Administrar justicia: casi un mal necesario

Martín Lousteau precisó del silente consentimiento del Gobierno y no solo del aval del kirchnerismo para presidir la comisión Bicameral de Inteligencia. Esa especulación de la oposición dialoguista insinúa un supuesto trueque del oficialismo con el titular de la UCR para garantizar su voto a favor de que Ariel Lijo integre la Corte. El reemplazo de Pablo Blanco con Eduardo Vischi en la comisión de Acuerdos formaría parte de la misma maniobra.

Vischi preside el bloque de la UCR en el Senado y votaría como Lousteau para expresar el aval a Lijo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Alfredo Cornejo se ubicaría en el otro extremo. O, al menos, es lo que se deduce de su visible enojo con Victoria Villarruel por suspender a último momento el acto de corte opositor que organizó en Mendoza el gobernador con la excusa de conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín.

La vicepresidente se descompensó antes de abordar el vuelo hacia Mendoza. ¿El Poder Ejecutivo fue la causa de ese súbito malestar? Incógnita. Villarruel participó de un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad en el que se pronunció contra la candidatura de Lijo, a la que también se opone Francisco Paoltroni.  La hipótesis de un triple acuerdo entre Lousteau, el gobierno y el kirchnerismo provee al senador libertario de un inestimable filón para acrecentar su capital político.

Paoltroni pretende condicionar con su resistencia el capítulo del acuerdo que involucraría a José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria. Solo el voto de la mayoría de sus 33 senadores haría posible la elección de Lijo. Juliana Di Tullio aventajó al radical Vischi en la carrera por abanderarse con la candidatura del juez federal. El kirchnerismo lo votaría a cambio de la ampliación de la Corte. Una medida que cohesionaría la disciplina de esa bancada.

Mayans y Paoltroni representan a Formosa, donde el senador libertario espera disputarle el gobierno a Gildo Insfrán en 2027.  Cualquier tipo de acuerdo entre el gobierno e Insfrán neutralizaría esa posibilidad. Lijo benefició a Insfrán en el caso Old Found. Lo remitió a la Justicia de Formosa que sobreseyó a Insfrán. Esa causa investigó la falsa auditoría sobre la deuda externa de Formosa que su gobierno contrató con Old Found. Al titular de esa firma, Alejandro Vanderbroele, se le atribuye ser el testaferro de Amado Boudou. El contrato entre Old Fund y la provincia de Formosa se firmó mientras Boudou era el titular del Ministerio de Economía.  Ciertas o no hasta que los hechos lo demuestren,  estas elucubraciones reúnen el extraño mérito de exponer en una pequeña escala el grado de tensión institucional que rodea al trámite para incorporar al máximo tribunal de Justicia al controvertido juez que eligió Javier Milei para cubrir una vacante en la Corte.

Pero  el debate sobre la probidad del candidato por sus antecedentes, solo sería la apariencia adquirida por  una disputa que prioriza el control de la Corte por un grupo de interés y convierte a la imperiosa necesidad de proveer un servicio de Justicia confiable y satisfactorio en apenas una formalidad. O lo que es peor: casi un mal necesario e inevitable. Es decir, lo contrario a lo que propuso Javier Milei a sus electores en la campaña. Terminar con las prácticas viciadas que permitieron consolidar en el Estado a una casta.

La atención captada por la audiencia de Lijo terminó  fue una mala noticia para el Gobierno. Desplazó a un plano marginal la saga judicial entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández que festejaba como una contribución a la propaganda oficialista, ensimismada en achacarle esa concepción defectuosa de la política a las demás fuerzas. En apariencias, esta vez no la vio venir.

Ni tampoco el rechazo del Pro al DNU que le entregaría 100 mil millones de pesos a la SIDE. Aunque una parte significativa de esos fondos serían destinados al área de Inteligencia del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.  Mauricio Macri ordenó rechazar esa iniciativa en la que Milei, pero sobre todo Santiago Caputo, deposita una enorme expectativa en vísperas de la campaña electoral.

La designación de Lousteau en la Bicameral de Inteligencia habría precipitado la decisión del expresidente. El senador porteño tiene a Daniel Angelici y Emiliano Yacobiti como socios políticos. A los dos se les atribuye aceitados contactos con la compleja trama que vincula a sectores de la Justicia Federal, el espionaje y las fuerzas de seguridad.

Agustín Romo apeló a su cuenta de X para exigir que en 2025 las listas  del oficialismo solo admita candidatos libertarios. El proyecto que, probablemente, acaricia Caputo y demora un acuerdo con el Pro y la UCR en la provincia de Buenos Aires. Romo es parte del equipo de comunicación de Caputo y sustituyó a Nahuel Sotelo como jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense.  Igual que Constanza Moragues de “Unión, Renovación y Fe” y Guillermo Castello de “Libre”, Sotelo formó parte de la diáspora libertaria tras las elecciones del 2021. Junto a Buenos Aires Libre de Carolina Píparo y Avanza Libertad de José Luis Espert, forman parte del mosaico que el oficialismo precisa volver a sintetizar bajo una sola identidad electoral en 2025.

