Ahora el kirchnerismo cree en la Justicia

De pronto la Justicia se volvió la única garantía que hay para alcanzar la verdad. Su voz suprema, su proverbial equilibrio nos salvará. Por algo es una mujer de ojos vendados que lleva una balanza en una mano y una espada en la otra. Ídola total. Los jueces revelarán qué ha sucedido, para eso son jueces, para dar la palabra final. Absolverán o castigarán según sus prístinas sentencias. Oh, majestuosa Justicia. Alabada sea. Aguardamos su sagrada, definitiva palabra.

¿Los kirchneristas se volvieron republicanos? ¿Cuándo fue? ¿Cómo pasó? ¿Y el “lawfare”? ¿No era que en la Argentina no hay estado de derecho, que la Justicia está controlada por los poderes concentrados, la endógena familia judicial y los hediondos medios hegemónicos? ¿Cuántas clases magistrales dio ya Cristina Kirchner con este diagnóstico, cuántos títulos honoris causa recolectó en universidades amigas luego de explicar que la división de poderes en la Argentina es una falacia y que “no hay un estado democrático constitucional”? A ella, por ejemplo, la condenaron para proscribirla. Lo repitió hasta el año pasado. ¿Quién podría entonces confiar en los jueces y fiscales que tenemos?

Al pronunciarse sobre Alberto Fernández la conductora hizo una pirueta dialéctica. Dijo que había sido un mal presidente, despotricó como corresponde contra la violencia de género y después habló de ella, nada nuevo. Sobre qué hacer con Fernández, ni una palabra. No quiere que nadie le recuerde que ella lo inventó. Sin embargo, están apareciendo voces kirchneristas que dicen que Fernández es cuestión de la Justicia. ¿Un atajo para escapar de una incomodidad irremontable? No hablan de la corrupción, la causa de los seguros, sino del otro asunto, el de la primera dama golpeada. La causa de los seguros prácticamente no aparece en declaraciones públicas de los dirigentes kirchneristas. Ellos sobre corrupción en gobiernos kirchneristas no opinan. Cuestión de principios. Es un tema tan feo el de la corrupción que prefieren ni mencionarla. En cambio “las fotos de la señora Fabiola Yañez” que “no sólo muestran la golpiza recibida sino que delatan los aspectos más sórdidos de la condición humana” (tuit de Cristina Kirchner de hace doce días) son otra cosa. Nada que ver con un vulgar tráfico de influencias, con aprovechar a la secretaria del presidente para hacer negocios por algunos miles de millones con el Estado, con conseguir contratos gracias a esas puertas oficiales que desde la Casa Rosada se abren fácil, vicios, en fin, que nadie llamaría sórdidos, mucho menos sorprendentes, tampoco tan descontextualizados.

Cierta leyenda urbana asegura que los grandes escándalos que cada tanto estallan en nuestro país son producidos, motorizados, patrocinados, aunque más no sea aprovechados por el gobierno de turno con el fin de tapar los verdaderos problemas de la gente ante la incapacidad oficial para resolverlos. Los analistas de opinión pública suelen advertir que fuera de temporada electoral las llamadas cortinas de humo -supuesta imposición en la agenda pública de un tema distractor-, en caso de verificarse su existencia, sólo garantizan magros rendimientos porque la realidad, cualquiera fuere, tarde o temprano se impone en el ánimo colectivo.

Pero con la explosiva causa de los seguros sucedió algo nuevo. Una especie de redundancia. Al escándalo causado por esa investigación judicial lo tapó otro, el Fabiolagate, con el mismo imputado, el mismo juez, el mismo celular y los mismos chats, pero de un rubro a ese nivel inexplorado.

No es que la causa seguros haya desaparecido por completo de la agenda sino que su promisorio estrellato se encogió de manera abrupta cuando aparecieron las fotos de Fabiola Yañez golpeada. Lo cual seguramente agravó el insomnio de Alberto Fernández pero le mejoró el sueño a su espasmódico grupo de pertenencia, el kirchnerismo. Como ya se recordó, al kirchnerismo le dan alergia, le resultan incómodas, más que nada traumáticas las insinuaciones judiciales de que un presidente propio pueda ser capaz de enriquecerse en el cargo.

“Estamos muy shockeados, es una denuncia gravísima”, dijo Axel Kicillof. Si en vez de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires hubiera sido, en una situación análoga, el gobernador de Nevada, en Estados Unidos, o el de Baviera, en Alemania, esta reacción probablemente habría sido estrenada con el primer escándalo, el de los seguros, la secretaria presidencial y el privilegiado esposo asegurador amigo del presidente. Pero Kicillof hablaba del segundo escándalo. Ese lo shockeó, el otro no dio en público ni para arquear las cejas.

Lo más importante es que su opinión se completó con esta proposición circular: “estamos esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva”. Casi a la misma hora Cristina Kirchner poco menos que le atribuía a la misma Justicia el intento de asesinato que sufrió en 2022.

