Ajuste: del amor a la obsesión con las ideas
“Volver a las andadas es perder por lo menos un tercio del PBI”, dijo el presidente Javier Milei ayer en la apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina. Hablaba de lo que significaría, según sus propios cálculos, que el Congreso derogue su veto a la Ley de Financiamiento Universitario. No solo dijo que eso representaría una caída del PBI, sino también una “exacerbación de la pobreza e indigencia”. Economistas independientes no tardaron en desmentir en X, la red social preferida de los libertarios, estos cálculos tan particulares que hace el Presidente. Se sabe que el costo del aumento del financiamiento universitario que vetó el Presidente y ratificó ayer el Congreso hubiese significado un costo de alrededor de 750.000 millones de pesos, muchísimo menos de lo que dejó de recaudar por excepciones impositivas zonales, como el caso Tierra del Fuego, o un tercio de lo que el erario dejó de recibir por Bienes Personales, pero solo dos veces y media más de lo que plantea en su Proyecto de Presupuesto 2025 otorgarle a la SIDE, que al parecer raramente son fondos que nunca impactarán ni el PBI ni en la pobreza, porque a la hora de elegir donde se invierte se muestran las intenciones y preferencias de un gobierno pero, en rigor de verdad, la plata gastada vale lo mismo en un lado u otro para los fríos números de la economía.
Milei muchas veces nos hace pensar que miente o desconoce en realidad de lo que habla, porque no se entiende cómo, ante varios desafíos que le hicieron desde la oposición, economistas o sectores corporativos, presentó números tan endebles que se pueden desmentir fácilmente. Lo hizo con el supuesto costo del aumento a los jubilados que finalmente también vetó, con asado de celebración incluido. Allí señaló que costaba a las arcas del país ¡$370.000 millones de dólares! Sí, de dólares dijo. Ninguna proyección hasta fin de año podría siquiera acercarse a esa cifra. Otras veces señaló que “en seis meses redujimos la inflación del 17.000% al 50%”, absolutamente incomprobable en cualquier proyección catastrófica o dijo también en una entrevista en junio del año pasado con Alejandro Fantino: “Los equipos estuvieron en conversaciones con distintos actores que ya estarían en posición para financiar los 35.000 millones de dólares que se requieren para dolarizar al valor del dólar de mercado actual. Tengo los datos en mi celular, no puedo adelantar más”. Con resultados a la vista, resulta que después los que mienten terminan siendo los periodistas.
El debate alrededor de los fondos universitarios mostró algunas caras de la disputa donde se aprovecharon de la credibilidad y el favor social coyuntural para instalar falsedades. Los libertarios y sus aliados más cercanos del Pro, recorren los medios de comunicación y escriben en las redes sociales, sin sonrojarse, señalando que: “los pobres no estudian en la universidad pública”. Algo que fácilmente desmiente el Indec con los últimos datos de pobreza donde señala que un 48,5% de los alumnos que concurren a las universidades públicas provienen de hogares pobres. Y los datos se vuelven más preocupantes cuando vemos que un 67% de los menores de 14 años también son pobres. En un contexto general de 53% de pobreza al Gobierno no se le ocurrió mejor idea que ajustar en educación básica y superior cuando tampoco se cumplen las normas actuales, como la terminalidad de la escuela secundaria, tal cual lo indica la Ley de Educación Nacional. Y exige además que los estudiantes universitarios no prorroguen en el tiempo su graduación, como si un joven que es pobre, que cuenta las monedas para el transporte público encarecido que lo lleva a la universidad y para poder comer algo digno entre su trabajo informal y sus estudios, es culpable por no graduarse en tiempo y forma.
El oficialismo exhibe como excusa la falta de “auditorías” en las universidades, algo que le dio respaldo social, y pondera la Resolución del exprocupador Carlos Zannini para limitar esas auditorias que corresponden a la SIGEN. Lo que no se entiende es porqué no le pide al actual Procurador, Rodolfo Barra, que anule esa Resolución, lo cual permitiría que en pocos días se estuviera auditando a cualquier universidad pública. Tampoco se entiende porqué el oficialismo impidió meses atrás, votando en contra junto al kirchnerismo, que se aprobara una modificación a la norma que aceleraba las auditorías. “Ellos necesitan sostener una excusa, la falta de auditorías les midió bien en la sociedad entonces prefieren sostener el status quo para avanzar en el desfinanciamiento total”, comentaba casi resignado un legislador radical cuando era evidente la falta de números para rechazar el veto.
