Una tormenta envuelta en un huracán
La polémica por las pruebas en la causa Vialidad; la movida del PJ; el verdadero problema es el ajuste; el caso del fiscal Scapolan y la denuncia de Arroyo Salgado contra Ritondo
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LA NACIONCarlos Pagni
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Estamos en medio de una tormenta, en cuyo centro está Sergio Massa. Hay una serie de factores que caracterizan hoy a la economía, como la alta inflación, la caída estrepitosa y permanente de reservas del Banco Central, los efectos que tiene eso sobre los movimientos del dólar y la recesión. Vemos cómo se va congelando la economía en la caída de los niveles de ventas y de actividad económica. Ahora, para mejorar las cosas, la tormenta se envuelve en un huracán: las condiciones políticas alrededor de la causa que se le sigue a la vicepresidenta y a un grupo de funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner por la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Ayer, el fiscal Diego Luciani pidió para la expresidenta y vicepresidenta 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Todos sabemos que es un caso, desde el punto de vista técnico, crucial, porque de lo que se determine en la asignación de obra pública en Santa Cruz podrían derivarse cuestiones que tienen que ver con el manejo de dinero en los hoteles de la familia Kirchner en Calafate, lo que se conoce como causa Los Sauces y Hotesur. Es decir, si se confirma que hubo delito en el caso de Vialidad, estaríamos probablemente frente a lo que sería el antecedente que hace posible las operaciones de lavado de dinero en los hoteles.
¿Por qué pongo todo esto en potencial? ¿Por qué todavía existen signos de interrogación? Porque todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen las causas Hotesur y Los Sauces, que podríamos identificar como antikirchneristas, que dicen “bueno, todavía hay mucho para estudiar para probar concretamente una conexión”. La podemos adivinar en la crónica periodística, en los indicios de relatos e informaciones que después son difíciles de consolidar en un expediente. Este es un problema que no vemos hoy, pero que conocen quienes miran la causa en relación con la Justicia con dos o tres jugadas de antelación.
Este es un tema importante porque tenemos una percepción intensísima de corrupción en la política, principalmente en el kirchnerismo, que a la vez advierte evidencias de corrupción en Juntos por el Cambio. Todo esto requeriría de un Poder Judicial extraordinariamente serio que sancione como se debe. Y que no deje una sensación de arbitrariedad, lo que la vicepresidenta denuncia como lawfare, es decir, una persecución.
El peronismo reacciona en línea con lo que señala la vicepresidenta y anuncia una persecución política. Hay manifestaciones en estas horas de gente que no es necesariamente kirchnerista y que en algunos casos está enemistada con la vicepresidenta, como la conducción de la CGT, que se siente amenazada por Cristina Kirchner, y sin embargo hizo una declaración en la que asegura que no hay pruebas concretas en lo que está anunciando el fiscal Luciani.
Hay además otros actores en el oficialismo que no son necesariamente kirchneristas como diputados y senadores que no están alineados con Cristina, pero que también se manifiestan en ese sentido. Ha habido un pronunciamiento ayer de 500 intendentes de ciudades pequeñas, no todos kirchneristas, quienes también plantean que hay una persecución.
Esto nos indica que se está creando un clima de movilización vinculado con el enfoque central que le da la vicepresidenta a todo este problema. Es un enfoque que tiene que ver con una cantidad de datos que ella esgrime, pero sobre todo con una concepción ideológica respecto a cuál es la relación entre Justicia y política. Para Cristina Kirchner no hay autonomía técnica de la Justicia, sino que es un instrumento de la política. Siempre. Tanto que ella pretendió que eso sea blanqueado en el sistema. ¿Cómo? Eligiendo a los que nombran a los jueces, los consejeros de la Magistratura, en listas electorales con los candidatos políticos, en lo que ella llamó un proyecto de democratización de la Justicia que se lo dio de baja la Corte por inconstitucional.
