En Comunidad de Negocios, el Auditor General de la Nación acusó al titular del Episcopado de “bancar la violencia mapuche” y “no cumplir la ley”
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El Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto cargó con dureza contra el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Ojea, sobre quien dijo que “banca la violencia mapuche”. Durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), consideró que Ojea tampoco “cumple con la ley”.
En el marco de las manifestaciones y tomas que se profundizaron en Villa Mascardi la última semana, Pichetto se refirió al rol que cumple la Iglesia en el conflicto y responsabilizó al líder de la CEA. “Hubo incendios en capillas, a pesar de los curitas que rezan. Para ellos también es el problema”, insistió.
Habló luego sobre una “orden de desalojo” existente contra Ojea sobre tierras que le pertenecían a la diócesis de San Isidro. “Era un lugar utilizado por muchos jóvenes del país para conocer Bariloche”, lamentó. Y pidió: “Hay que ir con orden en mano y que las fuerzas de seguridad hagan efectiva la recuperación de las tierras”.
Reprochó además las palabras de Ojea quien, según Pichetto, sostuvo que la ocupación de tierras no es violencia: “En realidad, Ojea banca la violencia mapuche, el ataque a los vecinos. Es lo mismo que este Gobierno. Y Ahora mostró su peor cara, su peor faceta”.
Tras la crítica “eclesiástica”, juzgó también el accionar de la exministra de ministra de Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta. Calificó su salida del oficialismo como “increíble” y “escandalosa”. “¿Cómo puede ser que denuncie a su propio Gobierno por violar los DDHH?”, le reprochó.
“Esta mujer no podía estar más. La verdad es que la sociedad y la gente que vive en Bariloche necesita una guía espiritual en serio. Alguien que los lleve por el buen camino. Las personas que ocuparon predios y tierras lo hicieron ilegalmente y por esos es que intervinieron las fuerzas de seguridad”, ratificó.
Con base en el reclamo mapuche, Pichetto no negó que puedan existir “derechos legítimos” sobre determinados espacios. Sin embargo, explicó: “Existen un montón de medios por los cuales es posible establecer que a cierto grupo de personas les pertenece una tierra. La violencia armada no es uno de esos medios”.
Durante los últimos tramos de la entrevista, el Auditor General de la Nación aventuró sobre cómo podría seguir el conflicto en el sur de la Argentina. “Quien tiene la potestad de decidir qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, teniéndose en cuenta lo que ocurre actualmente, es la Justicia”, determinó.
Y completó: “El problema acá es que ha habido una tarea del Estado de avalar el reclamo de pobladores originarios pero que se manifiestan por la vía de la violencia. Y nada se está haciendo. Lo que quieren conseguir ellos es un Estado autónomo, que no reconozca la autoridad del Gobierno. Es un escenario muy peligroso y que compromete los recursos más importantes de nuestra Argentina, que son el petróleo, gas y agua”.
LA NACION