A Cristina no la conforma depender de la suerte

Resulta comprensible el enojo de Cristina por el alza del 13,8 % en la medicina prepaga. Coincide con la de 30 puntos en la factura de energía eléctrica que pagarán este mes los usuarios residenciales. El efecto palpable de la primera quita de subsidios al consumo; habrá otras dos consecutivas en noviembre (30%) y diciembre (40%). Una medida que impactará sobre el 36 por ciento de los usuarios del conurbano. La zona donde residen sus electores más fieles.

Las prestadoras adhieren a esa preocupación, aunque por una razón distinta al perjuicio que le ocasiona a la estrategia electoral de la vicepresidente, cuya prioridad es retener la provincia de Buenos Aires. Le temen al crecimiento exponencial del nivel de morosidad en su cartera de clientes. Es decir, a la decisión por la que podrían optar un grupo significativo de ellos. No pagar el servicio y acceder a él por una conexión clandestina. Una de las reacciones negativas a la supresión del mecanismo por el que su valor se mantuvo congelado.

Cammesa les compraba energía a las generadoras y se la cedía a las distribuidoras sin que se la abonen. En 2021, los giros del Tesoro a Cammesa representaron el 1,2 por ciento del PBI. Cerca de cinco mil millones de dólares que financiarán en un plan de 96 cuotas fijas en ocho años, con la posibilidad de un reajuste tarifario en los próximos 90 días, gracias al nuevo presupuesto. Una combinación explosiva que hasta ahora no pudo desactivarse con el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

El cuestionario elaborado para darle un criterio aparentemente racional a ese beneficio no despertó el interés de los usuarios. Se inscribieron muchos menos que los previstos. La secretaría de Energía ideó una solución expeditiva para zanjar esa dificultad. Cobrarles a quienes no lo completaron la misma tarifa que a los de ingresos más altos (R1). Aplicado al conurbano, ese cálculo obliga a que el 33 por ciento abone la misma tarifa que la correspondiente al 3 por ciento de los usuarios.

Una inequidad llamativa que confirma las dificultades del oficialismo para hacer de la estadística un instrumento confiable. Marco Lavagna convive con esa atmósfera. El titular del Indec rechazó que un extravío de datos esté postergando la difusión oficial del censo, cuyo resultado sigue procesándose. Aunque admitió que “la falta de robustez” de los resúmenes de los censistas impidió la difusión de un informe preliminar.

No bastó para diluir una especulación ligada a esa demora. La Matanza no tendría la cantidad de habitantes con la que insiste el intendente Fernando Espinoza (2,4 millones). El nuevo censo confirmaría que el número se aproxima a los 1,8 millones que le atribuyó el de 2010. Desataría un verdadero escándalo político. La población es uno de los índices para distribuir el 36 por ciento de los recursos coparticipables entre los 135 municipios bonaerenses.

Insuficiente para justificar la aparente promesa de Máximo Kirchner a Emilio Pérsico para que su esposa, Patricia Cubría, le dispute a Espinoza la intendencia en una PASO. Una murmuración surgida de la reunión que mantuvieron en la vivienda que el líder del Movimiento Evita ocupa en La Matanza. Al jefe de La Cámpora le preocupa tanto el desarrollo de la izquierda dura como al PRO la de los libertarios de Javier Milei. Por primera vez en la historia, el Polo Obrero tiene dos concejales en ese Municipio.

El peronismo podría contribuir a la desconfianza con las cifras oficiales. Se propone cumplir con un plan para documentar a casi 800 mil extranjeros residentes en territorio bonaerense. Más de medio millón vive en el conurbano. Y al menos un quinto de ellos en La Matanza. Cristina Álvarez Rodríguez estará a cargo del operativo que debería finalizar antes del 31 de marzo. El plazo para incorporarlos al padrón electoral que debería estar disponible desde el 30 de abril.

Los intendentes y la ministro de Gobierno se conjuraron a revertir la baja participación de extranjeros en la elección de 2021. No solo con la provisión de documentos. También con la habilitación de mesas en todos las escuelas habilitadas para votar. Conjeturan que de ese núcleo podría surgir una ventaja definitiva a su favor en las elecciones de 2023. Algunos de esos detalles fueron discutidos en la reunión que mantuvieron en la Casa de la provincia de Buenos Aires el 20 de octubre.

El mismo día que Axel Kicillof convocó en La Plata a intendentes, el ENRE y el organismo de control bonaerense, Oceba, a una reunión para analizar el problema del cambio en las tarifas. Las distribuidoras no fueron invitadas. Extraño. Fueron las que insistieron en una campaña de inscripción al RASE que atenúe el aumento, encabezada por los jefes comunales. Los de la oposición no fueron citados.

Probablemente, por lo delicado de un temario que llevó a Mario Secco a una conclusión obvia: “Al final nos piden militar un ajuste.” Julio Zamora pidió que se contemple a las asociaciones civiles que no puedan pagar. Puede que el intendente de Tigre no sepa que tocó un tema extremadamente sensible. En abril de 2021, la Legislatura bonaerense sancionó por unanimidad en ambas cámaras la ley 15192 con la que se creó el Régimen de Tarifa Cero para los servicios públicos de clubes e instituciones sociales mientras dure la emergencia sanitaria. Esto es, la prohibición de incrementar su valor mientras dure la medida que el gobernador dispuso desde abril de 2020 y cuya finalización operará en diciembre de este año. Seguramente a causa del entusiasmo provocado por su espíritu solidario, los legisladores del oficialismo y de la oposición descuidaron un requisito que debe cumplir cualquier ley que con su sanción afecte intereses: garantizar los recursos necesarios para atender esos perjuicios.

Lo que vulgarmente se denomina “costo legislativo” fue el argumento de las empresas para apelar ante María Ventura Martínez, titular del juzgado en lo Contencioso y administrativo de La Plata. Y el mismo del que se valió la magistrada para instar al Oceba a garantizarlos. El organismo de control bonaerense les notificó que en las próximas semanas estaría en condiciones de hacer efectivo ese subsidio. Es decir, que podrá cumplirse con un régimen ideado para enfrentar un estado de excepción que caducará en 60 días. Una dilación que abre dudas sobre el efecto positivo del anuncio de Kicillof para subsidiar con casi cinco mil millones de pesos a las cooperativas bonaerenses que prestan el servicio de distribución de energía en el Interior de la Provincia.

El manejo discrecional de los recursos del Tesoro es una de las quejas que los intendentes reiteraron al gobernador en la reunión que mantuvieron hace dos semanas. En ella, por primera vez se lo cuestionó personalmente por sostener a Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad. El pedido efectuado por Marcelo Romero a Berni podría darles la razón. El fiscal de La Plata le pidió por nota al ministro que el personal de custodia sea provisto “de elementos de sujeción nuevos o, en su defecto, en perfecto estado” después que el 25 de octubre un detenido consiguiera liberarse de las esposas y apuñalar con un vidrio al efectivo que lo trasladaba para que declare en el Tribunal de Casación Penal. La preocupación de Cristina por el conurbano. Para disiparla, le hará falta algo más que confiar en la suerte.