Quiere decir que, para el oficialismo, lo que hay en el centro de este problema es una disputa política. No es la única que sostiene esto de todos los que están siendo imputados en la causa de Vialidad. Hace mucho tiempo, en el año 2016, que es cuando se inicia esta causa que se reabre por una denuncia de Javier Iguacel, quien estaba al frente de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri, la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, que es una abogada que tuvo mucha participación en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hizo una observación importante en un tuit donde se preguntaba quién es el encargado de administrar el presupuesto. Bueno, habría que contestarle, técnicamente, el jefe de Gabinete. ¿Cómo es que en esta causa no está imputado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete mientras ocurrían estos delitos? ¿Cómo no está imputado Sergio Massa? Y así podemos nombrar a otros. Sin embargo, la imputación pasa de la presidenta/presidente al ministro de Infraestructura y al secretario de Obras Públicas. ¿Qué hay detrás de esto? La presunción de una manipulación política que convertiría a aquel Alberto Fernández o a aquel Sergio Massa, que recorrían los canales de televisión denunciando a Cristina en cómplices de lo que ellos denuncian como lawfare.
Hay varios argumentos en toda esta denuncia que realizan Cristina Kirchner y sus funcionarios. El primero ya lo mencionamos, que no hay pruebas concretas que vinculen. Sin embargo, no es que no hay pruebas concretas de corrupción. Es probable que, en la cabeza de Cristina, José López tenga que ir preso. Lo que está diciendo el kirchnerismo y la propia Cristina Kirchner y la CGT es que no hay pruebas concretas que la vinculen a ella con esos casos de corrupción. Esto es interesante porque hay referentes de la oposición que sugieren lo mismo, entre ellos, Miguel Ángel Pichetto, quien dice que va a ser muy difícil probar en un expediente lo que presumimos políticamente, que es conectar concretamente el hecho con Cristina Kirchner. Por eso él dice que se inventa la figura de la asociación ilícita, que transmite responsabilidades sin necesidad de que haya prueba documental.
Este es un enorme problema porque no vaya a ser que después, lo que hoy es una catarsis, un desahogo, una sensación de que se repone un equilibrio en la Justicia general de las cosas, sea frustrado porque en los expedientes es imposible de ser demostrado. Sostienen algo más, que el fiscal Luciani en su alegato y en toda su larga circunstanciada acusación introdujo una cantidad de imputaciones, de datos, presumiblemente de prueba que no estaban en el comienzo de la causa. Esta es la razón por la que Cristina Kirchner dice que quiere que la llamen de nuevo a declarar, porque quiere contestar esas imputaciones que no contestó porque no fueron planteadas. Esta posibilidad de ser llamada a indagatoria en este momento del proceso le fue denegada.
Daría la impresión, según sostiene Paz Rodríguez Niell en una nota publicada en el diario LA NACION, de que Cristina tendría un derecho a refutar en lo que el procedimiento identifica como “las últimas palabras”, es decir, su última intervención antes de la sentencia. El razonamiento de la vicepresidenta es que, mientras tanto, va pasando el tiempo y se van asentando esas imputaciones. Por ese motivo ella prefiere aparecer este martes a las 11 por su canal de YouTube contestando los argumentos que, ella dice, fueron incorporados extemporáneamente por el fiscal.
Lo más importante políticamente es que empieza a haber un estado de movilización que quiere introducir el kirchnerismo. Porque si todo es político, si no hay ninguna autonomía del expediente, si no hay técnica y solo se trata de una disputa de poder, hay que dar la discusión en el campo del poder. Ha habido atisbos, adelantos de esto que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo en los próximos días. Me refiero a que hace poco, la vicepresidenta pronunció un discurso en Avellaneda, que fue importante. En aquella oportunidad tenía al lado al ministro de Hábitat y Vivienda y exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ella en un momento de su exposición le dice a Ferraresi: “Te tengo que felicitar porque ante una ordenanza municipal que la Justicia te objetó, vos movilizaste al pueblo”.
El siguiente discurso importante de Cristina se produjo en Ensenada, en donde dijo que su hijo Máximo le había observado algo en lo que ella no había pensado: “A Perón en el 55 no lo quisieron meter preso, lo dejaron irse al Paraguay. ¿Por qué? Porque tenían miedo a otro 17 de octubre”, señaló, según dijo su hijo.
Ahora, rebobinemos, manifestaciones de intendentes, manifestación de la CGT, movilización en la calle y un cartel que dice: “Ya cruzamos por Perón, cruzaremos por Cristina”. Este es el puente por donde cruzaron los obreros y sus dirigentes sindicales el 17 de octubre para ir a reclamar por la libertad de Perón. Está recreándose dentro del peronismo una escena que pretende intimidar a la Justicia.
