“La gente con menos amigos del mundo”. Cómo es y quiénes viven en el campo de refugiados más grande del planeta

En Kutupalong, sobre la costa oeste de Bangladesh, viven más de 900 mil rohingyas que fueron expulsados de Myanmar

No los quieren en su país natal; tampoco en el país vecino que los acogió. Es por eso que viven en el límite entre ambos, aislados, pero aumentando su población de manera constante.

Los miembros de la tribu rohingya exiliados de Myanmar son tantos que han formado el campo de refugiados más grande del mundo. Una ciudad entera de carpas, en la que los pobladores no tienen independencia económica y dependen 100% de agrupaciones humanitarias desde hace décadas.

El campo, llamado Kutupalong, está ubicado en la costa oeste de Bangladesh, a pocos kilómetros del límite con Myanmar, delimitado naturalmente por el río Naf. Las imágenes aéreas del campo de refugiados llaman la atención no solo porque muestran la dimensión del lugar, sino también por su forma. Allí no hay calles rectas ni manzanas organizadas, como en la mayoría de los asentamientos temporales para refugiados. Esto se debe a su construcción improvisada y a su sobrepoblación.

“La mayor crisis humanitaria de las últimas décadas”

El campo empezó a recibir exiliados rohingya a principios de la década del ‘90, cuando unos 14.000 pobladores de la tribu llegaron a Bangladesh en busca de refugio. Pero, como la violencia nunca cesó, el campo comenzó a crecer cada vez más. Año a año, más rohingyas, que vivían en Myanmar en condición de apátridas, migraron hacia Kutupalong. Allí, los refugiados tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos. Hoy hay al menos dos generaciones nacidas en este predio.

El gran estallido poblacional ocurrió en 2017, cuando, luego de una escalada de la violencia en Myanmar, Kutupalong se convirtió en el campo de refugiados más grande del mundo, superando a Dadaab, en Kenia, y a Nayapara, en Cox’s Bazar, Bangladesh. Ese año, “cientos de aldeas fueron quemadas en Rakhine, mujeres fueron violadas y muchas personas, entre ellas niños, fueron asesinados frente a sus familias. Cada día, una media de 8.000 personas llegaba a las fronteras del país vecino”, detallan desde la Acnur.

Más de medio millón de personas cruzaron en avalanchas la frontera que separa Myanmar y Bangladesh en las seis semanas posteriores al estallido de violencia, suman desde Unicef. Se calcula que en los meses siguientes llegaron a Kutupalong 671.000 refugiados. Para 2018, según datos del Acnur, el campo de refugiados tenía al menos 900.000 habitantes, y el número se encontraba en constante ascenso.

¿Por qué no los quieren en Myanmar?

“Los rohingyas son probablemente la gente con menos amigos del mundo”, dijo Kitty McKinsey, vocera del Acnur en 2009. En todos estos años, la situación no ha cambiado. Las atrocidades cometidas contra este pueblo, predominantemente musulmán, provocaron la crisis humanitaria más rápida y de mayor magnitud de las últimas décadas.

Los rohingya han sufrido al menos 30 años de persecusión en su territorio, la antigua Birmania. En su país, la religión mayoritaria es el budismo. La discriminación hacia esta tribu minoritaria empezó a materializarse a partir de 1948, cuando el país se independizó. Desde entonces, el Estado le quitó a sus miembros el derecho a poseer tierras y cualquier tipo de propiedad, y también les prohibió casarse y viajar sin previa autorización de las autoridades. A las medidas gubernamentales, se sumó represión por parte de las fuerzas militares y de civiles budistas rakéin.

La razón detrás de ese genocidio -así ha sido calificado por la Organización de las Naciones Unidas- no son claras. “El gobierno de Myanmar ha afirmado que las “limpiezas” de aldeas y el terrorismo de Estado que obligaron a los rohingya a abandonar Myanmar fueron en respuesta a un presunto ataque del Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) contra puestos policiales y militares en el estado de Rakhine. Además de aparentemente buscar a los perpetradores, el estado de Myanmar ha utilizado esta acusación como pretexto para eliminar todo rastro de los rohingya de Myanmar”, afirma Penny Green, directora de la Iniciativa Internacional contra el Crimen de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres, quien define este conflicto como un “genocidio de 30 años” contra una minoría étnica.

Pero los Rohigya no solo no son queridos en su país de origen, tampoco son aceptados en Bangladesh, donde el gobierno y la población temen que la gran migración de este grupo genere caos en su país. Es por eso que el Gobierno vecino cuida que la población de esta minotía étnica permanezca en los diferentes campos de refugiados que tiene, los cuales están en constante aumento. En los últimos años, el gobierno ha cedido grandes porciones de tierra para aumentar el tamaño de estos “predios transitorios”, que no son realmente transitorios, sino todo lo contrario.

La masacre contra el pueblo rohingya ya ha dejado un saldo de más de 30.000 muertos. Según la Organización Burmese Rohingya UK (BROUK) presentó un informe a mediados de 2021 donde aseguró que “el genocidio contra los rohinyá no muestra signos de disminuir en Myanmar”. “Desde el comienzo de 2021, al menos 15 rohinyá, incluidos nueve bebés y menores, han muerto como resultado directo de restricciones onerosas e ilegales de viaje que impiden el acceso a la atención médica”, dijo el grupo de defensa de los derechos de los rohinyá.

Según un informe de Unicef , Casi el 60% de estos refugiados de Kutupalon son niños y niñas. Muchos de ellos han sido separados de sus familias o han tenido que huir solos tras el fallecimiento de sus padres. A principios de año, miles de refugiados Rohingya encabezaron protestas en 34 campos de refugiados de Bangladesh bajo el lema “Let’s Go Home” (Volvamos a casa). Los manifestantes -en Kutupalung fueron más de 10.000- repartieron folletos con una demanda de 19 puntos, que incluye, entre otras cuestiones, una repatriación segura a Myanmar y la cancelación de la controvertida ley de 1982 de ese país, que no los reconoce como ciudadanos.

“En este contexto es muy importante no olvidar que las soluciones a esta crisis están en Myanmar. Se necesita apoyo internacional para ayudar al Gobierno de Myanmar a abordar las causas de raíz de esta crisis, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Asesora del Estado de Rakhine, que deberían garantizar la libertad de circulación de todas las personas en el Estado de Rakhine, independientemente de su etnia, religión o estatus como ciudadanos, así como un proceso de nacionalización claro y voluntario. Es por tanto fundamental que las autoridades de Myanmar tomen el liderazgo en este proceso”, dijo una vocera del Acnur en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.

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