El fiscal federal cuestionó los dichos de Eugenio Zaffaroni, quien dijo que Alberto Fernández puede determinar la libre pena o reducirla en caso de que la vicepresidenta reciba una condena definitiva
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El fiscal federal Federico Delgado analizó este domingo, en LN+, un posible indulto presidencial, luego de que el exjuez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni insistiera en que Alberto Fernández debería librar de pena o al menos reducirla en caso de que la vicepresidenta Cristina Kirchner tuviera una sentencia definitiva. “No es sano. Los indultos son un rasgo monárquico de otra época”, dijo.
Invitado al programa Comunidad de negocios, conducido por José Del Rio, Delgado afirmó que se trata de algo “muy complejo” y abordó una serie de razones por las cuales un indulto presidencial puede afectar el sistema institucional. “Es un mal ejemplo para el resto de la sociedad. Porque siempre remite alguna asimetría, porque alguno es perdonado y otros no. Es un remedio muy excepcional, que se utiliza para personas que están muy enfermas o que han sido condenadas muy injustamente. Me parece que pensar en esa categoría como un instrumento, no le hace bien a un sistema institucional que si de algo carece es de un sistema claro de premios y castigos”, planteó. Y propuso: “Hay que profundizar el camino de la ley y no tomar diagonales, y los indultos son un atajo”.
Consultado respecto al caso Hotesur y los Sauces, en medio de una gran expectativa por el regreso de la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa, en donde se decidirá si se confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos o si, por el contrario, el caso se reabre y se ordena realizar el juicio oral y público, el fiscal observó: “Los juego de los procesos penales es que hasta que no terminan no terminan. Este es un proceso que fue cerrado antes del juicio oral pero no quedó cerrado definitivamente, hubo apelación y los jueces decidirán si hay que abrirlo o no. Si se abre habrá un juicio oral que es la única forma que tiene la república democrática de exigirle responsabilidad a un ciudadano”.
Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ya votaron y la tercera, que es Figueroa, se reincorporará este lunes a la actividad judicial luego de un viaje al Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco, y a La Haya, donde concurrió a la Corte Penal Internacional.
La decisión es de alta sensibilidad política, pues Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en el caso Hotesur. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en una sentencia, que no está firme.
“Ahí se termina. Lo que se monta alrededor de eso nos hace mal porque nos aleja del camino de la ley”, planteó Delgado.
También, el fiscal se refirió al caso de cacheo y controles a pasajeros que sucedió en La Matanza. “Horrible”, opinó. Y argumentó: “Eso se lo mide con respecto a la Constitución que te dice cuándo cómo y por qué. Nosotros tenemos derecho a circular y a llevar en nuestra mochila lo que queramos. Es parte de nuestra privacidad, por eso la Constitución prohíbe que un funcionario político le ordene a la fuerza de seguridad que cachee a la sociedad. Tiene que ver con una cuestión simbólica que hiere los derechos. De ese caso puede surgir un delito o una falta, una infracción”.
Cinco días después del asesinato del chofer Daniel Barrientos, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del ministro de Seguridad Sergio Berni realizó controles a pasajeros de colectivos en La Matanza, donde los efectivos pidieron documentos y realizaron cacheos a los pasajeros. Esta medida generó polémica en el arco político.
LA NACION