Una obviedad, el que juzga a Cristina no es Luciani, él debe acusarla y como todo fiscal tiene esa obligación y probablemente deba exagerar esa acusación. Ahora escucharemos a la defensa y después tiene que actuar el Tribunal que está en una encrucijada importante porque está ante esta presión. Pero no se trata solo de una presión política, se trata de la constitución de una escena electoral. La idea de que Cristina debe ser envuelta en el aura de una perseguida. Esto que nos puede resultar muy ajeno a nosotros es muy familiar para ella que es una profesional del poder.
Esto último lo voy a demostrar con un ejemplo. Hoy en su casa hubo un episodio de violencia. La gente del kirchnerismo lo cuenta como que algunos vecinos fueron a insultar y que la policía de la ciudad en vez de disolver la manifestación, dejó que esa gente se vaya sumando. Luego, vinieron kirchneristas a defenderla y la policía reprimió. Cristina, La Cámpora, los que fueron a la casa de la vicepresidenta a favor de ella, dicen que reprimieron solo a su gente. En ese contexto, ella emitió un tuit que dice: “Lo único que le faltaba a Larreta para ser Macri es reprimir”. Es más que un tuit que califica lo que está pasando en la puerta de su casa, es un tuit que está caracterizando al futuro candidato a presidente Larreta, del quien la propia Cristina dirá: “Si Larreta va a ser el próximo candidato de Juntos por el Cambio, Larreta es Macri”. Y empieza a decirlo desde ahora, en la puerta de su casa, en lo que sería para ella un momento dramático. Esto es lo que hace un profesional del poder.
En medio de todo este contexto, la Casa Rosada emite un largo comunicado, que comienza manifestando que el Presidente es hijo de alguien que fue juez, es profesor de derecho, defiende el Estado de Derecho. Al lado de Cristina alguien dijo: “Alberto, la noticia no sos vos hoy, es Cristina”. Más allá de eso, es muy interesante este extravío conceptual que tiene el Presidente y que tiene aparentemente mucha de la gente que lo rodea, porque esto sale de la dirección de Comunicación de la Casa de Gobierno. En nombre de la Constitución, expresamente, Alberto Fernández dice que en la causa que se le está siguiendo a Cristina no hay ninguna prueba. ¿En nombre de qué Constitución el Presidente ejerce el papel de juez y determina donde hay pruebas y dónde no las hay? El doctor Fernández, hijo de un juez, profesor de derecho, ¿qué constitución leyó? Porque lo más elemental de la Constitución es que hay una división de poderes que le impide al Presidente ejercer la Justicia, que es atribución de otro poder. Salvo que lo que quiera sea intimidar. Lo más interesante de ese comunicado es que hace una defensa de la igualdad ante la ley. Si hay algo que viola la igualdad ante la ley es que una ciudadana llamada Cristina Kirchner tenga a su favor la voz del Presidente, cosa que no cualquier imputado tiene en todas las causas que se siguen en la Argentina. Es muy extraño cómo alguien que fue hijo de un juez no advierte que, por lo menos, tendría que utilizar su cuenta de Twitter personal, aclarando que lo hace como militante kirchnerista.
Sin embargo, si uno lee bien ese comunicado se da cuenta de que tanta adhesión no hay, de que tan indignado no está, porque en un momento dice algo muy capcioso: “Va a seguir el Gobierno trabajando en la reforma judicial que no pudo sacar”. Es como si dijera: “Cristina, esto pasa por la reforma judicial que yo no pude sacar porque vos me la impediste, porque nunca la autorizaste en el Senado”. Lo que dice es “este es el costo que estás pagando por no dejarme gobernar”.
Para que se entienda bien cuál es la interna que hay dentro del poder en relación con la causa judicial de Cristina, irrumpe en escena Julio De Vido -que está imputado en Vialidad- y dice: “Sr. Presidente -no le habla el compañero Fernández-, su nota es extemporánea, si fuera cierto lo que usted manifiesta nunca hubiera designado a Marcela Losardo como ministra de Justicia, su nota es como el título del libro Soriano: triste, solitaria y final”. Es interesante lo que dice De Vido porque suscribe a esa concepción general de Cristina. Lo que dice es que, si en vez de Losardo el ministro de Justicia hubiera sido alguien con convicción respecto de sus intereses judiciales, que hubiera dado la pelea política que está detrás del expediente, hoy no estarían con un pedido de condena.
