El análisis del periodista en La Cornisa, por LN+
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Estamos a horas de un momento histórico. Un momento que se puede conectar, en cierto modo, a otro, inolvidable. Al instante en que el fiscal Julio César Strassera pidió la prisión perpetua para Videla Massera y Agosti, por delitos de lesa humanidad.
Lo sabemos. Pasaron más de 37 años. Y los delitos no son comparables. Pero todo lo demás sí. Entonces, se juzgó y se condenó, en un juicio oral y público, a los comandantes de una dictadura que convalidó la desaparición de miles de personas, el robo de cientos de bebés, la tortura en sus más variadas formas y el derrocamiento de un gobierno constitucional.
Mañana, a partir de las ocho y media de la mañana, en otro contexto histórico, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en otro juicio oral y público, podrían pedir condenas de hasta 16 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Cristina Kirchner, a quien consideran la jefa de una banda criminal extraordinaria. Una organización delictiva que se habría apropiado, de, por lo menos, 2.500 millones de dólares del Estado, con el fin de enriquecer a su familia y estafar a los argentinos que pagamos impuestos.
En aquel juicio a las juntas, los fiscales Strassera y Luis Moreno Ocampo, se apoyaron en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP). Creada por el entonces presidente Alfonsín en diciembre de 1983, fue conformada por ciudadanos considerados ejemplares como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú y René Favaloro.
La CONADEP reunió, en 180 días, pruebas que demostraron el carácter sistemático y masivo de la represión militar. Así, en el medio de amenazas, verificaron la existencia de 340 centros clandestinos y una lista parcial de 8.690 personas desaparecidas, que fueron la base de la mega causa.
De hecho, el próximo 29 de septiembre se estrenará una película sobre aquel histórico juicio. La dirige Santiago Mitre, y la protagonizan Ricardo Darín, como Strassera, Peter Lanzani, en el papel del fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo y Carlos Portaluppi, que hará del juez Carlos León Arslanián.
Para fundamentar el pedido de condenas de mañana, en cambio, Luciani y Molas hicieron suyos, y expusieron con enorme potencia y claridad, datos, pruebas, evidencias y testimonios de una suerte de CONADEP espontánea de la corrupción kirchnerista. Una tarea colaborativa de la que participamos decenas de fiscales, jueces, dirigentes políticos y periodistas. Desde Elisa Carrió hasta Javier Iguacel.
Desde el ya fallecido Daniel Gatti, autor del libro “El amo del feudo”, publicado en 2003 y los colegas de la agencia OPI Santa Cruz, hasta Jorge Lanata, con la investigación sobre la Ruta del dinero K, y nosotros mismos, con libros como Los Dueño, El y Ella e investigaciones para La Cornisa.
Una fuerza moral desordenada, inconsulta e imperfecta que comenzó a funcionar de hecho, hace casi 15 años, el 22 de diciembre de 2008.
Porque ese día, el fiscal Gerardoge tomó la denuncia de Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic, entre otros, e imputó a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López, y funcionarios como José Francisco López, el de los bolsos con dinero y con armas pesadas.
El mismo López al que Luciani acaba de atrapar, infraganti, a través de los mensajes de chat de su teléfono, conspirando, junto a Cristina, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, en el denominado “Operativo Limpiemos Todo ya”.
Porque este es el gran valor agregado del que se valieron los acusadores. Los testimonios y evidencias de otros juicios. Como:
- Los cuadernos de la corrupción
- La ruta del dinero k, incluido el testimonio del arrepentido Leonardo Fariña.
- Hotesur los Sauces.
- La del robo y lavado de 200 millones de dólares contra el secretario privado de Néstor y Cristina, Daniel Muñoz.
- La de evasión fraudulenta por más de mil millones de dólares contra Cristóbal López y Fabián de Sousa.
- La de enriquecimiento ilícito contra José López.
Y de esta última causa, más precisamente, cobra enorme valor la declaración de López, en la que no solo admite que Cristina sabía, sino que le ordenó borrar las huellas del delito. Así lo muestra el trailer de Codicia, una serie que Lanata todavía no pudo estrenar, y a la que nos encantaría producirle, en el momento justo: Cuando las plataformas de cine y series no teman una represalia k.
¿Fuerte no? Tan fuerte como serán el final del alegato y los pedidos de condena que Luciani y Molas presentarán mañana. Porque ellos no solo solicitarán la cantidad de años para cada uno. También argumentarán los agravantes y atenuantes para fundamentar las condenas. Y pedirán el decomiso de sus bienes.
Un atenuante, como escribió hoy Hernán Capiello, sería, para Cristina, el hecho de que no tiene condenas firmes y anteriores. Pero entre los agravantes está la prueba de que la consideran a ella la mandamás de la banda criminal.
También el hecho de que los mismos integrantes de la banda se mantuvieron 12 años en la organización. Desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, hasta diciembre de 2015 cuando Cristina se tuvo que ir, sin entregar los atributos de mando.
Otro agravante que le endilgarán a Cristina, es que, después de la muerte de Néstor, no solo mantuvo el mecanismo de corrupción, sino que convalidó el Operativo Desaparición de Austral Construcciones.
También acusarán a Báez de quedarse con la fortuna de la familia Kirchner. Y de comprar y lavar, entre otras propiedades, estancias en la Patagonia que equivalen, por su extensión, a 20 ciudades de Buenos Aires.
Hoy Joaquín Morales Solá escribió que los delitos que le imputa Luciani son, para la Constitución, tan graves como la interrupción del orden democrático. Joaquín citó el artículo 36 que dice: “Atentarán asimismo contra el sistema democrático quienes incurran en graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento”. No es casual que, ahora sí, Cristina haya perdido el sueño.
Que la causa Vialidad preocupe al Gobierno, en el medio de la superinflación, la crisis económica, el hecho de que Alberto y Cristina sigan sin hablarse mientras que a Massa se le acaba el tiempo para conseguir dólares o chocar, con millones de argentinos adentro.
Es que todo el desastre del peor gobierno de la historia viene atravesado por un problema moral. El problema que, según Carlos Pagni, explica la brutal frase que Cristina habría utilizado para convencer al presidente de darle a Massa el ministerio, y unas cuentas cosas más. “Alberto: yo no me olvido de que ese hijo de puta me quiso meter presa, pero ahora lo necesitamos”.
¿Qué podría salir mal, en un Frente de Todos donde a la jefa política le están por pedir varios años de condena, el presidente quedó reducido a un papel decorativo y el ministro de Economía no puede hacer lo que tiene que hacer porque está condicionado por la vice y el gobernador de la provincia más grande de la Argentina, Axel Kicillof?
Ya sabés: en el medio del juicio a las juntas, los fiscales y los jueces fueron amenazados una y mil veces por la mano de obra desocupada del sangriento aparato militar.
En el medio del juicio por Vialidad, las reacciones y las amenazas son un poco más patéticas. 509 intendentes del Interior del país piden que dejen de perseguir a Cristina. Y uno de los abogados de Cristina exigen que les quiten la custodias a tres mujeres que recolectaron pruebas para condenarla: Carrió, Zuvic y Olivetto.
Están fuera de sí. Y la llamada a preparar una pueblada es la evidencia más contundente.
LA NACION