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A 25 años de la Convención Interamericana contra la Corrupción: recuerdos y reflexiones
En los cuatro años en que me desempeñé como subconsejero legal de la Cancillería argentina tuve el honor de representar a nuestro país –como titular de delegación o integrando otras- en la negociación y firmas de diversos tratados internacionales que luego fueron ratificados por la Argentina. A 25 años de su firma, creo que la experiencia profesional de haber participado en la negociación, redacción y adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción fue única e imborrable.
Como miembros del Grupo de Expertos “Probidad y Ética Cívica” y apoyados por la embajada argentina ante la OEA, compartimos con el doctor Carlos Manfroni las negociaciones durante todos los períodos de sesiones en Washington y la adopción de la CICC en Caracas. La CICC es un instrumento de derecho internacional importante y novedoso, tanto por sus disposiciones en materia de prevención y en materia penal, como en la inclusión de un mecanismo de seguimiento, conforme al Acta de Buenos Aires de mayo de 2001, que introdujo lo que se dio en llamar un sistema de “revisión entre pares”. Fue la primera en su tipo en el mundo, antecedente inmediato de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos de la OCDE, suscripta en París en 1997 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Se negoció a un ritmo vertiginoso. Fuimos avanzando en reuniones formales interminables y muy extensas negociaciones informales. Participaban en representación de sus países juristas de nota del continente y representantes diplomáticos. El trabajo desarrollado por la OEA durante todo el proceso fue, en mi opinión, extraordinario, relevante en el orden internacional.
Fueron incluidos como delitos, entre otros, el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional e incluyó la caída del secreto bancario. A este respecto, cabe recordar como anécdota que en las postrimerías de las negociaciones un ministro propuso, en representación de un país, incluir una cláusula de orden público en la Convención –lo que hubiera debilitado su aplicación en gran medida-, moción que fue firmemente rechazada, tal era el espíritu que animaba a los representantes de los países americanos.
Fue firmada el 29 de marzo de 1996 y posteriormente ratificada por más de 30 estados americanos. La Argentina la aprobó por Ley 24.759, promulgada el 13 de enero de 1997. Como se expresa en algunos de sus considerandos, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, afecta los sistemas democráticos y atenta contra la justicia y el orden moral. Sus objetivos son prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Luego de su entrada en vigor se han escrito una innumerable cantidad de artículos de calificados expertos a lo largo y ancho del continente americano. La participación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil ha sido sumamente importante. La Convención inició un proceso sin retorno en el orden nacional y regional. En nuestro país se creó la Comisión de Seguimiento en abril de 2001, conformada por importantes instituciones y personalidades nacionales, con el objetivo de impulsar, difundir y verificar el grado de cumplimiento y producir informes a la Secretaria General del Mecanismo de Seguimiento de la CICC.
A la luz de la gran atención que despertó en diversos ámbitos argentinos, entre otras acciones, cabe recordar que en 1997 se creó la Oficina Nacional de Ética Pública, que se transformó en la Oficina Anticorrupción en el año 2000; fue instaurado el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales abiertas al público en 1999; se legisló el soborno transnacional; se sancionaron numerosas otras normas complementarias como así también reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal Federal.
La corrupción es un problema universal, es un fenómeno complejo que se extiende en el ámbito público y privado, ningún estado se halla inmune a sus efectos. La lucha contra la misma tanto a nivel nacional como internacional es un tema de extraordinaria relevancia. La intolerancia hacia ella crece persistentemente alrededor del mundo, en el convencimiento de su alto impacto negativo, que obstruye el crecimiento y el desarrollo económico de las naciones, como así también erosiona la confianza pública y la legitimidad y transparencia de los gobiernos.
Diplomático y abogado, exembajador argentino en Nigeria y en Filipinas. Consejero y Director del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
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