “terminar con los especuladores para poner las cosas en orden”, trasluce un cuestionable diagnóstico sobre la inflación, según el cual toda la culpa es de los empresarios que remarcan precios.
Más que recordarnos la convocatoria que hizo Raúl Alfonsín a una “economía de guerra” allá por abril de 1985, el mensaje de Fernández nos trae a la memoria el plan de estabilización impuesto por Juan Domingo Perón en febrero de 1952, caracterizado por un fuerte control de precios mediante campañas contra el agio y la especulación.
Aquel gobierno peronista intentaba dar una respuesta a dos problemas de entonces que también sufre la Argentina de hoy: la falta de divisas y el incremento de los precios de la economía derivado de la política monetaria expansiva. Se buscaba criminalizar a quienes aumentaban los precios o acaparaban mercancías en un contexto de creciente desabastecimiento de ciertos productos.
En un recordado discurso, Perón habló sobre la necesidad de “derribar las causas de la inequitud creada a raíz de la especulación, de la explotación del agio por los malos comerciantes”. Tras afirmar que “el comerciante que quiere robar dice que lo que corresponde es dejar los precios libres”, expresó: “Lo que nos interesa a nosotros es que no se salgan con la suya, pero hemos de ir individualizando a cada uno. Vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Está demostrado que se trata de una guerra psicológica, con agentes en lo interno. Hay que buscarlos, y donde se los encuentre, colgarlos de un árbol”.
De esa manera, Perón trasladaba al común de los ciudadanos la tarea de denunciar a los comerciantes. Y los controles policíacos que determinasen el incumplimiento de los precios máximos o de su exhibición en un local comercial, podían llevar a que sus dueños tuviesen que pagar elevadísimas multas o terminasen directamente en la cárcel, además de sufrir la clausura de su comercio y su inhabilitación hasta por seis años. Así se aplicaba la ley del agio.
Más allá de la conocida receta de los precios máximos y de los controles policiales, aquel gobierno de Perón también congeló por dos años los salarios con el propósito de restringir el consumo y contener los precios, buscando alentar las exportaciones. Por eso, poco antes de su muerte, Eva Duarte de Perón instó a los argentinos a “hacer cada uno su parte en la inmensa tarea de consumir menos y gastar más”, como recuerda Marcelo Rougier en su obra La economía del peronismo (Sudamericana, 2012).
Parece claro que la idea de congelar salarios no pasa por la cabeza de Fernández. De hecho, se acaba de acordar con sindicalistas y empresarios una suba del salario mínimo vital y móvil del 45% de aquí hasta fines de año.
Lo cierto es que, hasta lo que se sabe, la “guerra” del Presidente contra la inflación contemplaría ampliar el programa de Precios Cuidados, más controles en la comercialización de frutas y verduras, y el anunciado incremento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja.
Si el equipo económico recurre a más de lo mismo para combatir la inflación y si está persuadido de que la clave para vencerla es aumentar las dosis de los remedios que se vienen aplicando estérilmente hasta ahora, seguirá equivocando la receta, según pronostican economistas y dirigentes de la oposición.
Las restricciones tendientes a cuidar “la mesa de los argentinos”, incluido el cepo a las exportaciones de carne con la idea de que los precios domésticos no sigan a los internacionales, por caso, no solo no bajaron los precios. Por el contrario, estos subieron como consecuencia del desaliento a la producción, y por si fuera poco la Argentina vio caer su potencial exportador.
El programa Precios Cuidados tampoco ha sido efectivo para frenar las subas de precios. Algunos productos alcanzados por ese acuerdo virtualmente desaparecieron de las góndolas. Del mismo modo, en el mejor de los casos, ese programa pudo haber actuado como una suerte de Black Friday, permitiendo descuentos transitorios en algunos productos de ciertas marcas, pero sin permitir bajar el aumento del costo de vida del elevadísimo nivel interanual actual, que ronda el 52%, como afirmó el economista Jorge Colina.
A juicio de no pocos analistas económicos, difícilmente se gane la batalla contra la inflación si al frente del ejército se pone a un secretario de Comercio, como Roberto Feletti, en lugar de delegar esa tarea en un Banco Central independiente y desligado de las políticas populistas, para que pueda dejar atrás el desquicio monetario y la descontrolada emisión, que alcanzó su auge el año último para financiar el llamado “plan Platita” que siguió a la derrota del oficialismo en las PASO.
Entre los mensajes que se ha preocupado por transmitir en los últimos días el gobierno nacional, se ha apuntado a las consecuencias de la guerra en Ucrania para explicar el fuerte incremento de los precios (4,7%) en febrero. No tuvo en cuenta ese relato que el conflicto bélico estalló apenas cuatro días antes de que concluyera ese mes. Tampoco tuvo en consideración que, en sus primeros 26 meses, la gestión de Alberto Fernández sumaba ya una inflación del 123%, superior a la de los últimos gobiernos en igual período. No es posible echarle la culpa a ninguna guerra.
Lejos de haber sido un enemigo, la inflación actuó como una suerte de socia o aliada de la administración de Fernández, al igual que de otros gobiernos que la precedieron y que vieron en ella la mejor forma de licuar jubilaciones y salarios del sector público. Esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo solo podrá seguir deparándonos –como señalaba Jorge Luis Borges sobre el peronismo– un gran pasado por delante.
Por Fernando Laborda
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