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Ajustado empate legislativo: casi tantas leyes como DNU en 2024
Habiendo finalizado el período de sesiones ordinarias en el Congreso y cumplido el primer aniversario del mandato del presidente Javier Milei, es buen momento para hacer un balance de la actividad legislativa en la Argentina.
Los datos que surgen del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) que dirigen los profesores Alfonso Santiago, Santiago Castro Videla y Luis Vivacqua de la Universidad Austral revelan que el Presidente ha emitido un total de 51 decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde que asumió en diciembre del año 2023. De ese total, 44 DNU fueron dictados en el año 2024 mientras que, durante ese mismo año, el Congreso sancionó 43 leyes. Si bien el Congreso ha estado más activo en comparación con los años anteriores (sancionó 37 leyes en 2022 y 34 leyes en 2023), la cantidad de DNU dictados por Milei superó por un número a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo. No obstante, si tomamos en cuenta únicamente el período de sesiones ordinarias del Congreso, entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre, son 35 los DNU dictados por el Poder Ejecutivo frente a las 43 leyes sancionadas por el Congreso.
A 30 años de la reforma constitucional de 1994, cabe recordar que el primer punto del Núcleo de Coincidencias Básicas fue la atenuación del sistema presidencialista. Tamaña paradoja, hoy es más fácil para el Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas que para el propio Poder Legislativo. La práctica institucional evidencia que todos los presidentes electos desde la reforma hasta nuestros días han hecho un uso intensivo de los DNU, independientemente de su filiación ideológica o partidaria. En efecto, conforme surge también de los informes del ODCL, desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional en agosto de 1994 hasta la fecha (20/12/2024) se dictaron un total de 930 DNU. De ese total, 503 fueron previos a la sanción de la Ley 26.122 (la cual regula el alcance del control de los DNU por parte del Congreso) y 427 DNU se dictaron desde agosto del año 2006–cuando entró en vigencia la ley– hasta nuestros días.
De ese total de 427 DNU dictados desde agosto de 2006 hasta la fecha, solo 6 (seis) cuentan con rechazo por parte de alguna de las Cámaras del Congreso y únicamente el DNU 656/24 tuvo un doble rechazo de ambas Cámaras y se vio por ello privado de efectos en los términos de la Ley 26.122.
En un contexto en el que el presidente en ejercicio cuenta con escasos legisladores en el Congreso, este año las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento lograron un dictamen favorable para reformar la Ley 26.122. Sin embargo, el intento de reforma quedó trunco y reveló las limitaciones del Congreso para poner límites al ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Los DNU son instrumentos que tienen la finalidad de legislar en situaciones de urgencia, por lo que su uso excesivo puede generar tensiones en el sistema de división de poderes y fundadas preocupaciones sobre la salud del sistema republicano y democrático. Mientras el Congreso intenta recuperar su protagonismo legislativo, se enfrenta al desafío de implementar un marco que le permita no solo rechazar los DNU, sino también ejercer un control efectivo sobre los mismos. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo será fundamental para el futuro del país, ya que un equilibrio entre estas ramas es esencial para lograr los cambios en las políticas públicas que el contexto de país demanda.
En resumen, el año 2024 ha sido testigo de un ajustado empate entre los DNU y leyes sancionadas por el Congreso. La modificación truncada de la Ley 26.122 acentúa la necesidad de evaluar los mecanismos que regulan la relación entre ambos poderes, resaltando la importancia de un debate activo y constructivo que garantice el respeto a la democracia y a los derechos de los ciudadanos. El camino hacia un equilibrio efectivo entre el Ejecutivo y el Legislativo es aún incierto, pero es vital para la salud política de Argentina.
Profesora e Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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