El editorial de Luis Majul en el programa La Cornisa, emitido por LN+
- 4 minutos de lectura'
Escuchá el análisis como podcast
¿Te acordás de “No llores por mí Argentina”? Es una canción compuesta en 1976 por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice y hay mil versiones. Es la representación de un emotivo discurso de Evita después del triunfo electoral de Juan Perón, en 1946. Bien. El viernes pasado, en una actuación incomparable, Cristina Fernández lloró. Pero no lo hizo por la Argentina que todavía gobierna.
Una Argentina que, ella misma, junto a otros, contribuyó a hacer más pobre, más injusta y más desigual. En efecto: Cristina, aunque es parte activa de este gobierno, no lloró por los más de cien mil muertos por Covid-19, ni por el 10 por ciento más de pobres que hay en el país desde que ella asumió, ni por los cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron desde que asumió, ni por las cientos de miles de empresas que quebraron o desaparecieron, ni por los niños y adolescentes que dejaron de concurrir a las escuelas. No.
Lo hizo por ella misma, y su principal argumento no es “científicamente” comprobable. ¿Qué se podría agregar sobre su personalidad narcisista o su nula empatía? Nada. Sí debemos hacer una seria advertencia sobre lo que significa que los tres jueces del tribunal oral que le deben investigar, Daniel Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez, le hayan permitido, como si fuera un ser excepcional, una imputada VIP, algo que no existe en el código procesal: pedir la nulidad de la causa en el medio de un juicio oral ya iniciado.
Y con un agravante moral: que le hayan autorizado a hacerlo el mismo día en que los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA realizaban su homenaje. Ahora mismo hay que comunicar, a estos jueces, algo que resulta indiscutible: si al final del proceso están convencidos de que ella y todos los demás, como Carlos Zannini, Luis Delía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jusuf Khalil son inocentes, los tendrán que sobreseer, pero, de nuevo. Aceptar la nulidad del juicio no resiste el menor análisis.
Por eso. No te confundas. Cristina, el viernes, lloró por ella misma. No por los 84 muertos del atentado más grave desde el Holocausto. No por el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Lloró porque, para ser creíble, necesitaba sobreactuar. Precisaba “alimentar” a su secta con un argumento novedoso. Un argumento que pudiera ser usado como consigna. Un argumento que sirviera para la campaña y al mismo tiempo metiera en “la conversación” al ex presidente Mauricio Macri.
El argumento de que fue una conspiración internacional la que la puso en el banquillo de los acusados de la causa Memorándum de entendimiento. Una conspiración impulsada y financiada por los fondos buitre, a los que no les quiso pagar, porque para ella primero estarían, ponele, los intereses de la patria.
A pesar de los gritos, la bandera argentina, su cuidada estética de ropa blanca, y sus inflexiones de voz, el viernes, Cristina, no explicó lo único que tenía que explicar: por qué tomo la decisión de concederle al gobierno de Irán, la prerrogativa de investigar a los autores materiales e intelectuales del atentado contra la AMIA en la justicia de su propio país.
¿Por qué creemos que es relevante desarticular la nueva operación de la vicepresidenta? Porque apunta a evitar o anular, también, los juicios por lavado de dinero y corrupción, en los que está seriamente complicada. ¿Cuáles? Hotesur y Los Sauces. Vialidad (Obra Pública). Y los cuadernos de la corrupción. ¿Y por qué está seriamente complicada?
Porque la justicia ya procesó y condenó, de manera firme, a Lázaro Báez, el testaferro y socio de la familia Kirchner. En 2018, los días en que el juez federal Claudio Bonadio allanó la casa de El Calafate, el senador nacional Eduardo Costa le puso cifras el escándalo de corrupción más relevante de la historia reciente de la Argentina.
Ahora que acaban de llegar 3 millones y medio de vacunas provenientes de Moderna, uno de los laboratorios del “imperio”, donadas, gratis, por el país más capitalista del mundo, Estados Unidos, Cristina, pero también Alberto Fernández, y especialmente Máximo Kirchner, tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad política de no haber contratado a Pfizer. Porque pudieron haber evitado 20 mil muertes y no lo hicieron. Porque parece que les importa más los votos de su núcleo duro, o marcarle la cancha al Presidente, como quedó evidenciado en el último discurso del hijo de la vicepresidenta.