8M: el necesario diálogo entre mujeres y ambiente
Hoy se realizará una nueva movilización por el Paro Internacional de Mujeres, y miles de mujeres y diversidades se encontrarán en las calles una vez más.
Este año nos enfrentamos a un contexto local especialmente desafiante, con una crisis económica severa y números de pobreza que escalan estrepitosamente. A nivel nacional, la pobreza aumentó un 13% en dos meses y llegó al 57%: la más alta en 20 años, la tasa de indigencia trepó un 15%, golpeando con más fuerza a las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. A esto se suma, la crisis climática, acompañada de eventos meteorológicos cada vez más frecuentes y duraderos que agravan aún más los efectos del cambio climático, como las sequías extremas que perjudican las cosechas año tras año, inundaciones e incendios que requieren la evacuación de pueblos enteros, y olas de calor que impactan sobre la salud pública.
Una relación que parece quedar en segundo plano es el entrelazamiento de la agenda ambiental y la agenda feminista. La degradación ambiental y el cambio climático, consecuencias de un desarrollo basado en la explotación de bienes naturales y el extractivismo, profundizan la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, que recae principalmente en las mujeres. El actual modelo económico y reproductivo sigue ejerciendo, cada vez, mayor presión tanto sobre la naturaleza como sobre las mujeres, afectando negativamente sus oportunidades económicas, educativas, laborales y de autocuidado.
Así como la crisis climática no afecta a todas las regiones de la misma manera, lo mismo sucede con la cuestión de género. El cambio climático no es género-neutral. Las mujeres y niñas experimentan con mayor gravedad los impactos del cambio climático, acentuando las desigualdades de género ya existentes y amenazando su bienestar, calidad de vida, salud y seguridad. Tal es así que, según datos del último reporte de Naciones Unidas, en el peor de los escenarios climáticos, se prevé que la inseguridad alimentaria afecte a 236 millones más de mujeres y niñas, frente a 131 millones más de hombres y niños.
Si hablamos de fenómenos climáticos extremos, las mujeres son las que menos posibilidades tienen de sobrevivir y las que saldrán más perjudicadas debido a la brecha que hay en información, movilidad, toma de decisiones y acceso a recursos y entrenamiento.
A modo de ejemplo, durante los períodos de sequía e inundaciones, las trabajadoras agrícolas tienen que trabajar más duro para asegurar sus ingresos y recursos para la familia. Esto es de suma importancia considerando que la agricultura es la actividad que más empleo genera en los países de renta baja y media, como es el caso de América Latina.
En materia energética, debido al menor nivel de ingreso promedio, las mujeres se encuentran expuestas a un mayor riesgo de sufrir pobreza energética que los hombres. Se puede considerar entonces que la desigualdad de género es un factor de riesgo para sufrir pobreza energética, además de que obstaculiza la plena participación y el ejercicio del poder de decisión en asuntos relacionados con la energía.
En un contexto, en dónde el aumento de las tarifas energéticas golpea en mayor medida a mujeres que son el principal sostén de miles de hogares, y que se ocupan de tareas domésticas y de autocuidado, se necesitan más y mejores políticas públicas. Es necesario pensar sistemas energéticos limpios, es por ello que necesitamos mejores indicadores que midan el acceso a la energía con enfoque social y de género.
Algo no menor es que las mujeres siguen estando considerablemente subrepresentadas en los cargos políticos y puestos de toma de decisiones más elevados. No podemos olvidar que no escuchan nuestra voz y en muchos casos es más difícil acceder a estos espacios y que se atiendan nuestras demandas. Si analizamos, recién en 1973 una mujer ejerce un cargo público de gestión ambiental en América Latina, Yolanda Ortiz en la Argentina. Necesitamos que las necesidades y contribuciones de las mujeres sean integradas al proceso de toma de decisión para que realmente la transición energética y socioecológica sea justa e inclusiva.
Frente a eso, en un contexto de múltiples crisis y en un llamado por parte de ciertos sectores a la profundización del extractivismo, es necesario redoblar los esfuerzos para alzar y entrelazar la agenda ambiental y de género. En este sentido, hay que repensar la actual organización social del cuidado respetando los límites ambientales y planetarios; a su vez reconocer y valorar el rol de las mujeres en la vida, en los procesos económicos en América Latina, y como valiosas agentes de cambio en diversos sectores ambientales.
La propuesta es incluir la perspectiva de género en las políticas ambientales e integrar los conocimientos de las mujeres en su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas y rurales, en el diseño e implementación de respuestas a la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la degradación ambiental, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
La inclusión de la perspectiva de género en cualquier análisis debería partir por preguntarse por las desigualdades en el acceso, uso y control de los bienes comunes, teniendo en cuenta que se trata de una agenda de constante transformación y construcción. En un contexto de incertidumbre, pasar de las declaraciones a las acciones resulta fundamental y la perspectiva de género no debe quedar atrás.
Integrantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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