Designado secretario de Culto, parece difícil que Sotelo sea reelecto. Lo que vuelve curioso que se le haya confiado negociar  la incorporación de los diputados de Patricia Bullrich al bloque de La Libertad Avanza. Bullrich cuestionó a Macri por rechazar los fondos que el DNU preveía entregar a la SIDE. La división de la oposición es la clave de la estrategia electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Algunos resultados del sondeo realizado en agosto por una de las consultoras que trabaja para los exsocios de Juntos, vuelve lógica esa expectativa. Al menos dos tercios de los consultados creen que la dirección adoptada por el gobierno bonaerense no es la correcta. La mitad de quienes respondieron sobre un universo de 1500 casos, calificaron de negativa a la gestión de Axel Kicillof, cuya imagen positiva es del 40 por ciento.  Para más del 30 por ciento la inseguridad desplaza a la pobreza y la inflación como su principal preocupación.

Bajo ese escenario, Miguel Lunghi confirmó ayer que declinaba competir en la interna de la UCR bonaerense contra Miguel Fernández. Lunghi es intendente de Tandil y uno de los más cercanos a Kicillof. Pero también es aliado de Evolución de Martín Lousteau a través de Facundo Manes. Fernández es el exintendente de Trenque Lauquen y es respaldado por el senador nacional Maximiliano Abad, actual titular del radicalismo.

Lunghi desistió de competir luego de la ausencia de Gastón Manes y el diputado nacional Pablo Giuliano en el acto que ese sector realizó ayer en González Chávez. La UCR y el Pro habrían descubierto puntos de contactos inexplorados dentro de la coalición Juntos. Bajo ese espíritu negociaron con el kirchnerismo los 130 pliegos que ingresaron al Senado para designar funcionarios en el Poder Judicial con un criterio de distribución muy práctico.

El viejo Juntos se concentró en el interior y el kirchnerismo en el conurbano. Eso permitiría destrabar después de casi una década que el Departamento Judicial de Lanús y Avellaneda tenga una Cámara de Apelaciones en el fuero de Garantías. Gabriel Vitale, Luciano Noli y Fernando Benítez son los candidatos a cubrir esas vacantes. Benítez está ligado al intendente de Lanús y exviceministro de Justicia de Cristina, Julián Álvarez. Noli es hijo de Marta Pascual, a cargo del juzgado N”2 de Responsabilidad Civil en Lomas de Zamora, Pascual es uno de los 16 magistrados que rechazó llevar la causa abierta contra Vitale por fraguar pruebas en la estafa piramidal de 60 millones de dólares contra la comunidad boliviana en Lomas de Zamora, en la causa denominada “Pay Diamond”. Vitale tiene un pedido de juicio político pendiente por esa causa. Elisa Carrió, las Madres del Dolor y la Comisión  Provincial por la Memoria son algunos de los respaldos que recogió para ser camarista.

La sanción disciplinaria en su contra que tramita la Procuración General no fue un obstáculo para que entre esos pliegos aparezca el de Carlos Baccini para ser designado fiscal general en Lomas de Zamora. Baccini resolvió destruir las pruebas contenidas en la causa donde el fiscal Sebastián Bisquert investigó a Martín Insaurralde por defraudación al Estado municipal. Bisquert archivó esa causa en 2020 basándose en un fallo del Tribunal de Cuentas redactado por Juan Pablo Peredo.

Peredo fue designado vocal del Tribunal de Cuentas a instancias de Insaurralde. El exintendente de Lomas de Zamora intervino personalmente para que el Consejo de la Magistratura integrara la terna para el cargo de fiscal general con Baccini, Bisquert y Jorge Griecco, que también intervino en la causa por supuesta defraudación al Estado. Bisquert investigó si el contador municipal, Hernán Rozín, y el secretario de Hacienda, Claudio Raggio, contrataron como proveedores empresas que compartían domicilio fiscal con el estudio jurídico que los dos compartían en Bernal.

Jorge Mario Pérez no figura entre los propuestos por Kicillof para ocupar un nuevo cargo en la Justicia. El fiscal de Dolores investiga si la senadora radical por el Partido de la Costa, Flavia Di Monte, le exigía devolver parte de sus haberes a sus asesores. Pérez habría sido incluido en una nueva terna para cubrir un juzgado vacante. Un gesto de la corporación que controla desde la Legislatura a la Justicia para demostrarle a Pérez que no es cierto que lo habrían perjudicado en un concurso anterior.

¿Incidirá la nueva posición de Pérez en la marcha de la investigación? Una sugestión de tantas, derivada de concebir a la administración de  Justicia  apenas como un mal necesario.