“A grandes delitos, grandes condenas”

Una nota publicada recientemente por La Nación da cuenta de una sorprendente importación desde la hermana república de Chile: menores con antecedentes delictivos traídos para ser usados por bandas del conurbano aprovechando la inimputabilidad (¿impunidad?) del sistema argentino para quienes delinquen con menos de 16 años. En una democracia, el bien común debe primar sobre la lucha por el poder. Si bien discrepo con muchas iniciativas del actual gobierno, celebro el debate sobre la edad de imputabilidad delictiva, enfocándolo en la gravedad del delito y no solo en la edad del autor.

Hace 16 años, en este diario (https://www.lanacion.com.ar/sociedad/imputables-a-los-13-anos-nid1047719), propuse soluciones para evitar la impunidad y la colaboración del Estado, por su inacción, con el inicio de carreras delictivas en menores.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2022 se registraron 12.500 hechos delictivos con participación de menores de edad en la Argentina. De estos, el 60% fueron delitos contra la propiedad, el 20% delitos contra las personas y el 20% restante fueron otros tipos de delitos (narcotráfico, violencia familiar, etcétera). Es importante destacar que estos datos solo reflejan los delitos denunciados, por lo que la cifra real podría ser mayor.

Hay que ser pragmáticos: superemos los prejuicios ideológicos y apelemos al sentido común. Los menores, influidos por los medios y las redes sociales, maduran antes que en 1921, cuando se promulgó el Código Penal. Propongo que se reduzca la edad de imputabilidad a los 14 años, de modo que no estén obligados los jueces de menores a liberar personas peligrosas con prontuarios extensos solo por una cuestión de edad.

La carrera delictiva se impulsa por la impunidad aprovechada por bandas de mayores y por la situación del sistema carcelario. Según el Observatorio de la Violencia, la tasa de homicidios dolosos en menores de 18 años aumentó un 30% entre 2020 y 2022. La mayoría de estos homicidios se produce en el marco de enfrentamientos entre bandas o grupos rivales.

Propongo que, si un menor, con asistencia de un gabinete psico-médico-pericial, demuestra ser consciente de haber desarrollado una acción delictiva grave y valora sus consecuencias, sea derivado a granjas escuela con educadores adentro y personal penitenciario afuera, sumando custodia perimetral. Nadie comienza matando. Los delitos menores pueden desembocar en tragedias. Por eso, como intendente de San Isidro, firmé hace años un convenio con el Obispado, la Fiscalía y la Defensoría General, con el apoyo de las universidades de San Andrés y Girona, para lanzar el programa de Justicia Juvenil Restaurativa, inspirado en la experiencia de Cataluña, que logró bajar sustancialmente la tasa de delitos menores.

Creo en el sistema inglés: “A grandes delitos, grandes condenas”. El nuestro es perverso. Según un estudio del Ministerio de Justicia de la Nación, la tasa de reincidencia entre los menores que han pasado por el sistema penal actual es del 40%. Esto significa que 4 de cada 10 menores que cometen un delito vuelven a hacerlo después de pasar por el sistema penal. Propongo institutos para menores y variantes de cárceles para los mayores con un sistema integral de capacitación en oficios, hoy tan demandados en el mercado. Así, las cárceles cumplirán su función constitucional de recuperación y no de castigo, con un sistema profesional de control a los internos que evite liberaciones indiscriminadas.