¿Por qué es importante reconstruir toda esta escena? Porque los jueces del Tribunal Oral están ante un enorme desafío, apegarse más que nunca a la técnica. Porque la República es un sistema gris y aburrido, de procedimientos, de reglas y no de contenidos. Entonces, el papel de los magistrados va a ser convencernos a todos nosotros, no solamente a los que creen que Cristina debe estar presa ya, sino a los que creen que no debe estarlo, de que se la está sometiendo a un juicio justo. Y esto es importante si uno mira dos o tres jugadas más adelante, porque puede pasar lo que ocurrió en Brasil. Hubo una enorme excitación política durante dos años, se lo puso preso a Lula, se lo excluyó de la carrera electoral y al final del camino, la Corte -que es antiPT- determinó algo tan sencillo pero escandaloso como que el juez Moro -que era el héroe que lo llevó a Lula a la cárcel- no era el que estaba en condiciones de juzgarlo. Había un problema de jurisdicción. Frío. Formal. Gris. Aburrido. Pero, por ese problema, Lula salió de la cárcel, volvió a las pistas y ahora está por ganar la elección en Brasil. Este tipo de error corroe enormemente a la democracia porque hay una gran cantidad de gente en Brasil, que son el 30 o 35%, que cree que es absolutamente ilegítimo que Lula esté fuera de prisión y compita. Y hay un número de gente mayor, que cree que Bolsonaro es Presidente porque a Lula lo metieron preso.
Entonces, estamos ante un dilema enorme que es cómo se disciplinan las pasiones a través de procedimientos. Parece ser un problema de este tiempo y que se da en todo el mundo, entre otras cosas porque los montos insoportables de corrupción terminan corroyendo al sistema porque, a la larga, hacen que la justicia se politice.
Quiero por esta vía llegar a otra cuestión, basándome en una nota extraordinaria que salió ayer en LA NACION con la firma de Damián Nabot. Se titula: “Narcos, sicarios y política: el caso Scapolan”. Es el fiscal que comandaba una banda de policías narcos y sobre el cual hizo declaraciones la jueza Arroyo Salgado en el programa Comunidad de Negocios de José Del Rio. Nabot dice que Arroyo hizo explotar las internas y se proyecta sobre el futuro de Cristina.
Lo que me importa es esa última parte. ¿Por qué el caso Scapolan se proyecta sobre el futuro de Cristina? Nabot les advierte a sus lectores: “Te voy a contar un caso donde te va a resultar absolutamente obvio que este hombre tiene que estar preso, y no está preso. Y te voy a contar cuáles son los problemas procesales que le garantizan la impunidad a alguien que, a primera vista, con la opinión normal de un lector o periodista, no debería estar libre”. Cuidado, dice Nabot, porque esto que te estoy contando te puede volver a pasar en el caso de Cristina, donde se está creando un clima que puede venir refutado por las pruebas.
Un caso típico es el de las coimas del Senado, donde se juzgó durante años -más de una década- a De la Rúa y una cantidad de dirigentes. El juicio determinó que eran inocentes y que los acusadores debían ser juzgados. Hay un desajuste entre opinión pública y procedimientos judiciales que está en el centro del problema y sobre el que es importante advertir. Aunque esa advertencia sea contracíclica o frustrante, en un momento donde mucha gente tiene una gran excitación positiva frente a lo que le parece un hecho justo.
¿Qué dice en esta nota Nabot? Retoma las declaraciones de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que tienen una importancia estremecedora. Hablamos de una juez federal que dice: “Yo juzgué a un fiscal bonaerense por comandar junto con una banda de policías narcos un esquema de secuestro y venta de drogas -inclusive se la mandaba en Europa- y fui recusada sistemáticamente”. Y le echa la culpa al abogado de Scapolan, que se llama Marcelo D’Angelo. Y dice: “D’Angelo está vinculado a la política porque formó parte del gabinete de Cristian Ritondo”, hoy presidente del bloque PRO en Diputado y exministro de Seguridad del Gobierno de María Eugenia Vidal, cuya bandera principal era combatir al narco. ¿Qué dice Ritondo? Que D’Angelo no la recuso a Arroyo Salgado y que él no tenía conocimiento de que D’Angelo, que formaba parte de su equipo, era el abogado de Scapolan. Esto sí es raro. No estamos hablando de un caso entre miles de casos. Es un caso que está en el centro de la escena desde hace años, extraordinariamente politizado, que mereció tratamiento periodístico y denuncias sistemáticas de Elisa Carrió, y que tiene en tensión a toda la clase política bonaerense. Si no sabía eso, se abren enormes dudas sobre la capacidad de Ritondo como ministro de Seguridad, e inclusive como candidato a gobernador, que es la posición en la que está hoy.
