Acuerdo con el FMI: inconsistencias y restricciones
Mucho se habló sobre el acuerdo con el Fondo (metas de déficit y emisión monetaria) y sobre políticas que hacen improbable su cumplimiento. El acuerdo contiene lo que se le llama la “letra chica”. La meta está puesta en bajar el déficit fiscal con un gasto público que seguirá creciendo en términos reales (por encima de la inflación). En pocas palabras, el énfasis estará en aumentar los ingresos públicos. Y en esta línea, el escenario proyectado tiene que ver con aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales y una reducción en la evasión.
Poniendo la mirada sobre los gastos, resulta una obviedad que el eje central son los subsidios energéticos. Del acuerdo se desprende que se eliminarán los subsidios a la luz y el gas al 10% de los usuarios de mayor capacidad (de pago). Por su parte, a los beneficiados con tarifa social se les ajustará en un 40% de lo que aumenten los salarios y, a los que no tienen tarifa social y tampoco son del 10% de mayor ingreso, se les ajustará en un 80% del aumento de salarios. Siendo que los salarios crecen aproximadamente al ritmo de la inflación, los ajustes de tarifa serán inferiores a aquélla. En sí, la implicancia de todo esto es que son los subsidios energéticos los que subirán por encima de la inflación. Y es por la aplicación de estas políticas que se espera cumplir con los compromisos fiscales y monetarios. Para ponerlo en cifras, se deberá: Llegar a un déficit fiscal primario de $1759 miles de millones (equivalente a 2,5% del PBI) en el 2022. Asimismo, el Tesoro no podrá recibir del BCRA más de $705 mil millones (que equivalen a aproximadamente el 1% del PBI) en el 2022. Y por último, esto significa aumentar la deuda en un 3,5% del PBI, que resulta de 1,5% para cubrir el déficit del ejercicio y 2% PBI para pagar intereses del stock actual de deuda.
¿Qué representa todo esto? La dificultad en el acuerdo. Y hablamos de dificultad porque:
1. Representa bajar el déficit (del 3% al 2,5% el PBI) y la emisión monetaria (del 4,6% al 1% del PBI). ¿Cómo? Mediante aumento (importante) en la colocación de deuda.
2. Las metas no se establecieron en términos del PBI. Y, en efecto, hacerlo en pesos nominales significa tanto una simplificación como una fuerte restricción.
¿Dónde hay inconsistencias? En los instrumentos fijados. El año pasado, el déficit primario fue de $1408 miles de millones. Vale decir que para el 2022, el compromiso no es otra cosa que un aumento nominal del 25% (o el 50% de la inflación). Por otra parte, la emisión para asistir al Estado nacional en el 2021 fue de $2128 miles de millones. Así, para 2022 la reducción (en términos nominales) deberá ser de un tercio. A esto hay que llegar mediante títulos públicos. Esta situación se da en un escenario de ausencia de crédito y el plan para reducir el déficit fiscal es muy endeble como para hacerlo cambiar. Recordemos también que en el mejor de los casos, la AFIP contribuiría con un 0,3% del PBI. El aumento en Bienes Personales, aportaría solo 0,2% del PBI y el ahorro por eliminar los subsidios al 10% de los usuarios aportará 0,06% del PBI. Mientras que los subsidios seguirán subiendo debido a que el 90% de los usuarios de luz y gas tendrán ajustes por debajo de la inflación (y por ende continuaría la distorsión de los precios relativos). ¿Y dónde aparecen las restricciones? Justamente en haber fijado las metas en valores nominales, y no en puntos sobre el PBI (como se acostumbra). ¿Por qué? Básicamente, se pierde la principal herramienta que se viene utilizando para reducir el déficit fiscal. ¿Cuál? La licuación del gasto a través de la inflación. Teniendo niveles de alta inflación (según el REM, 55% para 2022) se podría mostrar “reducciones del déficit” en términos de PBI, pero no en valores nominales.
En este marco, tampoco hay que dejar de considerar el shock económico de 2022, que sobrevino por la invasión de Rusia a Ucrania, con un fuerte impacto en los precios de las materias primas y la energía. Nada de esto está contemplado en las proyecciones del Ministerio de Economía y de los técnicos del organismo. Aunque el acuerdo reconoce que el escenario base está sujeto a importantes incertidumbres. Esto induce a que quedaría desactualizado y que no sería extraño plantear la necesidad de reformularlo. Los supuestos no contemplan el escenario de la soja superando los u$s600, como tampoco que el petróleo podría ubicarse por encima de los u$s120. Las dos variables implican un fuerte cambio que juega a favor, por un lado, y en contra por el otro. ¿Por qué? Las exportaciones van a aumentar, pero también habrá un mayor peso sobre las cuentas públicas por el lado de las importaciones de energía y un incremento de los subsidios energéticos.
En resumen, es de muy complejo cumplimiento el acuerdo tal como está, salvo que haya un aumento en la presión tributaria (ya sea vía suba de los derechos de exportación o que se vuelva a tributar sobre la riqueza y las grandes fortunas durante este 2022). Cabe preguntarse si el primer “acuerdo de la historia sin ajuste” servirá para que los técnicos del FMI deslinden su responsabilidad en caso de incumplimientos.
Profesor de la Universidad del CEMA
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