A mayor información, menor corrupción
La entrada en vigor de la ley de acceso a la información, que permite conocer las decisiones políticas y públicas, salda una deuda de larga data
LA NACION
Hace exactamente un año se publicó en el Boletín Oficial la ley de acceso a la información pública, que garantiza a la ciudadanía el derecho de conocer e involucrarse en las decisiones políticas y públicas, como también de ejercer un control sobre los diferentes poderes del Estado. Esa ley entrará en vigor hoy.
La comunidad internacional venía insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad de asumir un compromiso universal con la libertad de información por la relevancia fundamental que reviste este derecho. Hasta la promulgación de esta ley, la Argentina era uno de los pocos países de América latina que no habían diseñado una norma que asegurara y garantizara el acceso a la información.
Dos días antes de su entrada en vigor, un decreto de necesidad y urgencia modificó la ley en lo referido a las funciones de la Agencia de Acceso a la Información, que, como informó LA NACION, no sólo será el órgano de control de la norma, sino que también se deberá enfocar en la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios.
Los diferentes países de la región ya habían promulgado leyes de libertad de información, transparencia y acceso a la información pública: Colombia, por ejemplo, se convirtió, en 1985, en el primer país latinoamericano en reconocer el derecho de los ciudadanos a la información; luego lo harían México (2002), Chile (2008) y, más recientemente, Brasil (2011).
Esta necesaria normativa, que obliga a la administración pública, a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura, entre otros, a brindar información pública a la sociedad se erige, sin ninguna duda, como una herramienta fundamental a los fines de transparentar los actos de gobierno, prevenir la corrupción y, en consecuencia, reprimir con mayor eficacia este delito.
Una participación ciudadana efectiva es posible cuando desde el Estado se garantiza el derecho de acceder a la información pública, se rinden cuentas, se crean espacios para implicar a los ciudadanos y se facilita el derecho de preguntar.
La mayor transparencia de las instituciones y el deber de rendir cuentas por parte de los funcionarios que las integran no sólo fortalecen de manera directa el sistema democrático de gobierno, sino que también transmiten confianza y tranquilidad a la sociedad civil, que demanda una actuación abierta, ética y honesta de quienes la representan. En definitiva, contribuyen a la paz social, al hacer palpable la sujeción del Estado a la ley y al limitar la discrecionalidad de los que ejercen el poder.
Justamente, la falta de transparencia y la opacidad de las decisiones de los funcionarios de la administración pública han posibilitado durante años la perpetración de los graves hechos de corrupción que hoy se están ventilando en diversos tribunales federales de la Nación.
Así, son innumerables los casos de funcionarios públicos acusados de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales, administración fraudulenta, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, delitos que provocaron consecuencias nefastas como, por ejemplo, la muerte de 52 víctimas en la tragedia ferroviaria de Once.
Para desterrar estas prácticas nocivas es necesario lograr, en primer lugar, un real cambio cultural que rechace toda manifestación de la corrupción, y en segundo lugar, la efectiva implementación de los principios de transparencia en la gestión pública.
Si bien la legislación por sí sola no garantiza un buen acceso a la información -pues se requiere además una decisión política firme y constante por parte del Estado en la implementación-, sí constituye un gran avance para dejar atrás las prácticas perniciosas que coadyuvaron a sustentar un sistema de corrupción e impunidad.
Es auspicioso el inicio de una nueva etapa en materia de transparencia pública y el acceso a la información. Por supuesto, queda mucho camino por andar. Tal como señala Juan Pablo Olmedo, ex presidente del Consejo de Transparencia de Chile, es esencial el uso activo y cotidiano de la ley por los medios de comunicación, la sociedad civil y los ciudadanos comunes, garantizando la independencia de los funcionarios encargados de los sistemas de información. Además, la ley debe tener un alcance en todos los niveles de gobierno: tanto nacional como provincial y municipal.
En definitiva, y tal como lo ha anunciado la Unesco al proclamar el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, "la existencia de un gobierno abierto y transparente es un componente fundamental de un Estado democrático y desarrollado".
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