Ritondo dice algo más en su descargo: “Yo hablé con D’Angelo y él me dice que él llegó a la causa referido por el abogado Juan Pablo Vigliero”. Es decir, al presunto narco Scapolan -que es fiscal- el abogado se lo puso Vigliero, que era abogado de la jueza Arroyo Salgado. ¿Sigue siendo su abogado? ¿La jueza sabía que su abogado personal en la causa Nisman le estaba buscando abogado a un imputado, que es Scapolan?, ¿Eso cómo sucedía? ¿Cuál era la gestión? ¿Lo mandaba la jueza? ¿La jueza ignoraba? Es interesante porque Ritondo no puede desconocer quién es Vigliero porque es, además, el abogado de Silvia Majdalani, la segunda de la AFI de Macri, y compañera de Ritondo a quien él defiende en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia de la que forma parte. Allí fue Majdalani con Vigliero. Quiere decir que estamos ante una escena muy compleja, donde o hay culpabilidad o estamos ante un club de tontos, que no se dan cuenta de las cosas pero que tienen responsabilidades tan importantes como combatir a las mafias en la provincia de Buenos Aires. Ganan las mafias 10 a 0 si esto es así.
La jueza nombró a Marcelo Rochetti, que sería socio de D’Angelo. Ritondo dice: “Rochetti no tiene nada que ver con esto”. Pero a raíz de la mención, aparece la biografía de Rochetti, que en el mundo judicial es muy conocido. ¿Quién era Rochetti? Era el jefe de Gabinete de Ritondo en la Legislatura y en el Ministerio de Seguridad de la Provincia. ¿Cuál es su trayectoria? Abogado de policías encubridores del secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg y de barrabravas de Boca Juniors, expulsado del cargo de jefe de Gabinete por denuncias de Elisa Carrió que lo acusa de conformar una asociación ilícita. ¿Ese era el jefe de Gabinete de Ritondo? Alguien tendría que pedirle explicaciones. Ritondo no niega su vínculo con Rochetti, que es a su vez el abogado de Marcelo Villegas, el exministro de Trabajo de la provincia que dice “tendríamos que tener una Gestapo para perseguir a sindicalistas” y que fue filmado en un hecho que está estudiando la Justicia, que tiene que ver con espionaje ilegal. Ritondo dice: “No, yo no lo puse a Rochetti. Lo puso Werthein”. Es raro que Ritondo, que tiene una relación tan estrecha con Rochetti, no tenga nada que ver en que Rochetti sea abogado de su compañero de gabinete, complicado en un tema de espionaje que Ritondo va a tener que defender en la bicameral.
Ritondo dice que Adrián Werthein puso a Rochetti como abogado de Marcelo Villegas. El mismo Werthein que en el año del 2016, en los comienzos del macrismo, decía lo siguiente: “Hemos reemplazado la palabra empresario por emprendedor porque a veces nos da vergüenza. Preferimos callar porque el silencio nos protege. Tenemos miedo de que nuestras palabras sean salpicadas por los medios, que las redes las viralicen. Pero cuando se habla de Fariña, Elaskar y Báez, yo no me siento como esos señores. Tenemos que tener la frente alta y saber cuál fue nuestra responsabilidad”. Esta era la posición del empresario Werthein sobre la corrupción del kirchnerismo.
Es interesante preguntarse qué piensa María Eugenia Vidal de todo esto. Y la respuesta debe ser muy ambigua, porque mientras estaba Ritondo frente al Ministerio de Seguridad -con este entorno tan controvertido-, la exgobernadora bonaerense sostenía al abogado Guillermo Berra, que es el que perseguía la corrupción dentro de la policía y también reportaba a ella. Es como si hubiera una guerra entre el bien y el mal dentro del mismo esquema de poder. Quiere decir que no necesariamente todo esto contamina a Vidal, que apuntalaba a Berra, quien durante cuatro años tuvo responsabilidad en el saneamiento de la Policía bonaerense.