¿Cómo se explica que mientras ella declaraba en tribunales que por culpa de la Justicia casi la asesinan, el gobernador, que es su principal subordinado político, afirmaba que es la Justicia la que debe “resolver” la acusación que pesa sobre Alberto Fernández por violencia de género? ¿En qué quedamos? ¿La Justicia es asesina o infalible proveedora de soluciones institucionales? ¿Varía su servicio según se trate de uno u otro miembro de la fórmula que gobernó el país entre 2019 y 2023?

Cristina Kirchner estaba compareciendo por primera vez en Comodoro Py como testigo. Lo que dijo exactamente fue que en su alegato acusatorio el fiscal Diego Luciani, en la causa Vialidad, “contribuyó a la violencia política” que desaguó en Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y compañía. No explicó por qué los demás acusados por el fiscal en la misma causa (Lázaro Báez, Julio de Vido, José López y varios más) no sufrieron atentados. Tampoco achacó a los tres jueces del tribunal complicidad con la promoción de violencia política, pese a que fueron ellos los que la sentenciaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si se considera que el fiscal Luciani había pedido doce años, a los jueces les hubiera podido cotizar una responsabilidad del cincuenta por ciento en la preparación del clima que llevó al atentado. Pero el link entre condena y atentado que hizo Cristina Kirchner fue por el lado de la televisación de la exposición del fiscal.

Aunque varias veces ella consiguió ser televisada en sus comparecencias judiciales (y en otras ocasiones armó actos televisados a la salida de los tribunales), su argumento es que un fiscal que la acusa por cometer delitos en un juicio que sale por televisión incita al magnicidio. Problema para el cual podría haber dos soluciones: que sólo sean televisados los actos que ella autoriza o que para prevenir atentados en adelante las causas por corrupción sean abolidas.

Setenta años después del asalto al cuartel Moncada, Cristina Kirchner emuló en el juicio de la causa Vialidad el alegato de Fidel Castro contra la justicia de la dictadura de Batista, aunque le retocó el tiempo verbal: “la historia -dijo- ya me absolvió”. Eso llevó a Luciani en 2022 a cerrar su exposición refutándola con oportuna sencillez: en el derecho penal, afirmó el fiscal, son los jueces los que absuelven o no.

Es verdad que cualquier comisión de delitos o sospecha de haber sido cometidos por parte de altos funcionarios públicos no tiene una dimensión sino dos. No se trata de precipitar a gusto el juicio de la historia que, como su nombre lo sugiere, se esculpe apilando décadas. Además del derecho penal está la responsabilidad política. Todo hecho negativo de enorme resonancia pública protagonizado por presidentes involucra una responsabilidad política de dirigentes, colaboradores, partidarios, laderos y por supuesto mentores, se trate de corrupción administrativa, de algo tan inusual como un presidente golpeador o de la insólita producción extra de los celulares puestos bajo la lupa de comportamientos inapropiados en despachos presidenciales, género fundado con ese adjetivo por Bill Clinton, quien por lo menos no se filmaba.

“No soy juez ni soy quién para tomar esta sentencia; quiero una sentencia de la Justicia”, dijo también Victoria Tolosa Paz el lunes, locadora ad honorem junto con su marido de Fernández en Puerto Madero.

Mientras no haya pruebas en contrario se le podría creer a la exministra Tolosa Paz: ni ella ni su marido sabían nada de cómo trataba su amigo Fernández a su mujer Fabiola ni de qué otros usos le daba el presidente al despacho presidencial para alivianar la fatiga de gobernar junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa. Pero en sus declaraciones Tolosa Paz no deja la impresión de ser una persona férreamente apegada a las verdades estrictas. A Fernández lo menciona como “quien nuestro Partido Justicialista le delegó la enorme responsabilidad de llevar adelante los destinos de la Argentina”. ¿El Partido Justicialista? Tal vez se perdió una parte de la película o no la entendió.

Desde que Perón dijo, en junio de 1973, “al amigo todo, al enemigo ni justicia”, el peronismo osciló, sin sonrojarse, con valoraciones móviles respecto de los jueces y fiscales por un lado y las responsabilidades políticas de los políticos que delinquen por el otro.

Viene a cuento lo que dijo en 1986 Vicente Leónides Saadi, en esa época uno de los dos líderes peronistas más importantes, cuando José López Rega fue extraditado desde Estados Unidos, esposado: “Si el señor López Rega no ha cometido ninguna falta (sic), no necesita del apoyo justicialista, y si el exministro ha cometido alguna falta y ha caído bajo el imperio de la ley, entonces le corresponde la aplicación de ésta, pero si es una causa política, sin ninguna duda será apoyado por el Movimiento Justicialista”.

Acusado en la causa de la Triple A, López Rega murió antes de ser sentenciado. El fiscal había pedido cadena perpetua. Curiosidades de la historia, ¿quién era el fiscal? Aníbal Ibarra, luego jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hermano de Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica y mujer anterior de Alberto Fernández.