Camino de los seis años de reinado y con el país en estado de alarma, Felipe VI tuvo que tomar una decisión institucional y familiar sin antecedentes históricos. Primero, fue el caso Nóos, con su hermana, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Y, ahora, son las supuestas irregularidades financieras de don Juan Carlos las que lo han llevado a dar el paso más doloroso: marcar distancia con su padre, después de haberlo alejado de la actividad institucional.
En la tarde del pasado domingo, España vivía un día histórico. Tras ser vinculado con fondos que están siendo investigados por la Justicia, en diferentes medios de comunicación, Felipe VI tomaba una decisión sin precedentes y hacía público un extenso y contundente comunicado con el que, por un lado, dejaba zanjadas las informaciones y, por otro, negaba cualquier relación con los hechos.
El diario británico The Telegraph lo había señalado, tan sólo unas horas antes, como beneficiario de las fundaciones Lucum –sociedad offshore con sede en Panamá vinculada a una presunta donación millonaria de Arabia Saudita al rey Juan Carlos– y Zagatka.
Ante esto, y con la sombra de la duda planeando sobre él, Felipe VI no sólo tomó medidas para proteger la Corona y el futuro de la institución, sino que volvió a demostrar que la ejemplaridad es un firme compromiso, aunque tenga que tocar de lleno a sus personas más queridas, abriendo otra etapa en la que, difícilmente, volveremos a ver una imagen de los dos juntos.
EL REY REIVINDICA LO QUE PROMETIÓ
Felipe VI rompe su vínculo con el rey Juan Carlos I, le retira la asignación económica, renuncia a su herencia que pudiera corresponderle y, también, en nombre de la princesa de Asturias, y (en su comunicado) pone por delante su discurso de proclamación (19 de junio de 2014) actuando con la responsabilidad con la que prometió hacerlo. No sólo eran palabras.
Así y reivindicando la "conducta íntegra, honesta y transparente", como "corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social" el Rey justifica su decisión al señalar que "la Corona debe velar por la dignidad de la Institución, preservar suprestigio (…). Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones".
"Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".
QUIERE QUE SEA CONOCIDO PÚBLICAMENTE
En coherencia con estas palabras, y "con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, Su Majestad el Rey quiere que sea conocido públicamente que Su Majestad el rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a su herencia que personalmente le pudiera corresponder".
Y también a "cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona". Asi mismo, también se informa que "Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey": un sueldo de 194.232 euros anuales.
En el comunicado, y en relación con las noticias aparecidas, el Rey también deja constancia de que "desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario" de la Fundación Zagatka; y que, de ser cierto, renuncia a la misma.
CARTA EN PALACIO
Según la cronología expuesta, el antes y el después vino marcado por la carta que recibió el 5 de marzo de 2019 del despacho británico Kobre&Kim en el que se le informaba de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el rey don Juan Carlos. Felipe VI adoptó, entonces, preventivamente varias decisiones: trasladó una copia de la carta a don Juan Carlos, así como a las autoridades competentes. Y, dos semanas y dos días después (21 de marzo de 2019), comunicó por escrito al despacho de abogados que ni Felipe VI ni la Casa del Rey "tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna" de los presuntos hechos que mencionaba (supuesta designación como heredero), "ni designaría representante legal para iniciar negociación alguna" al respecto con el bufete, el mismo que defiende a Corinna Larsen.
FELIPE VI ANTE NOTARIO
Un mes después, 12 de abril de 2019, también compareció ante notario, para manifestar que "ha dirigido una carta a su padre, el rey don Juan Carlos, a fin de que si fuera cierta su designación o la de la princesa de Asturias como beneficiarios de la citada Fundación Lucum, dejara sin efecto tal designación, manifestando igualmente que "no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad", renunciando a cualquier derecho, expectativa o interés que, aun sin su consentimiento o conocimiento, pudiera corresponderles. Asimismo, y en el mismo acto notarial, también manifestó "no haber tenido conocimiento ni prestado consentimiento a participar, en nombre propio o en representación de terceros, en particular de su hija, en ningún activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada. Y en la hipótesis de que, aun sin su consentimiento ni conocimiento, hubiera sido unilateralmente designado como heredero, legatario o beneficiario también manifestó "no aceptar participación o beneficio alguno" y "renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro".
DON JUAN CARLOS ASEGURA QUE NO INFORMÓ A SU HIJO
En el mismo documento, don Juan Carlos pidió a la Casa del Rey que se haga público que "de las dos Fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a Su Majestad el Rey"; y que "ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-Junco Mans que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones". Javier Sánchez-Junco Mans, fiscal anticorrupción en excedencia y socio director de su propio despacho, se hizo conocido en la década de los 90 cuando encabezó la causa contra Mario Conde en el "caso Banesto", pidiendo para el entonces banquero 49 años de prisión.
Además de informar de la identidad de su letrado, don Juan Carlos también ha señalado "que, tras su abdicación en junio de 2014, el 27 de mayo de 2019 anunció que en junio de ese año ponía fin a toda actividad institucional y oficial, retirándose completamente de la vida pública".
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