Otro dato interesante, y que lo cuenta con mucho detalle Nabot en su nota, es que la jueza Arroyo Salgado menciona como responsable principal de que ella sea separada de la causa- que hoy está en manos de Emiliano Canicoba Corral- a Mariano Borinsky, un juez importantísimo en la Cámara de Casación Penal y muy ligado al macrismo. Borinsky se pronuncia, en general, a favor en los temas que tienen que ver con gente del gobierno anterior en Comodoro Py.
Decíamos que el caso Scapolan es importante porque ha puesto en crisis la relación entre política y narco en la provincia de Buenos Aires. Cuando hubo que hacerle el jury, jueces de la Corte de la provincia y de varias cámaras se excusaron sistemáticamente. Nadie quería verse enfrentado a una banda de policías y un fiscal acusados de narcotraficantes. Finalmente, la causa empezó a ser revisada por la Cámara de San Martín donde hubo gestiones de Malena Galmarini a favor de Scapolan -la versión indica que fue con Javier Fernández, un viejo operador de Jaime Stiuso- y de Daniel Angelici, cuyo cerebro judicial y jurídico es el operador político del juez Borinsky, Darío Richarte.
Estamos viendo un entramado de encubrimiento de temas muy pesados. Y todo esto puede, como dice Nabot, terminar en la nada por asuntos procesales. De hecho, cada vez que se tuvo que determinar si suspendían a Scapolan como fiscal, los representantes del Frente Renovador, partido de Sergio Massa, en la Legislatura bonaerense, lo defendieron.
Hablamos de Massa y es una pieza clave de todo esto que estamos mencionando. Y esa pieza es clave para Cristina. Desde el punto de vista de ella, del kirchnerismo y de la gente que la rodea, el escenario electoral no es desesperante. Dicen: “No tenemos que estar inquietos. Vamos a volver a ganar”. ¿Por qué? Porque en el año 2017, con los bolsos de López dando vueltas, que fueron una evidencia contundente de corrupción y de robo, Cristina Kirchner ganó de todas maneras las primarias para la senaduría en la provincia de Buenos Aires. Y si no fuera, calcula el kirchnerismo, por las defecciones del Movimiento Evita -que promovió la candidatura de Florencio Randazzo con Alberto Fernández como jefe de campaña-, probablemente hubiera ganado con mayor amplitud, e incluso la elección general.
¿Cuál es la diferencia entre el 2017 y 2022-2023? Acá está el problema de Cristina.
Para entenderlo, hay que tener en cuenta la historia fiscal de este año. Si vemos el gasto primario del Estado, en el mes de julio fue de -5,4%. Quiere decir que en ese mes comenzó un ajuste fiscal muy importante que afecta otros indicadores como las prestaciones sociales (-5,6%), las transferencias a provincias (-31,6%), gastos de capital (-1,7%). Estamos entonces ante un ajuste muy severo, que se corresponde con el último informe del Fondo Monetario Internacional y su evaluación de las metas que la Argentina debe cumplir, donde dicen: “Te fuiste tanto en escala en los primeros meses del año que en el segundo semestre vas a tener que hacer un ajuste fenomenal. Vas a tener que pasar de 12% de aumento del gasto público por encima de la inflación a 7% por debajo de la inflación”. En eso ya estaba Guzmán y en eso va a estar Massa.
Es importante porque el principal problema de Cristina Kirchner, si lo que ella considera es real, lo explica muy bien en una columna de LA NACION Martín Rodríguez Yebra. Dice que el problema es que esta causa judicial de Vialidad la encuentra a Cristina en medio de un malhumor social impresionante debido al ajuste. Entonces, cuando hay ajuste económico, la sociedad argentina se da cuenta de cómo la corrupción resalta mucho más y se vuelve más insoportable. Porque “esa plata que me están mostrando y se llevaron en Santa Cruz es la plata que me falta para llegar a fin de mes”. Esa conexión es inseparable. Y acá aparece la tensión creciente entre la vicepresidenta y este esquema económico.