También algo de razón tienen los que apuntan críticamente al funcionamiento de las universidades, pero si se mina la conversación pública con mentiras y datos incorrectos, se está perdiendo una oportunidad de dar un debate para transparentar y hacer más eficientes los recursos en educación superior y para que las universidades tengan otras opciones de financiamiento externo que les permita sostener la gratuidad, incluso debatir sobre el ingreso irrestricto en algunas carreras sobredemandadas. Pero todo eso debería darse en un contexto de debate serio, sin chicanas ni mentiras. Y fueron muchas las que se vienen escuchando en estos meses, cuando en realidad todo parece suponer que al gobierno no le importa tanto la profundidad de la conversación social, sino avanzar de a poco en dejar de financiar la educación pública. Basta ver los números proyectados en educación básica para 2025, con programas que desaparecieron y con un apoyo a las provincias casi marginal, para entender que Milei y su gobierno prefieren avanzar de a poco y sin reconocerlo abiertamente -para evitar el desgaste prematuro- para ir desentendiéndose de la educación y la salud pública.
El Presidente es una “rara avis” que cree que se puede administrar y desarrollar una nación sin estado, algo verdaderamente insólito, un modelo salvaje donde solo podría prevalecer la “ley del más fuerte”, porque todo lo que provenga del sector público encierra un modelo socialista de adoctrinamiento. Sin embargo, en la sesión de ayer eso quedó desmentido porque 35 diputados egresados de universidades públicas, de los bloques de LLA y Pro, votaron a favor del veto presidencial.
Milei, y esto lo hizo público, no cree en la obligatoriedad de la educación ni en la gratuidad. Su planteo es ideológico, y lo dijo antes de ser elegido presidente, por eso existe en la sociedad que lo apoyó una responsabilidad en ese sentido. Mientras muchos países de la región afrontan el futuro invirtiendo más en educación, ciencia e investigación, como hacen Brasil, Perú y Chile -donde el presidente Gabriel Boric anunció esta semana un proyecto de ley para condonar parte de la deuda que más de 1,2 millones de universitarios contrajeron en créditos especiales para pagar sus estudios- en la Argentina se avanza hacia el lado opuesto. Ante más pobreza, menos inversión en educación. No hay manera de que con esa fórmula el futuro pueda ser mejor.
El Gobierno insistió con el arancelamiento a los alumnos extranjeros cuando en realidad para estudiar y graduarse en la universidad pública hace falta tener una residencia, lo que ubica a ese estudiante como un natural del país, con mismos derechos y obligaciones. Sabe que lo que encierra ese pedido es un avance hacia un arancelamiento general y a eso parece apuntar, pero sin abrir un debate profundo al respecto. Da por sentado, y es verdad, que los extranjeros se gradúan y se van del país, pero no repara en que la situación social y económica también provoca que muchos graduados argentinos emigren, no solo a países desarrollados. Basta ver la cantidad de médicos que se están radicando en países limítrofes, muchos de ellos trabajaron en hospitales altamente prestigiosos como el Hospital Garrahan, pero con sueldos irrisorios. Hay casos de médicos cuyanos que viajan una o dos veces por mes a Santiago de Chile a realizar guardias en clínicas privadas porque el salario por una jornada de 24 horas equivale casi al sueldo mensual en un hospital público.
Milei, al igual que otros presidentes, se enamora de sus ideas y se aferra a ellas. Alfonsín se enamoró de la consolidación de la democracia descuidando la economía, Menem de la convertibilidad olvidando que el modelo sentenció a un tercio de los argentinos a la pobreza, los Kirchner en recuperar una agenda setentista –para promoverla tuvo más resultados discursivos y pasionales que efectivos a la hora de mejorar la calidad de vida de los argentinos- y Alberto Fernández, por ejemplo, de la “cuarentena eterna” durante la pandemia. Javier Milei, por su parte, se ha enamorado al parecer del ajuste permanente y discrecional, más allá de la innegable necesidad de tomar medidas urgentes por el descomunal descalabro económico que recibió como herencia.
El problema es que al igual que sus predecesores, como sucede en la vida, hay enamoramientos que se convierten en obsesiones. Si bien tienen como intención favorecer el bien común pueden terminar siendo peligrosas si para el logro de los objetivos se muestra irracionalidad y falta de empatía al llevarlas a la práctica.
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