Acceso a la información: el derecho a desenmascarar la corrupción

En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, resulta imperioso destacar la relevancia de este derecho fundamental, el cual constituye un pilar esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Este principio no solo garantiza la transparencia en la gestión de los recursos estatales, sino que también permite el control social sobre las decisiones del gobierno y la posibilidad de cuestionarlas. En la Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), sancionada en 2016, representó un gran avance hacia una mayor apertura del Estado, cumpliendo con estándares internacionales y consolidando un derecho humano que no debería tener vuelta atrás.

Gracias a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, el periodismo y la sociedad civil lograron exponer serias irregularidades en licitaciones de obras públicas, incluyendo la utilización de sobreprecios y la falta de transparencia en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a funcionarios y exfuncionarios públicos. Muchas de estas investigaciones dieron lugar a las causas de corrupción más relevantes de los últimos tiempos en la Argentina.

Asimismo, esta ley permitió acceder a información sobre visitas irregulares a la Quinta de Olivos durante las restricciones impuestas por la pandemia, generando un intenso debate público en torno al incumplimiento de las normativas sanitarias por parte de las máximas autoridades del país. También se hicieron públicos numerosos casos de nepotismo y conflictos de interés en la administración pública, lo que originó denuncias y medidas administrativas dirigidas a sancionar estas prácticas.

Esta normativa se ha constituido como una herramienta esencial para promover la transparencia y garantizar un control efectivo por parte de la ciudadanía sobre el accionar del Estado. Por ello, es imperativo que los principios de transparencia y acceso a la información nunca retrocedan ni se vean restringidos. Cualquier intento de limitar estos derechos no solo erosiona la confianza pública, sino que también debilita los pilares esenciales de la democracia y la rendición de cuentas.

El derecho de acceso a la información pública no constituye un privilegio otorgado por el Estado a la ciudadanía, sino que es una obligación que éste debe garantizar.. La información en poder del Estado pertenece a la ciudadanía y no a quienes ejercen temporalmente las funciones de gobierno. Los gobernantes, como administradores de la cosa pública, están obligados a poner a disposición del pueblo todos los datos que sean de interés general.

El manejo de los fondos públicos por parte de los funcionarios no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una cuestión de la esfera privada, dado que se trata de recursos que pertenecen a toda la ciudadanía. Por ello, es un derecho inalienable de los ciudadanos conocer en qué y cómo se administran esos fondos, que son aportados por la comunidad a través de impuestos y contribuciones. Limitar este derecho no solo atenta contra la transparencia, sino que además restringe la participación activa de la sociedad en el control y la evaluación de la gestión pública, elementos esenciales para el funcionamiento de una sociedad verdaderamente democrática.

Como ciudadanos, no debemos permitir que los gobiernos determinen unilateralmente qué información es “relevante” para el público y cuál no, ya que esto abre la puerta a la manipulación y al ocultamiento de datos que, por su propia naturaleza, deberían ser de acceso irrestricto. Permitir que el poder político decida qué se hace público socava el derecho fundamental de acceso a la información y desvirtúa el principio de transparencia, lo cual es indispensable para garantizar una gestión pública abierta y responsable

La transparencia no puede estar sujeta a criterios discrecionales del poder de turno, sino que debe ser un valor constante e irrenunciable para asegurar la integridad del sistema democrático, fortalecer la confianza de la sociedad en sus gobernantes y así, contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país.

Necesitamos una justicia verdaderamente independiente, una administración pública transparente y un control ciudadano fortalecido. Solo así podremos restablecer la confianza en nuestras instituciones y crear un entorno propicio para atraer las inversiones necesarias para el desarrollo económico y social del país. Estos principios son esenciales para generar un clima de previsibilidad y estabilidad, elementos indispensables para que la Argentina pueda avanzar sostenidamente y superar las crisis recurrentes de manera definitiva.

Consejera de la Magistratura Nacional y líder de Abogados en Acción