Con estos números fiscales tiene que viajar Massa esta semana a Washington a ver a la gente del FMI. Para eso designó a Gabriel Rubinstein. Tiene que llevar a un macroeconomista, que no tenía, y la presencia de Rubinstein confirma algo que mucha gente venía suponiendo con mayor o menor particularidad, que es que el verdadero ministro de Economía detrás de Sergio Massa se llama Roberto Lavagna. Y ahí tenemos que recurrir a una información que dio Francisco Olivera, cuando dijo: “Hubo una reunión entre Alberto Fernández y Lavagna donde el Presidente le ofreció el Ministerio de Lavagna”. Lavagna le contestó: “Mejor sería Massa con un equipo de economistas que lo sostengan”. A partir de ahí se hizo aquel asado en la casa de Massa, donde estaban Redrado, Peirano, Bossio, Rapetti, Marco Lavagna. De ese equipo no hubo nadie después. Cristina está enojada con eso. A sus íntimos amigos les dice: “Me vendieron un buzón, cuando me vendieron a Massa venía con ese dream team de economistas filokirchneristas, no ortodoxos; ahora solo tiene a Rubinstein que tuitea en contra de mí”. Aun así, lo pusieron, para que Massa pueda ir a Washington esta semana con alguien que sepa de economía y sobre todo que hable inglés.
Massa no solamente está cerca de Lavagna, lo quiso poner al frente de un consejo de economistas. El que lo frenó fue Alberto Fernández, quien le dijo que era peligrosa la idea. “El día que Lavagna, que suele ser un hombre de opiniones muy independientes, tenga un juicio crítico sobre tu gestión, el mercado se te viene abajo. Mejor visitálo disimuladamente”. Él lo visita disimuladamente, como Tombolini, que suele peregrinar al barrio de Saavedra para hablar con Lavagna.
Al Fondo van a llevar la siguiente propuesta: “Estamos haciendo este ajuste, pero queremos separar dos tipos de déficit distintos”. Al déficit del Tesoro, sacarle el déficit fiscal por lo energético. Y que el Fondo contemple el aumento que hubo en los precios de la Energía a nivel internacional y que para eso nos dé derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo que puede constituirse en reservas del Banco Central. Con lo cual liberarían dólares para intervenir en el mercado. ¿Qué dicen los expertos? Es muy difícil que, con estos números, con la cantidad de desbalances que tiene el programa, el Fondo no solamente renueve el plan, sino que haga un aumento del préstamo. Los mismos que dicen esto, tampoco creen que desde el Fondo vayan a ser tan severos con Massa. Primero, porque el mundo no aguanta un gramo más de incertidumbre; segundo, porque al ser nuevo, Massa tiene un período de gracia. Por lo tanto, esta vez, en Washington, Massa probablemente zafe. Lo esperarán tres meses después, cuando tendrá el problema en las reservas del Banco Central y en las posibilidades que tenga de seguir con este régimen cambiario sin devaluar, algo a lo que nadie apuesta.
En este contexto de ajuste vemos algunas novedades significativas. Pablo Moyano visita a Cristina Kirchner, va a una manifestación y termina diciendo: “Hay que estatizar el mercado de granos”. Es decir, los dólares que nos faltan no hay que ir a pedírselos al Fondo sino al sector agropecuario, estatizando las silobolsas. Walter Correa, otro sindicalista ultrakirchnerista, señaló algo parecido en un comunicado de la corriente federal sindical, muy ligada a Cristina y a Máximo Kirchner. “El problema está en la oligarquía agropecuaria que retiene los dólares en los silobolsas”. En el momento en que Massa le está pidiendo al sector agropecuario que liquide dólares. La novedad es que lo acaban de nombrar ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner convierte siempre al gobierno de Kicillof en una especie de reducción a escala de lo que a ella le gustaría que suceda en el orden nacional.
Empieza a haber entonces una tensión porque Walter Correa dice: “Como ministro allí voy a garantizar la Justicia en las paritarias”. ¿De quién está hablando? ¿De la injusticia que va a llevar adelante Massa en las paritarias nacionales con el ministro Claudio Moroni? Empiezan a vislumbrarse signos de tensión. Todavía no transformaron a Massa en Guzmán, pero hay que ver cuánto tiempo se sostiene esta adhesión tácita, esta adhesión sin palabras, que uno debe suponer de Cristina Kirchner a la política económica que lleva adelante Sergio Massa con su ajuste. Sobre todo, porque esto conecta con el problema judicial.
En la medida en que el clima económico empeore, los dramas judiciales de Cristina van a tener mayor peso electoral. En la medida en que la tormenta sea complicada, no dominable en el plano económico, el huracán político que la rodea va a ser más inquietante.
Por Carlos Pagni
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